Aranceles // Introducción

La defensa penal pública será gratuita a menos que los usuarios o beneficiarios sí cuenten con recursos económicos para pagarla. En ese caso se podrá cobrar total o parcialmente el servicio.

Para evaluar si se cobra o no por el servicio -y cuánto es el monto-, la institución fija anualmente un monto, o arancel, que establece tramos de copago definidos de acuerdo a los ingresos mensuales del beneficiario, y que permiten ajustar el cobro a la real capacidad de pago de cada persona.

Para definir si un usuario debe o no pagar, la Defensoría solicitará información al usuario, la que será evaluará resguardando plenamente la confidencialidad de ella.

La defensa penal pública será gratuita cuando,

-Se realice una sola audiencia, independiente de cuál sea la forma de término de ésta.

-El imputado no se presente a las audiencias -independiente al número de ellas-.

-El imputado sea menor de edad, es decir, su causa se encuentre dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA).

-Los usuarios le informen a su abogado defensor que se encuentran cesantes, para ello deben dejar constancia y registro de la veracidad de ello.

-El usuario que esté inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH), se encuentre dentro del 80 por ciento de la población más vulnerable.

Procedimientos

Una vez que finalice el servicio de defensa, que puede cubrir desde la primera audiencia hasta que se dicte la sentencia, cada defensor regional definirá de acuerdo a los criterios establecidos, si corresponde o no el pago del servicio, y el monto en caso de que corresponda.

Esta resolución o información formal, será dada a conocer al usuario de manera personal o por carta certificada dirigida al domicilio que haya registrado el usuario.  Si el usuario no fuera encontrado en esa dirección, se procederá a su notificación a través de una publicación en el Diario Oficial.

En caso de que corresponda el cobro y el imputado no quedara conforme con el monto, tiene derecho a presentar un reclamo en cualquier dependencia de la Defensoría Penal Pública.

El usuario debe presentar este reclamo cinco días hábiles después de que sea informado del cobro y debe incluir toda la documentación o información necesaria que acredite o compruebe su situación socio-económica como liquidaciones de sueldo, certificados de remuneraciones, boletas de honorarios y declaraciones de IVA, documentación que acredite cesantía, certificados de alumno regular, certificación de cargas familiares, entre otros documentos.

La Defensoría informará el resultado del reclamo, diez días hábiles después de haberlo recepcionado.

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