La Defensoría Penal Pública asegura que toda persona que sea imputada de la comisión de un hecho ilícito tenga la debida asistencia jurídica en cautela de sus derechos. Esta prestación de defensa también considera con especial atención el trabajo con imputados pertenecientes a grupos vulnerables que, en materia internacional tienen derechos específicos, como es el caso de las personas indígenas.

Esta defensa penal comienza en el año 2003 con una oficina de atención para imputados mapuche en Temuco extendiéndose en los últimos años para dar cobertura a imputados de cualquier pueblo originario a nivel nacional, como aymaras y rapa-nui, entre otros.

A su vez, la prestación de esta defensa penal integra los tratados internacionales en las causas que representa, entre ellos los derechos consagrados en los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena Nacional y las Reglas de Brasilia.

Este programa está a cargo de profesionales especialmente capacitados, entre los que destaca la presencia de facilitadores interculturales, pertenecientes a pueblos originarios.