El Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones (DECR), tiene como función el estudio, diseño y ejecución de los programas de fiscalización y evaluación permanente respecto de las personas naturales y jurídicas que presenten servicios de defensa penal y las mediciones sobre la calidad de la atención, utilizando para esto, todos los mecanismos de monitoreo establecidos por la Ley para asegurar un servicio óptimo, entre los que se cuentan las reclamaciones de defensa, los informes semestrales y final, las inspecciones y las auditorías externas.
El cumplimiento de esta función de evaluación y control se encuentra directamente ligado al resguardo de los estándares de defensa penal pública, que son definidos como la norma que impone al defensor penal público parámetros destinados a proporcionar a los beneficiarios del servicio una defensa penal de calidad real y efectiva, ya que a partir de los objetivos de dichos estándares y sus metas asociadas se evalúa el desempeño de los defensores, de acuerdo a los mecanismos antes expuestos.
Para la correcta y oportuna ejecución de sus funciones, el DECR realizó una planificación estratégica en la que se definieron la visión, misión, y objetivos estratégicos, la que fue aprobada en su oportunidad por el Defensor Nacional y que se presentan a continuación:
La visión del DECR es “ser una unidad técnicamente validada por la institución y otros organismos del sector Justicia, como un actor protagónico en la generación, implementación y evaluación de la política de calidad de la Defensa”.
Por su parte, la misión del DECR es “apoyar a los equipos directivos, nacional y regionales, en la gestión de la calidad del servicio de Defensa, evaluando el cumplimiento de los estándares vigentes, perfeccionando los mecanismos de control establecidos por la ley y estableciendo acciones correctivas en la prestación del servicio”.

Para el cumplimiento de las actividades priorizadas de acuerdo a la planificación estratégica, el DECR dividió la gestión en tres áreas de trabajo: la de Inspecciones, la de Evaluación de la Defensa y la de Gestión.
Área de inspecciones, encargada de ejecutar los programas fiscalización del desempeño de los defensores penales públicos, ya sean institucionales, licitados o de convenio, a través de la Unidad de Inspecciones, la que está constituida por tres Inspectorías Zonales (Norte, Centro y Sur) con un total de 15 abogados inspectores, las que parceladamente cubren todo el territorio nacional.
Área de evaluación de defensa, se diseñan, coordinan e implementan los otros mecanismos de control y evaluación del servicio, (auditorías externas, gestión de reclamaciones e informes) los que junto al juicio de experto sobre la evaluación de desempeño que realizan los inspectores, constituyen los insumos con los que se efectúa la evaluación global de calidad del servicio que se presentan en talleres de trabajo a todas la Defensorías Regionales, para que éstas propongan un Plan de Mejoramiento de la Calidad de la Defensa anual que compromete el abordaje de las área débiles detectadas y expuesta en el Taller Regional.
Área de gestión de la evaluación, se considera el procesamiento de la información levantada por cada uno de los mecanismos de medición, su seguimiento, la determinación de metas e indicadores que comprometen el desempeño del Departamento y los compromisos institucionales, asociados al área.
De este modo, las tres áreas dependen directamente de la jefatura del DECR, considerando encargados sólo en las Inspectorías Zonales, ya que tanto el área de Evaluación como la de Gestión, mantienen flujos internos de información que se nutren interactivamente, contando a su vez con interacción directa desde y hacia la jefatura departamental.
El Departamento está a cargo de la abogada de la Universidad de Concepción, Marcela Werlinger Mena, quien asumió en octubre de este año.
Anteriormente -desde el año 2004-, se había desempeñado como Inspectora, en la Inspectoría Zonal Centro de la Defensoría Nacional, previo a ello trabajó desde el año 2002 como profesional del Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones de la Defensoría Nacional.
La abogada ejerció desde el año 1998 como Jefa de Consultorio en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío. El año 2000 formó parte del primer grupo de defensores penales públicos del país en integrarse al Programa de Defensoría Penal Pública en la Región de La Araucanía, que fue piloto en la implementación de la Reforma Procesal Penal, desempeñándose como Defensora Local Jefe en Villarrica.
Forma parte del Departamento de Evaluación y Control las abogadas Alejandra Rubio y Patricia Sánchez Palma; el sociólogo Ricardo Fuentealba; el contador auditor Alexis Pardo; el administrador público Raúl Rojas, y el ingeniero comercial Patricio Sanzana.
DPP - Av. Bernardo O'Higgins 1449 Pisos 5 y 8, Santiago - Cód. Postal: 8340518 - Fono: +562 24396800 - Fax: +562 24396890
Desarrollo: Cybercenter