Defensa de personas extranjeras y migrantes

Defensa de personas extranjeras y migrantes

Defensa de personas extranjeras y migrantes

La Defensoría Penal Pública le otorga prioridad a la defensa de extranjeros, en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Chile en materia de derechos humanos. En términos generales, esto implica, por una parte, que cada Estado debe tener presente que los migrantes indocumentados o en situación irregular han sido identificados como un grupo en situación de vulnerabilidad, “debido, entre otras cosas, a que no viven en sus Estados de origen y a las dificultades que afrontan a causa de diferencias de idioma, costumbres y culturas, así como las dificultades económicas y sociales y los obstáculos para regresar a sus Estados de origen a que deben hacer frente…” (Naciones Unidas, Asamblea General, resolución sobre “Protección de los migrantes” A/54/166 de 24 de febrero de 2000).

Por esta condición es, precisamente, que los migrantes se encuentran más expuestos a violaciones potenciales o reales de sus derechos y a diferencias en el acceso a los recursos públicos del Estado. Por otro lado, esto significa que “los Estados, por lo tanto, no pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en perjuicio de los migrantes” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva 18/03, párrafo 119).

A su vez, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos esto quiere decir que el Estado se encuentra no sólo obligado a remover desigualdades jurídicas que existan en el trato con los extranjeros, sino también las desigualdades estructurales o de facto. Dicho de otra manera, la obligación del Estado frente a los migrantes no se satisface con el mero respeto que implica no incurrir en conductas discriminatorias, sino que debe garantizarles el pleno acceso en igualdad de condiciones con los nacionales, de todos los derechos.

Sea que para esto último deba dictar normas legales o desarrollar nuevas prácticas, jurisprudencia o procedimientos en todos los niveles (Medina Cecilia. 1996. “El derecho internacional de los derechos humanos”, en Sistema jurídico y derechos humanos: el derecho nacional y las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos. Medina, Cecilia y Mera, Jorge, editores. Cuadernos de Análisis Jurídico de la Universidad Diego Portales. 1996; p. 43).

Lo anterior no significa que los extranjeros no puedan estar sometidos al ordenamiento jurídico interno del Estado donde residen, ni que no puedan adoptarse medidas en su contra, sino que al hacerlo los Estados deben respetar sus derechos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona, sin discriminación alguna.

Como manifestación de la preocupación por el respeto y vigencia efectiva de los derechos de los extranjeros en el proceso penal, la Defensoría ha puesto especial énfasis en la preparación de los defensores públicos para defender penalmente a los imputados extranjeros. Con este fin, se realizan capacitaciones a abogados y asistentes sociales sobre la Ley de Extranjería y sus efectos en materia penal, así como clínicas de discusión de casos.

Asimismo, se pone a disposición de los defensores insumos que les permitan interpretar y utilizar adecuadamente las normas que favorecen a los extranjeros, como minutas o informes de jurisprudencia. También, y con el objeto de que estas garantías se respeten por los demás actores del sistema, desde 2012 funciona una mesa de coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, las policías y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Mediante esta instancia se ha logrado instalar anuncios en diferentes idiomas sobre los derechos de los detenidos en los centros policiales de detención, así como mantener una red de información de detenidos extranjeros.

La Defensoría también ha buscado, mediante la coordinación académica e institucional, el desarrollo de la defensa de los derechos de los extranjeros ante la justicia penal.

Conoce los derechos del imputado extranjero aquí. 

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