Las licitaciones de defensa penal, de acuerdo a la Ley 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública, son procesos públicos para seleccionar a personas jurídicas o naturales que, vía contrato, presten defensa penal a personas imputadas.

Si bien la defensa penal pública se constituye como un sistema mixto de prestación, ambos tipos de profesionales poseen la calidad de defensores penales públicos y les compete cumplir los estándares de defensa establecidos.

En el sistema de licitación se oferta un número de causas que deben ser asumidas en un plazo determinado por el adjudicado. Estas se definen por zonas (proximidad geográfica y cobertura de los juzgados de garantía).

El mecanismo de selección evalúa las competencias técnicas y económicas presentadas por el oferente.

Desde 2006 se introdujo al proceso licitatorio un examen de evaluación técnica cuya aprobación es obligatoria para todos los abogados que deseen ejercer como defensores. La prueba abarca materias de Derecho Penal, Litigación, Derecho Procesal Penal y Garantías Constitucionales, entre otras.

Nuevo modelo

El año 2010 el sistema de licitaciones de defensa penal fue modificado en sus bases con el objetivo de lograr la optimización de la calidad.

Los siguientes cambios fueron definidos tras la realización de diversos estudios: .

• Los procesos de licitaciones de defensa se rigen por Ley de Compras. Es decir, la convocatoria, postulación, evaluación, adjudicación y contratación se realizan a través del portal www.mercadopublico.cl

• Se eleva la ponderación de la evaluación técnica (experiencia, estudios y calificación del examen de evaluación técnica).

• Una vez suscrito el contrato el pago se divide en un monto mensual fijo y uno  monto mensual variable, al que los prestadores postulan conforme a su rendimiento -indicadores de gestión, trabajo administrativo y desempeño de las tareas de defensa-.

El incumplimiento de estos indicadores sin fundamento, dará derecho a la aplicación de multas y/o el término del contrato en su caso.

Toma de decisiones por parte de órganos externos.

Si bien el proceso es llevado a cabo por la Defensoría Penal Pública, las normas y las decisiones sobre el sistema las definen órganos externos a la institución como lo son el Consejo de Licitaciones y el Comité de Adjudicación Regional los que son integrados por representantes del sector público y privado.

Consejo de Licitaciones

Integran el Consejo de Licitaciones el Ministro de Justicia, o en su defecto, el Subsecretario de Justicia, quién lo preside; el Ministro de Hacienda o su representante; el Ministro de Planificación o su representante; un académico con más de cinco años de docencia universitaria en las áreas de Derecho Procesal Penal o Penal, designado por el Consejo de Rectores y un académico con más de cinco años de docencia universitaria en las áreas del Derecho Procesal Penal o Penal, designado por el Colegio de Abogados con mayor número de afiliados del país.

Comités de Adjudicación Regional

Los Comités de Adjudicación Regional son los Comités de especialistas que tiene como objetivo seleccionar a los proponentes a nivel regional y decidir las licitaciones.  Al igual que el Consejo de Licitaciones, estos comités cuentan con una integración mixta, pública y privada. Además integran la realidad regional, con profesionales y representantes que conocen de cerca las particularidades locales de la defensa, e incorporan el componente judicial, mediante un juez con competencia penal elegido por sus pares.