Aranceles // Introducción

En general, el servicio de defensa penal que presta la Defensoría Penal Pública es gratuito, aunque excepcionalmente puede cobrarse total o parcialmente a los usuarios que cuenten con recursos económicos para financiarlos privadamente. Para ello, la institución fija un arancel, que establece ocho tramos progresivos de copago, según los ingresos mensuales del beneficiario.

 

Para evaluar la capacidad de pago del usuario se utiliza, como primer criterio, la información contenida en el Registro Social de Hogares (RSH), que es el instrumento establecido y elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social para caracterizar la condición socio-económica de las familias e identificar con mayor precisión a la población más vulnerable.

De modo complementario, también se recurre a información del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en cuanto a la clasificación socio-económica de sus usuarios y del Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto de los tramos de tributación de los contribuyentes.

 

Así, quedan automáticamente excluidas del pago todos aquellos usuarios del servicio de defensa penal pública que se encuentren en el 80 por ciento de la población más vulnerable. Existen, además, otras causales de exclusión para el cobro del arancel: todas las causas de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), todas las causas con salidas básicas, todas las causas terminadas en una sola audiencia, que se trate de una persona condenada a pena privativa de libertad efectiva, de ciudadanos extranjeros que no cuentan con residencia sujeta a contrato, residencia oficial o residencia temporaria, o cuando no exista gestión de defensa por no ser habido el imputado.

 

También se excluyen del cobro del arancel todos aquellos beneficiarios que declaran estar cesantes en la primera entrevista con el abogado defensor, aunque deberá quedar constancia y registro de la veracidad de tal declaración.

 

La información necesaria para efectuar este análisis será requerida por el abogado defensor y registrada en la ficha de primera entrevista con el imputado, debiendo quedar registrada -mediante la firma del usuario- la recepción efectiva de esa información. Si se verifica alguna de las situaciones antes planteadas, la persona queda excluida de cobro.

 

Realizada la revisión de exclusiones, en los casos potencialmente afectos a cobro se determina la capacidad de pago del beneficiario recurriendo a los antecedentes proporcionados por las mencionadas fuentes oficiales de información, lo que permite su adscripción a uno de los ocho tramos de copago del arancel de los servicios de la defensa penal pública. Respetando las señaladas consideraciones, también estarán afectos a pago todos los gastos en que incurra la Defensoría Penal Pública por peritajes e informes efectuados en la respectiva causa.

 

Una vez finalizada la prestación del servicio de defensa pública, el respectivo defensor regional dictará en un plazo de diez días hábiles una resolución administrativa con el monto que el beneficiario debe pagar, la que será notificada  al usuario en la dirección que él haya entregado a su defensor público. En caso de no ser habido el beneficiario en el domicilio informado, la resolución será publicada en el Diario Oficial.

 

Si el imputado no queda conforme con el monto notificado, tiene derecho a reclamar ante el defensor regional, para lo cual cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles desde el momento de la notificación para presentar su requerimiento en cualquier dependencia de la Defensoría Penal Pública. Si el usuario no queda conforme con la resolución de su reclamo, podrá reclamar en última instancia al juez o tribunal que conozca o haya conocido su caso.

 

A los efectos de materializar el pago del valor notificado, el beneficiario deberá concurrir a cualquier oficina recaudadora de la Tesorería General de la República para dar cumplimiento al compromiso contraído. Asimismo, podrá optar a un convenio de pago con ese organismo.

 

Si el beneficiario no efectúa el pago, la Tesorería General de la República procederá a la cobranza judicial o administrativa, con sus respectivos reajustes e intereses.

 

Importante: El beneficiario nunca deberá pagar directamente al defensor penal público que llevó el caso.

 

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