La comunidad estuvo representada por su longko, Domingo Gineo; su werkén, Francisco Painevilo; por el machi Fidel Tranamil y por ambas mujeres, más sus hijos y otros parientes. Por el INDH asistió el abogado Luis Torres, mientras que por la DPM concurrieron su jefa, la abogada María del Rosario Salamanca, y el defensor público Jaime López.

El objetivo del encuentro fue revisar detalles previos a la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, diligencia que se cumplió posteriormente.

El escrito fue interpuesto a favor de S.Ll.P., de 13 años; J.Ll.P., de 9 años, y A.Q.P., de dos años y seis meses, además de otros niños, niñas y adolescentes de la misma comunidad, situada en el sector de Rofue, en Padre Las Casas.

Los niños individualizados son hijos de Guillermina Painevilo y hermanos menores de Jessica Guzman Painevilo, a quienes se busca proteger junto al resto de los niños niñas y adolescentes de la comunidad, en cuanto hecho como los ocurridos los afectan a todos por igual.

DETENCIÓN ILEGAL
En un control de detención efectuado el pasado 11 de enero, el Tribunal de Garantía de Temuco declaró ilegal la detención de Guillermina y Jessica, ocurrida el día anterior, cuando efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron a su propiedad y las detuvieron mientras ambas intentaban averiguar el motivo de la presencia policial en su terreno.

En esa ocasión, la defensa pública de ambas fue asumida por la jefa de la Defensoría Penal Mapuche, María del Rosario Salamanca, y por la jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional, Sandra Haro,  quienes lograron exhibir un video que dio cuenta de la detención y el maltrato de Carabineros hacia ambas comuneras.

En su fallo, el juez de Garantía, Federico Gutiérrez Salazar, ordenó oficiar a la Novena Zona Policial de Carabineros -a cargo del general Iván Bezmalinovic-, con el objetivo de que la autoridad policial dispusiera “la observancia de los procedimientos y en general la concordancia de los mismos al Código Procesal Penal, al Código Penal y a la Constitución Política del Estado, toda vez que de lo observado fluye que se vulneraron garantías mínimas establecidas por nuestro legislador a favor de los ciudadanos”.

De allí que –dada nuestra función- daremos una mirada preocupada principalmente de las labores desplegadas en materia de seguridad pública.

En primera instancia, quiero señalar que toda iniciativa que genere oportunidades de educación, conectividad, esparcimiento y trabajo siempre será muy significativa y contributiva para la sociedad en su conjunto, y esto cobra una especial relevancia en materia de seguridad pública, pues son estas acciones las que contribuyen decididamente a la disminución de la actividad delictual.

La comisión de delitos contra la propiedad y las personas tiene mucho que ver con las carencias económicas que pueda tener un individuo. Por tanto, un buen empleo o una buena formación educacional, que le permitan optar a un buen trabajo remunerado, puede suplir el interés de los sujetos para obtener ciertas cosas por un vía ilegítima.

En temas educacionales se han logrado concretar importantes avances que van en favor de la formación de nuestros jóvenes, como es la instalación de una sede universitaria en Coyhaique -que permitirá entregar educación de bachillerato-, la instalación del liceo de excelencia Altos del Mackay en Coyhaique o la aprobación de la Beca Patagonia, con más de 485 beneficiarios/as-

Por último, una noticia que es necesario visualizar desde ahora y en perspectiva para lo que será el Coyhaique de 10 ó 12 años más, relativa al logro del 100 por ciento de cobertura en educación pre-escolar, que brindará beneficios a escolares desde muy temprana edad, permitiéndoles tener acceso a un sistema de educación primario de calidad, con la incorporación de una alimentación sana, razonable, duradera y permanente.

Hitos que, sin lugar a dudas, nos ayudan en un largo plazo a orientar el destino  de nuestros niños y adolescentes, alejándolos del camino de la delincuencia por uno de mayor movilidad social.

En conectividad, resaltar la cobertura total en telefonía celular o acceso a internet en la región. Logro que de alguna forma contribuye a la comunicación entre los ciudadanos y los servicios, incorporando estas localidades a la socialización de la cultura y la información.

Un ejemplo claro de este gran aporte lo constituyen las solicitudes policiales, pues ahora cualquier persona que se encuentre en una zona alejada de la región puede solicitar apoyo a Carabineros con una sola llamada, dejando atrás aquellos años en que los nudos ciegos de territorios, permitieron la ocultación de delitos debido a la incapacidad de la gente de poder recurrir a los cuarteles policiales en caso de una situación grave de afectación de las personas y a la propiedad.

Referente a otro de los compromisos adoptados en el Plan Aysén -y que va en directa relación con los objetivos que busca nuestra institución-, resalto la importante inversión realizada por el Gobierno Regional en las comunas, proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Especialmente, destaco el aporte del 2 por ciento de cultura y deporte, que han permitido ejecutar obras que, entre otros beneficios, entregan esparcimiento a toda la comunidad y en algunos aspectos también han favorecido personal y directamente a personas privadas de libertad.

Sin ir más lejos, gracias a un convenio entre el Consejo de la Cultura, la Defensoría Regional y Gendarmería se realizaron durante 2011 dos talleres, uno de teatro ejecutado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Coyhaique, y el otro de guitarra, orientado a adolescentes del Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coyhaique.

Haciendo eco de la frase “ninguna sociedad en ninguna parte del mundo erradica la existencia del fenómeno delictual, puesto que el delito es consustancial al hombre”,  ésta debiera darnos luces de que sí es posible -mediante la toma de ciertas decisiones- poder disminuirlo.

Nosotros siempre hemos invocado que las políticas sociales deben estar orientadas a la prevención, de modo tal que el sujeto no se vea envuelto en un escenario de comisión del delito.  ¿Cómo?, se preguntarán ustedes…

Con educación, espacios de esparcimiento, con un trabajo acorde a sus necesidades y lugares de recreación que no lo hagan refugiarse en el alcohol ni en la necesidad de robar para satisfacer necesidades básicas.

Y… para aquellos que lamentablemente han cometido delitos, se requieren potentes programas de rehabilitación y reinserción, tanto respecto de jóvenes como de adultos, que ataquen aquellos aspectos deficitarios que los llevan a cometer delitos.

La auditoría externa es una de las modalidades para el control de la calidad del servicio y del desempeño de los defensores penales públicos. Establecida en la Ley N° 19.718, tiene por objeto controlar la calidad de la atención prestada y la observancia de los estándares de defensa penal pública.

Así, hoy -viernes 3 de febrero- se da inicio al proceso de licitación pública para la contratación de la empresa que ejecutará el primero de estos contratos, denominado “Auditoría externa sobre la calidad de la atención prestada por la Defensoría Penal Pública año 2012” y por un monto de 150 millones de pesos.

En esta ocasión, la Defensoría externalizará la medición de la calidad de la atención prestada en la sala de audiencias de los tribunales, en los centros de detención y de cumplimiento penitenciario, en las oficinas de atención de público y en los reclamos por prestación de defensa, abordando el nivel de calidad del servicio de defensa penal pública que ofrece la institución mediante la evaluación de nivel de la satisfacción de sus usuarios.

La licitación para la contratación de esta auditoría externa tendrá su reunión informativa a las 15:30 horas del próximo jueves 9 de febrero, en el auditorio de la Defensoría Nacional, ubicado en Alameda 1449, Torre 1, Edificio Santiago Downtown, piso 8°, oficina 801, Santiago.

Las dos auditorías externas restantes efectuarán la convocatoria a participar en sus respectivas  licitaciones públicas durante febrero de este año. La primera auditoría se enfocará en los contratos de defensa externalizados y en la verificación en terreno del cumplimiento de los proyectos de defensa postulados por los distintos prestadores externos, para lo cual cuenta con un monto disponible de 41 millones de pesos.

La segunda se centrará en la evaluación del desempeño de los prestadores institucionales y externalizados en relación con los estándares de defensa vigentes, con un monto disponible de 180 millones de pesos.

Actividad	Fecha
Publicación del llamado	Viernes 3 de febrero de 2012
Reunión informativa	Jueves 9 de febrero de 2012, 15:30 hrs
Inicio de consultas	Lunes 6 de febrero de 2012
Final de consultas	Martes 14 de febrero de 2012, 15:30 hrs
Publicación de respuestas y aclaraciones	Martes 21 de febrero 2012, 19 hrs
Cierre recepción ofertas	Lunes 5 de marzo de 2012, 15:30 hrs
Acto de apertura técnico económica	Lunes 5 de marzo de 2012, 15:31 hrs
Fecha estimada de adjudicación	Miércoles 4 de abril de 2012
Fecha estimada suscripción del contrato	Viernes 4 de mayo de 2012

Tras la apelación verbal presentada el mismo día martes por la fiscalía y por la abogada querellante, la respectiva audiencia se efectuó en la mañana de ayer y después de un debate arduo, pero ostensiblemente más breve por orden del tribunal, los magistrados resolvieron por dos votos contra uno dejar sin efecto la decisión de la jueza de garantía y por lo tanto mantuvieron la prisión preventiva que afecta a la imputada.

Los votos contrarios al fallo previo fueron de los ministros Juan Manuel Muñoz (presidente) y Adelita Ravanal, mientras que el voto a favor de confirmarlo fue de la magistrada Jéssica González.

Los antecedentes

Luego de que completara más de dos meses en prisión preventiva, la defensa pública de Inés Fuentes solicitó por segunda vez la revocación de esa medida cautelar. El pasado martes, la defensora licitada Jacqueline Stubing expuso ante el 13° Juzgado de Garantía un nuevo antecedente: el peritaje tanatológico del doctor Luis Ravanal, que desvirtúa técnicamente el informe emitido previamente por el Servicio Médico Legal (SML).

Según el experto, todos los indicios -entre ellos la trayectoria y profundidad de los cortes sufridos en las piernas por la víctima- y hasta el sentido común indican que la muerte de Lizana se produjo en el marco en el marco de una riña, durante la cual su mujer se defendió con un cuchillo que tomó de la cocina para responder a las agresiones de la víctima.

Ravanal agregó que es de común conocimiento que si se desea matar a alguien con un arma cortante hay que atacar zonas como el tórax, el abdomen o el cuello. Al contrario, agregó, la gente sabe que cortes en las piernas –como ocurrió en este caso- no deberían provocar la muerte.

Con este antecedente, más el hecho de que la imputada no sabe leer ni escribir, la abogada Stubing explicó que resulta absurdo pensar que pueda tener conocimientos acabados de anatomía como para haber infringido intencionadamente una herida mortal, con lo cual la defensora refutó la tesis de la fiscalía, según la cual Inés Fuentes actuó con dolo de matar.

Sin dolo por omisión

En la segunda parte de su alegato, Jacqueline Stubing refutó la tesis de dolo por omisión de la fiscalía, ya que varios integrantes de la familia dueña de la propiedad donde la pareja arrendaba una mediagua están dispuestos a declarar que apenas la víctima salió caminando de su casa herido en las piernas y cayó inconsciente, su mujer salió tras él desesperada y pidió a los vecinos que llamaran a una ambulancia.

Stubing agregó que esas personas están dispuestas a confirmar que eran frecuentes las escenas de violencia a lo menos verbal de parte de Luis Fernando Lizana cada vez que llegaba ebrio a su hogar.

De hecho, aclaró que si bien la imputada nunca hizo una denuncia formal de estas agresiones -hecho subrayado reiteradamente por la fiscalía-, eso responde que los dos niños de 3 y 5 años que integraban el grupo familiar eran hijos de él, y ella no quería separarse de los menores, pues la reconocen como su madre. No obstante, la defensora confirmó que sí existe una denuncia de maltrato en contra del padre, aunque por agresiones a su hijo mayor.

Finalmente, la profesional exhibió un informe presentencial favorable para la imputada, algo “poco habitual” -subrayó-, ya que normalmente esos documentos emitidos por Gendarmería son negativos.

Sustitución de cautelar

En su alegato, la Fiscalía insistió en que Inés Fuentes apuñaló a su pareja en las piernas mientras éste estaba en el suelo y que después no le prestó asistencia. A este respecto, Jacqueline Stubing representó al tribunal que el Ministerio Público no ha realizado ninguna de las diligencias solicitadas por la defensa, entre ellas interrogar a los numerosos testigos que viven en la casa contigua a la del sitio del suceso, quienes son favorables a la imputada.

Con todos estos antecedentes, la jueza Valeria Vega resolvió revocar la prisión preventiva, especialmente porque resulta poco plausible que exista un dolo de matar ejecutando cortes en las piernas de una persona, según explicó.

Tras la apelación de la Fiscalía y de la abogada querellante -quien representa a un hijo del occiso- y del fallo contrario de la Corte de Apelaciones, la abogada Stubing explicó que intentará obtener pronto el resultado de las pericias que ha solicitado al Ministerio Público, y que espera volver a pedir la revocación de la prisión preventiva dentro de un par de semanas.

Con estas palabras, el Defensor Regional de Tarapacá, Arturo Zegarra,  destacó los alcances que tendrá un convenio firmado con el Registro Civil para conseguir documentos gratuitos directamente desde el portal de esa institución en internet.

“Acá la idea es que el usuario tenga una respuesta inmediata y a eso nos estamos comprometiendo todos los servicios que estamos en esta coordinación”, agregó Zegarra, quien junto a los representantes regionales de otras cinco reparticiones públicas suscribió el convenio -de tres páginas-, en que se establece que tales entidades facilitarán a los usuarios el material y equipos necesarios para obtener certificados gratuitos que emite el Registro Civil a través de su plataforma web.

Con estos compromisos se podrán solucionar rápidamente los requerimientos de certificación oficial propios de varias gestiones en los servicios del sector justicia. Así lo remarcó el Seremi de esa cartera en Tarapacá, Renzo Trisotti, quien también participó en la oficialización del mencionado convenio.

Los servicios públicos que suscribieron el acuerdo son el Registro Civil, la Defensoría Regional de Tarapacá, la Corporación de Asistencia Judicial, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal y la oficina regional del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Dicho concepto ha sido reflotado una vez más en las últimas semanas, como parte de la cobertura en los medios de prensa nacional, desde el llamado “Caso La Polar” hasta el triple homicidio de Curacaví, pasando por otros casos que involucran a personajes públicos, políticos o figuras de la televisión.

Se debe recordar que el Código Procesal Penal establece en su artículo 4, con toda claridad, lo siguiente: “…Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme…”. En consecuencia, la calidad de inocente de una persona no se pierde ante la detención por la policía, ni por la formalización de la investigación efectuada por los fiscales del Ministerio Público.

La vulneración, olvido o desconocimiento -voluntario o no- de este principio atenta contra la dignidad de las personas que enfrentan una imputación penal. Esto se materializa con daños irreparables cuando las personas imputadas y finalmente absueltas, quedan etiquetados como “el abusador de” o “el asesino de…”, ya que así han sido denominados durante el tiempo que dura el proceso y son indicados como tales por la comunidad.

Si el caso es de connotación pública, el daño se multiplica. Esta situación se agrava al constatar que la mayor parte de las personas imputadas por el sistema de persecución penal son de extracción humilde, de sectores populares, quienes carecen de una tribuna que les permita ser escuchados y exigir el respeto de sus derechos.

La Defensoría Penal Pública tiene asignada como tarea, dentro de su vocación institucional, exigir el respeto por las garantías y derechos de todas las personas, dentro de los cuales la presunción de inocencia ocupa un lugar de preferencia, ya sea que deba aplicarse a la persona más humilde del país o a importantes figuras de la política o de los negocios.

Esperamos que en este año 2012 podamos progresar en el respeto de la presunción de inocencia, principio de la máxima relevancia para la construcción de una sociedad más justa.

Por Claudio Pavlic,
Defensor Regional Metropolitano Sur.

Con estas palabras, el Defensor Regional (S) de Atacama, Raúl Palma Olivares, explicó el vínculo que debe existir entre la institución y sus usuarios, durante un diálogo participativo con jóvenes internos del Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de la comuna de Paipote, recinto que reúne casi a la totalidad de los adolescentes privados de libertad en la Región de Atacama.
Junto con el defensor penal juvenil de Copiapó, Luis Gonzalez Ortiz, Palma buscó establecer una comunicación directa con este grupo de menores internos, razón por la cual atendieron en grupos segregados según sexo y condición penal a todos los jóvenes recluidos en el centro, detectando inquietudes y reclamos que servirán para mejorar el desempeño de las funciones de la Defensoría Regional.

“En la región se cuenta con la presencia de un defensor penal juvenil especializado, que atiende todas las causas de Copiapó, aunque hay que recalcar que todos nuestros defensores que atienden sus causas están capacitados para atenderlos de manera profesional”, recalcó Palma Olivares.

En este contexto, cabe destacar que todos los intervinientes en los procesos penales que involucran a adolescentes -jueces de garantía, de juicio oral en lo penal, fiscales y defensores- deben estar capacitados y conocer los estudios vinculados a la ocurrencia de estas infracciones, la Convención de los Derechos del Niño, las características y especificidades de la etapa adolescente y el sistema de ejecución de sanciones establecido por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA).

Los jóvenes rápidamente entraron en confianza y dieron a conocer sus dudas, inquietudes y reclamos, no sólo sobre sus respectivas causas, sino también sobre los planes de intervención y el funcionamiento del sistema, dando también las gracias por la muestra de preocupación que la actividad significó para ellos.

Los defensores comentaron también la misión institucional -en especial con usuarios prioritarios como son los adolescentes privados de libertad-, los derechos de los jóvenes infractores, las etapas del proceso penal, el procedimiento para efectuar reclamos o solicitudes de cambio de defensores y las obligaciones que tienen los abogados de la DPP.

Palma y González tomaron nota de cada comentario y pregunta realizada durante la jornada, las que serán analizadas y procesadas para luego ser respondidas directamente a los adolescentes o bien derivadas a las autoridades regionales pertinentes, cuando tengan que ver con el sistema que los acoge.

Ley penal juvenil

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) se puso en marcha en junio de 2007, pensada como un sistema penal especial para los adolescentes y aplicado a todas las personas mayores de 14 y menores de 18 años de edad.

Se basa en el principio de responsabilidad, según el cual el adolescente es un sujeto al que se le puede exigir una responsabilidad especial, adecuada a su carácter de sujeto en desarrollo. Aparte de responsabilizarlos penalmente por los delitos que cometan, el fin de las sanciones que se les apliquen será su rehabilitación y reinserción social.

Esto ultimo se logra a través de programas especiales, para lo cual se cuenta con al menos un centro de reclusión juvenil por región, para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad. Estos recintos, que poseen  régimen cerrado y/o semi cerrado, son administrados por el Servicio Nacional de Menores (Sename), mientras que la custodia y vigilancia perimetral está a cargo de Gendarmería de Chile.

En estos recintos los adolescentes tienen acceso a programas de reinserción como talleres, educación y deporte, entre otros. Se posibilita también la sustitución de la internación, cuando ésta resulte más favorable para la integración social del infractor.

Pero esta vez “La Quenita” está transformada. Luce un vestido de velos multicolores y un hermoso y suave maquillaje destaca sus rasgos, mientras pestañas postizas regalan intensidad a su mirada. “Es que hoy me siento mina”, dice, mientras ríe coqueta junto a las compañeras con las que prepara la presentación de cierre del taller de danza en el que participó.

Ese es, precisamente, el sentido del proyecto “Mujeres danzan por la reinserción”. No se trata sólo de una iniciativa de recreación o acondicionamiento físico, pues el objetivo más importante es que las internas del los centros de reclusión de Santa Cruz y de Rancagua se reencuentren con su femineidad y contribuyan a su autoestima.

“Es que cuando una está aquí, sola, ni se arregla. Con suerte cuando vienen a visitarla”, explica otra de las mujeres del CPF de Rancagua, quien disfrutó los cinco meses que duró el taller de danza, incluidos los atuendos e implementos que les otorgó el proyecto a ella y sus compañeras.

“Mi marido es el más feliz. Ahora, para cuando nos toque venusterio (encuentro íntimo con su pareja en la cárcel) le voy a hacer la media performance”, terminó confesando la misma mujer, riendo a carcajadas.

Danza árabe

Para Dianne Aranda, una de las bailarinas monitoras de la iniciativa, “la danza árabe era la disciplina ideal para atender a este grupo de novatas bailarinas, pues sus movimientos suaves permitían que todas pudieran practicarla, sin importar su edad o condición física. Además, es un baile que les enseña a aceptar su cuerpo, mostrarlo y sentirse coquetas y bellas nuevamente”.

Dianne agrega que en un comienzo todas las internas partieron muy tímidas, pero conforme fue pasando el tiempo, confeccionaron su propio vestuario, se maquillaron paa quedar cada vez más lindas e incluso le pedían discos con música árabe grabada para bailar durante los días en que no había taller.

Presentaciones

Esta semana fueron las presentaciones de término del taller, que fue financiado gracias al dos por ciento de cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Cada una de las participantes pasó por el escenario luciendo hermosa, reencantándose con su cuerpo y demostrando una técnica ganada con meses de clases y prácticas.

En la ceremonia de cierre, el Defensor Regional, Alberto Ortega Jirón, explicó que “se trata de un proyecto de aquellos que denominamos ‘ancla’. Esto es, iniciativas que pretenden mejorar la auto percepción y la salud sicológica de los internos e internas, preparándolos para otras tareas más complejas como son la educativa y la preparación para el trabajo”.

Según Ortega, las internas miran este proyecto como un regalo que les entretiene y les ayuda a sentirse personas nuevamente. “Nosotros lo vemos como un paso más en la intrincada ruta de la rehabilitación. Tampoco podemos soslayar que somos portadores  de los profundos agradecimientos de las instituciones involucradas y de las personas condenadas por estos proyectos respaldados por el intendente regional y por el CORE, como una estrategia de oportunidades con miras a desafiar y combatir el fenómeno de la delincuencia en nuestra región”.

A este respecto hay que considerar la diferencia que existe entre desempeñarse en estado de ebriedad, a diferencia de lo que constituye que a propósito de dicho manejo se cause daños, lesiones o incluso la muerte, porque en los casos en que efectivamente se produce un daño concreto, las penas actuales parecen muy benévolas para dichos conductores.

Sin embargo, para el denominado manejo en estado de ebriedad y/o bajo la influencia del alcohol siempre hay que considerar que la simple condena en cárcel no va a reducir necesariamente dichos altos índices que se registran en nuestro país.

Por ello, es importante también trabajar con el concepto de penas alternativas, pero eficaces, destinadas por ejemplo a seguir un tratamiento contra el alcoholismo o a efectuar trabajo comunitario. Todas aquellas sanciones destinadas a responsabilizar al conductor que tomó su auto y manejó aunque había consumido alcohol, a pesar de que no se sentía en estado de ebriedad.

La idea es crear un hábito que se cumpla. Esto es, si bebe no maneje. Para ello, además, es importante, tal como se ha desarrollado, generar políticas preventivas, pues a diferencia de lo que se puede pensar, el mero aumento de sanciones no tiene una relación directa en la disminución de dichas conductas.

Por ello, un buen punto de partida es trabajar en aquellos casos donde no se producen daños ni lesiones y evidenciar que muchas veces detrás de un simple manejo bajo los efectos del alcohol se esconde un problema de dependencia no necesariamente reconocido.  

Por Loreto Flores Tapia,
jefa de Estudios Defensoría Regional de Antofagasta.

El documento refleja también una fuerte alza de 15,1 por ciento en el número de causas atendidas, tras una pequeña baja en las cifras del año pasado. Así, la institución atendió 369 mil 950 causas de imputados, lo que implica un aumento de 48 mil 616 causas más que en 2010.

Los mayores saltos, en todo caso, ocurren en los delitos de lesiones, faltas y cuasidelitos (que reflejan imputaciones por delitos menores), mientras que en varios de los delitos de mayor connotación social se aprecian bajas constantes desde 2007, de modo que los robos disminuyen 3,3 por ciento y los robos no violentos caen 1,8 por ciento respecto del año anterior.

Violencia intrafamiliar

Otro antecedente preocupante se relaciona con el sostenido crecimiento que muestran las cifras de delitos relacionados con Violencia Intrafamiliar (VIF) desde 2006 a la fecha, pasando de 6,2 por ciento el primer año a 35 por ciento el año pasado. En detalle, las mujeres imputadas por esta causa pasaron de 3 mil 878 ingresos en 2010 a 4 mil 537 en 2011, mientras que los hombres bajaron de 32 mil 950 a 32 mil 340.

Otro dato relevante, probablemente relacionado con la gran cantidad de movilizaciones sociales ocurridas el año pasado, indica que las imputaciones por el delito de desórdenes públicos aumentaron 62,6 por ciento en el período.

Consultado sobre estos resultados, el Defensor Nacional, Georgy Schubert, se mostró especialmente preocupado por el sostenido aumento en el encarcelamiento de personas inocentes, lo cual demuestra -dijo- “una fuerte presión social sobre el sistema de justicia penal para que todo se resuelva con más cárcel, y también la falta de una respuesta del propio sistema respecto de cómo reparar o indemnizar a estas personas injustamente criminalizadas”.

La causa fue vista el pasado viernes 27 en el tribunal de alzada, luego de la apelación verbal interpuesta por el fiscal del órgano persecutor, solicitando nuevamente la prisión preventiva para la imputada.

En su alegato ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, el defensor penal público Crhistian Basualto (foto) expuso que “los hechos corresponden a una dinámica de agresiones permanentes en el tiempo y relacionadas con violencia de género”.

En su alegato ante los ministros, el abogado insistió en la inconsistencia del informe de constatación de lesiones emitido por el Servicio de Salud, “toda vez que el tribunal de garantía y los intervinientes presentes en la audiencia pudieron percatarse de la existencia de hematomas en distintos puntos del cuerpo de la imputada”.

Durante la audiencia de formalización -realizada el pasado miércoles 25 de enero en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago-, el defensor penal público explicó que la acción de Daniela Fernández se produjo en el marco de una discusión con su pareja, Miguel Meléndez Báez, en la que ella estaba siendo atacada. En vista de la superioridad del hombre, la mujer no tuvo otra opción que defenderse, usando para ello un cuchillo que se encontraba en la cocina.

El argumento fue acogido por la jueza del 14° Juzgado de Garantía, Soledad Orellana, quien resolvió rechazar la medida de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y acoger la de arresto domiciliario total. El período de investigación quedó fijado en 90 días.

Con estas palabras graficó Claudio Gálvez Giordano, el Defensor Regional de Arica y Parinacota, lo medular del pronunciamiento del máximo tribunal del país respecto del recurso de protección que los defensores penales públicos habían presentado a favor de L.A.P.A., quien había sido sacado del hospital para ser enviado a cumplir prisión preventiva por el juez de garantía Mauricio Pontino.

Gálvez realizó estas precisiones durante una extensa entrevista concedida a Radio Cappíssima de Arica -en el 104.9 del dial de frecuencia modulada-, en cuyos estudios fue entrevistado por el periodista Toribio Vergara en el espacio “Ojo de Aguila, que se transmite al mediodía.

El profesional de la prensa lo interrogó largamente respecto de la naturaleza de este caso, llevado primero en el tribunal de garantía, luego en la Corte de Apelaciones y finalmente en la Corte Suprema, donde se acogió por primera y definitiva vez la postura de los defensores públicos.

El joven -de 19 años- cumplía un régimen semicerrado en el centro Arica del Sename, entidad que pidió su internación en Siquiatría del Hospital Juan Noé, desde donde fue sacado por orden del Tribunal de Garantía para llevarlo a la cárcel, luego de que se le revocara el beneficio de firma mensual en una imputación por amenazas.

Claudio Gálvez explicó que tras el dictamen de la Corte Suprema, L.A.P.A fue retornado al recinto del Sename, atendiéndose a la prioridad que tienen las medidas de reinserción que contempla la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) y que el joven cumplía. Se espera que allí se le diagnostique su actual situación de salud para reiniciar los tratamientos interrumpidos.

Este insólito y preocupante caso quedó al descubierto en una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, luego de que el imputado, identificado como Javier Calabacero Páez (30), fuera trasladado desde Antofagasta hasta la capital de la Región de Los Lagos. 

Según la denuncia, en diciembre de 2011 Javier Calabacero fue detenido y formalizado, quedando en libertad mientras se llevaba a cabo la investigación del robo. Como no habría asistido a las audiencias a las que fue citado, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt despachó una orden de detención en su contra. La aprehensión fue llevada a cabo en enero de este año por la policía, la cual lo ubicó en Antofagasta, donde registraba domicilio.

El 15 de enero pasado, se ordenó en esa ciudad su prisión preventiva y se dispuso su traslado hasta Puerto Montt para ser reformalizado en la causa por la que era investigado.

Nunca en Puerto Montt

Fue en esta audiencia en la que Calabacero le contó al defensor penal público Ricardo Oliva que él no había cometido el delito que se le imputaba, que jamás había estado en Puerto Montt y que trabajaba hace años en faenas mineras en Antofagasta. Ante ello, el defensor solicitó al juez de garantía Luis Olivares que se comprobara si la identidad de él correspondía a la del imputado de la causa.

Este antecedente fue rápidamente chequeado y corroborado: el nombre y el Rut correspondían, eran los mismos que se habían registrado en la primera audiencia realizada en Puerto Montt y en la que se efectuó en Antofagasta. Al escuchar esto, el detenido agregó que en 2010 extravió su cédula de identidad y no realizó los trámites para bloquearla. 

El defensor solicitó entonces escuchar los audios de las dos primeras audiencias, para compararlas y saber si eran las mismas personas las que estuvieron como imputados. “Por la simple escucha de ellas se pudo establecer que no se trataba de las mismas personas”, explicó el defensor.

Frente al evidente error, el juez de garantía dejó sin efecto la audiencia y ordenó la libertad inmediata del detenido. El fiscal Mauricio Flores, en tanto, determinó citar a declarar a Calabacero para aclarar la existencia de un posible delito de usurpación de identidad, del cual habría sido víctima.

Ricardo Oliva agregó que lo sorprendente de este caso es que “no fueron prolijos al identificar al imputado. En primera instancia detuvieron y formalizaron a una persona cuya identidad no correspondía a la cédula que portaba, afectando directamente a un inocente, quien debió pasar nueve días en prisión y a quien se le imputaron hechos graves, causándole un evidente e irreparable daño”.

Y es en este proceso donde la labor del defensor penal cobra importancia, puesto que la Defensoría Penal Pública es el organismo encargado de velar por el respeto de los derechos de las personas imputadas -más allá de las condiciones sociales, económicas,  culturales y religiosas- y, por ende, también tiene la misión de prestar defensa de la más alta calidad profesional a toda persona que carezca de un abogado por cualquier causa.

De igual forma, quiero hacer hincapié en uno de los propósitos que busca esta garantía, que es evitar los juicios condenatorios anticipados en contra de él o los inculpados por un delito, sin considerar detenidamente las pruebas de los hechos y la carga de los mismos.

Esta aseveración no es más que una invitación a ser razonables a la hora de entregar un juicio de valor, reproche o condena en contra de una persona y su entorno, por el sólo hecho de que otro individuo le acuse de un delito que no ha sido demostrado ni investigado aún. Situación que en ocasiones también se ve empeorada con la publicación y difusión de las identidades y rostros de personas que podrían estar siendo acusadas injustamente.

Por ende, este escenario debe ser sobrellevado con sumo cuidado y respeto, tomando en consideración que desde 2002 -fecha de la puesta en marcha de la reforma procesal penal en la Undécima Región- son muchas las personas que, además de ser imputadas de la comisión de uno o más delitos y que en muchos casos han sufrido la privación de libertad por tiempos más o menos prolongados, han terminado sus juicios absueltas de toda responsabilidad. Ello nos demuestra que de alguna manera se ha cumplido con unos de los propósitos de esta reforma, que es una justicia más justa, más rápida y más eficiente.

Finalmente, sólo me queda señalar que al término de un proceso judicial, conforme a la ley y a las pruebas presentadas en audiencia por el Ministerio Público -como ente acusador y perseguidor-, quien decide la culpabilidad o inocencia del acusado es el Poder Judicial, a través de los jueces orales y de garantía, y no los defensores penales públicos.

Por Juan Carlos Rebolledo Pereira,
Defensor Regional de Aysén.

En el acto de inauguración, efectuado esta mañana, los asistentes fueron testigos de la primera conexión a través de esta tecnología -única en regiones-, a través del diálogo sostenido entre un menor imputado por una causa de Ovalle y su defensor penal juvenil, Marco Yurín. El abogado orientó al joven sobre la estrategia adecuada para su caso y respecto de la declaración que éste debe presentar en el próximo juicio oral, que se realizará durante la primera semana de febrero.

El proyecto fue presentado en 2011 por el Defensor Regional, Alejandro Viada, y obtuvo financiamiento de la agencia suiza “International Bridges to Justice”, organización que colabora con instituciones preocupadas de la atención a personas de escasos recursos, permitiendo la compra de computadores, cámara webcam, audífonos y micrófono, elementos que fueron instalados en este centro de internación juvenil.

Así, el Director Regional de Sename, Cristian Valencia, y el Defensor Regional firmaron un protocolo de acuerdo para asegurar el éxito de esta iniciativa, durante una ceremonia en la que estuvieron presentes el Defensor Nacional, Georgy Schubert, el Director Nacional del Sename, Rolando Melo, junto a autoridades regionales  y representantes parlamentarios.

Schubert valoró que este proyecto permita a los defensores una comunicación y nexo más fluido con los jóvenes internos, aunque aclaró que “en todo caso, este sistema de videoconferencia no reemplaza la vista quincenal que deben realizar los abogados, sino que constituye una ayuda al trabajo diario que realizan”.
 
Cita con autoridades

En su primera visita a la Cuarta Región desde que asumió el cargo, en agosto de 2011, el Defensor Nacional sostuvo importantes encuentros con el senador Gonzalo Uriarte (UDI); con el intendente regional, Sergio Gahona; con el presidente de la Corte de Apelaciones, Raúl Beltrami, y con el Seremi de Justicia, Gregorio Rodriguez.

A ellos les comentó el interés de todos quienes trabajan en la Defensoría de que la institución obtenga un estatus de autonomía y también les explicó los principales lineamientos que dará a su gestión, con especial énfasis en los imputados y condenados que requieren defensa especializada, es decir aquellos que tienen problemas de salud mental, los inmigrantes (principalmente de la zona norte del país) y los grupos que ya reciben apoyo jurídico especializado: jóvenes, etnias indígenas y condenados.
 
Funcionarios

Durante la tarde, el Defensor Nacional se reunió con los defensores institucionales y licitados de la Región de Coquimbo, con quienes analizó los aspectos fundamentales de su quehacer profesional en la zona. Schubert destacó el alto nivel de cumplimiento de los estándares de defensa y agradeció el empeño de los abogados que se desempeñan en la representación de imputados y condenados.

Previamente, a su llegada a La Serena la tarde del martes, el Defensor Nacional se reunió con los defensores y funcionarios de la Defensoría Regional, con quienes intercambió opiniones respecto del quehacer institucional, contexto en que aclaró dudas y planteó nuevos desafíos, ligados a la mejora del clima laboral y la capacitación de todos quienes se desempeñan en la institución.

La segunda sala del máximo tribunal del país dictaminó dejar sin efecto el fallo de primera instancia contra el joven imputado, “por lo deberá dictarse inmediata orden de libertad en su favor”, según expresa la resolución que acogió un recurso de amparo interpuesto por los defensores penales públicos Patricia Lefever y Víctor Providel.

Al conocer la noticia, el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez Giordano, destacó que la Corte Suprema clarificara a través de este fallo los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), acogiendo así la postura de los defensores públicos y haciendo justicia.

“En todo momento señalamos en el tribunal de garantía y en la corte de apelaciones que debían respetarse los derechos de nuestro defendido, quien se encontraba cumpliendo medidas dictadas en el interés superior del adolescente y buscando su reinserción. Por eso resultaba claramente perjudicial y atentatorio sacarlo del hospital para enviarlo a la cárcel”, explicó Gálvez.

Fundamentos del fallo

El pronunciamiento de la Corte Suprema especifica que “ha de entenderse que por tratarse de un adolescente infractor,  las obligaciones relacionadas con la remisión condicional de la pena dispuestas en su calidad de adulto no pueden ser exigidas del modo que se ha hecho, porque se atentaría contra la posibilidad de lograr los objetivos de la sanción anteriormente impuesta”.

L.A.P.A., de 19 años, cumplía con el régimen semicerrado en el centro Arica del Sename, entidad que pidió su internación en la Unidad de Siquiatría del hospital ariqueño. Desde allí fue sacado para llevarlo a la cárcel luego de que se le revocara el beneficio de firma mensual, en el contexto de una imputación por amenazas en que fue formalizado recientemente, ya en calidad de adulto.

El joven debía pernoctar cada noche en el Centro Arica, en cumplimiento de las dos condenas previas como adolescente, a lo cual concurría con regularidad, pero sufría desestabilizaciones que motivaron su envío al hospital. Por esa razón no acudió a Gendarmería para iniciar la firma mensual que le impuso el nuevo caso en su contra, esta vez por amenazas.

Orden del juez

El caso tuvo notoriedad hace un par de semanas, pues L.A.P.A. debió ser llevado en ambulancia, acompañado de dos enfermeros, a una audiencia de revocación de beneficios citada por el juez Mauricio Pontino, quien había ordenado que la policía lo sacara del hospital para llevarlo al tribunal.

Los defensores públicos explicaron en la oportunidad que el joven estaba cumpliendo medidas dictadas por el Seremi de Salud y el Sename, por lo que aún no empezaba a acudir a Gendarmería para la firma mensual decretada en la imputación por amenazas.

Víctor Providel, jefe de Estudios de la Defensoría Regional, advirtió que la interrupción del proceso que el menor cumplía en Sename “no sólo vulneraba tal derecho en este caso específico, sino que echaba por la borda toda la inspiración que fundó la nueva legislación penal dirigida a los jóvenes, que busca darles la oportunidad de rehacer su vida”.

El pronunciamiento unánime de la Segunda Sala fue suscrito por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Juan Araya, Carlos Künsemüller y Haroldo Brito.

Los aspirantes efectuaron la visita junto a la directora regional de Gendarmería, coronel Soraya Bilbao, quien destacó el apoyo y la sinergia que debe existir entre estos dos servicios.

“Es necesario conocer y comprender el trabajo de todos los servicios del sector justicia, pues en esa relación está la riqueza del entendimiento y del apoyo que nos podemos brindar de manera interinstitucional. Tal como dice el Defensor Regional, en las cárceles a veces somos antagonistas, pero también hemos sido aliados, realizando en conjunto actividades de rehabilitación social que favorecen nuestro trabajo y la calidad de vida de los usuarios”, comentó la oficial.

Alberto Ortega recalcó el tema del respeto del derecho de las personas internas en las cárceles de la región, recordando a los futuros oficiales penitenciarios que las personas presas sólo han sido privadas de libertad por orden de un tribunal, pero no han perdido sus derechos como seres humanos.

Por lo mismo, les hizo un llamado a cuidar el trato con las personas, a tener criterio y a ser buenos ejemplos para sus subalternos.

Sin cuestionar lo resuelto por los tribunales, de todos los casos que ha conocido la Defensoría Penal Pública, el más desafiante afecta a la pastora aymara Gabriela Blas, de 28 años. La mujer cumple una condena a 12 años de presidio como autora del delito de abandono de un menor con resultado de muerte.

El 23 de julio de 2007 y tras conducir a un rebaño de alpacas y llamas por terrenos de la estancia Caicone -cerca de la frontera con Perú-, la mujer notó que dos animales se habían distanciado del resto. Como lo dicta la ancestral costumbre de las mujeres de su pueblo, dejó a su hijo Domingo Eloy, de 3 años 11 meses, sentado sobre su manto y corrió a buscarlos. Casi una hora después, cuando volvió, Domingo no estaba. Lo buscó y al día siguiente fue hasta el retén de la localidad de Coronel Alcérreca y denunció su desaparición.

Allí comenzó una pesadilla que primero la mantuvo detenida por casi una semana, para luego ser acusada como autora del abandono de su hijo, cuyo cuerpo sin vida apareció en diciembre de 2008 en la zona altiplánica de Palcopampa.

Gabriela cumple hoy su condena en el penal de alta seguridad de Acha, sin que los esfuerzos de la Defensoría sirvieran para que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal considerara en su decisión los criterios de interculturalidad que el Estado chileno incorporó al dar validez legal al Convenio 169 de la OIT. Es más, uno de los considerandos del fallo en su contra consideró el extravío del niño como un acto intencional y, por lo tanto, culpable.

El Convenio establece que “las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”, mientras que el artículo 10 agrega que cuando se impongan sanciones a personas de estos pueblos “deberán tener en cuenta sus características económicas sociales y culturales” y que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

Aplicar el Convenio 169 no es una facultad voluntaria que la ley otorgue a las instituciones o personas, sino que es un imperativo jurídico que debe acatarse y utilizarse como cualquier otra norma, aún más si ésta tiene rango constitucional.
Otras lecciones se refieren a los elementos interculturales que no fueron reconocidos, como su condición de mujer aymara, la condición de ‘actividad tradicional’ del pastoreo que efectuaba cuando se perdió su hijo, o los efectos de la “aculturación” que sufrió al enfrentar al poderoso poder persecutor del Estado desde su propia condición de indígena, entre otros aspectos.

Gabriela es hoy un símbolo del largo camino que todavía necesita recorrer nuestro país para integrar y hacer efectivos los derechos que protegen a nuestras etnias.

Desde la contingencia nacional se hace necesario abordar a nivel local, ciertos temas que están en el debate nacional y que producen cierto conflicto en la sociedad, tal es el caso de la invocación de la ley antiterrorista a comunidades Mapuches. Siempre desde la mirada de la Defensoría, institución inspirada en el más profundo respeto a los derechos de las personas.

 La ley antiterrorista, es una legislación especial, que establece procedimientos especiales para quienes se le imputan conductas calificadas como terroristas;  esto es cometer delito con la finalidad de producir temor en la población o en una parte de ella, que se realice mediante artificios explosivos o incendiarios u otros que pudieren ocasionar grandes estragos; o que el delito sea cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.

De las causales mencionadas, planteo la visión del Defensor Nacional, Georgy Schubert, quien en una presentación del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), manifestó que “existe la necesidad de modificar la Ley Antiterrorista, especialmente porque se ha aplicado de una manera inadecuada a la situación del pueblo Mapuche”. Esto debido a que los hechos delictivos que se presume están sucediendo en la Araucanía, son  en este caso reivindicaciones de tierras y no cumplen los estándares para hablar de actos terroristas, ya que a mí parecer estamos hablando de una manifestación exagerada o no de la población que se opone a actividades  que considera negativas para su entorno. Y estos delitos de por sí son hechos que pueden ser abordados desde la legislación chilena.

Siempre he destacado, y lo reitero en esta ocasión, que para una mejor política criminal, es necesario construir una buena política social, y esto pasa por comprender de mejor manera los procesos y dinámicas sociales que conllevan los conflictos con las comunidades originarias, por conocer sus carencias y elaborar políticas sociales inclusivas que den respuesta a sus necesidades y especiales características.

En este mismo contexto, quiero mencionar que la Defensoría ha estado realizando una gran labor de defensa en la Región de la Araucanía, en especial en el caso de detención de dos mujeres mapuches, a quienes se les imputó el delito de maltrato de obra a Carabineros y posteriormente el Juez de Garantía -después de ver la grabación de los hechos-  declaró ilegal la detención.

Esta defensa penal se logra gracias a que la Defensoría constantemente está especializando a sus defensores, en defensa penal indígena, en materia de responsabilidad penal adolescente, en defensa penitenciaria y defensa con enfoque de género, de forma tal de poder brindar una asesoría jurídica de alta calidad.

Como antecedente, cabe señalar que la Defensoría cuenta con un Modelo de defensa penal especializada Mapuche - creado en el año 2001 - en el marco del Convenio 169 de la OIT, suscrito por nuestro país.

Finalmente, agregar que parte de los desafíos para este año 2012, está el de seguir mejorando la calidad de la prestación que otorgamos a  nuestros usuarios. Particularmente y en el tema que nos convoca que es defensa indígena, destaco, que durante el 2011, nuestros defensores recibieron capacitación en esta materia,  como forma de incorporar en sus labores los aspectos culturales, las prácticas ancestrales en la resolución de conflictos y la cosmovisión de los pueblos originarios en la materialización de la defensa en un eventual juicio.

En su primera visita oficial a la Segunda Región, Schubert sostuvo también reuniones con el presidente de la Corte de Apelaciones, Dinko Franulic, y con el Intendente Regional, Alvaro Fernández Slater, con quienes dialogó sobre el avance del sistema de enjuiciamiento criminal en Antofagasta.

Con ellos abordó también materias como la especialización de la defensa, en especial en la atención a los grupos más vulnerables como las mujeres, los menores y los condenados, a través de la defensa penitenciaria, y anunció que la institución abordará nuevas áreas de trabajo relacionadas con los discapacitados mentales, tanto imputados como condenados.

Visita a la cárcel

La actividad más extensa que realizó Schubert en Antofagasta fue un encuentro con las internas del Centro Penitenciario Femenino, con quienes sostuvo un diálogo participativo tras recorrer las instalaciones del recinto. Unas 50 imputadas expusieron al Defensor Nacional sus inquietudes en relación a problemas de infraestructura y a sus largas horas de encierro cotidiano.

Al respecto, Georgy Schubert destacó que muchas veces en los penales femeninos se ven realidades que no son priorizadas por tratarse de una población más reducida y las urgencias están puestas en los grupos mayoritarios de privados de libertad. No obstante, destacó que se está avanzando en muchas materias y que hay voluntad para seguir mejorando las condiciones intrapenitenciarias en los penales de todo el país.

Durante el recorrido por las instalaciones, Schubert conoció también algunas historias de vida, especialmente en los talleres de capacitación y en el pabellón de las mujeres que permanecen con sus hijos. Allí sostuvo breves diálogos con las mujeres que han encontrado una nueva forma de vida a partir de la capacitación que han recibido al interior del penal.

Funcionarios

Una vez cumplidas las actividades protocolares y tras una reunión con la Seremi del ramo, Lorena Romero, Georgy Schubert se reunió con los funcionarios de la Defensoría Regional, con quienes intercambió opiniones respecto del quehacer institucional. En este contexto, aclaró dudas y planteó nuevos desafíos, ligados a la mejora constante de clima laboral y la capacitación de todos quienes se desempeñan en la institución.

Por último, durante la tarde el Defensor Nacional se reunió con los defensores, tanto institucionales como licitados, con quienes analizó los aspectos fundamentales de su quehacer profesional en la región. Schubert destacó el alto nivel de cumplimiento de los estándares de defensa y agradeció el empeño de los abogados que se desempeñan en la representación de imputados y condenados.

En la ocasión, el Defensor Local Jefe de Copiapó, Eugenio Navarro, y la asistente social Yasna Contreras atendieron a 20 mujeres privadas de libertad y a una decena de hombres, entre imputados y condenados, quienes dieron a conocer sus inquietudes, entre las que destacaron consultas sobre sus causas y sobre el funcionamiento del sistema penal, entre otras.
Además de aclarar las dudas de los internos, ambos profesionales dieron a conocer la misión institucional de la DPP, los derechos de los imputados, la labor cotidiana de los defensores, las etapas de una causa penal, el procedimiento para efectuar reclamos y solicitudes de cambio de defensores y las obligaciones de los abogados, entre otros temas.

Las plazas de justicia intrapenitenciarias buscan establecer una comunicación directa entre la Defensoría y sus usuarios, para detectar inquietudes, reclamos y otras informaciones que sirvan para mejorar el desempeño de sus funciones.
Por lo mismo, Navarro y Contreras tomaron nota de cada comentario, reclamo o pregunta realizada durante la jornada, las que serán analizadas y respondidas directamente a los internos.

El hecho ocurrió la madrugada del 15 de agosto de 2011, cuando Ramírez supuestamente entró a la vivienda por una de las ventanas, en contra de la voluntad de su dueña, a recuperar los lazos y aperos que se había ganado en un bingo y que estaban en manos de su amigo, nieto de la denunciante.

En la audiencia, realizada el pasado viernes 20 de enero, y luego de escuchar el testimonio de la víctima y de la denunciante, el Tribunal -integrado por los jueces Rolando del Río, Sergio Vásquez y Marcos Soto- decidió absolver al imputado, por no haberse acreditado que actuara sin respetar la voluntad de quien tenía las especies en su poder.

Por lo tanto, se recalificó el delito a violación de morada, debido a que sí se pudo acreditar que el Ramírez entró a la vivienda por una de las ventanas.

Sin intención

La defensa pública del acusado estuvo  a cargo del abogado Fernando Acuña, defensor local de Puerto Cisnes, quien se mostró conforme por el resultado del juicio -lo mismo que el acusado-, por cuanto “se comprobó que no había intención de robar, sino que el acusado habría entrado sin permiso de la dueña a recuperar unas especies que le pertenecían y, por lo tanto, se aplicó una sanción que es muchísimo menor a la de robo en lugar habitado, que es lo que buscaba la Fiscalía”, señaló.

Acuña explicó que como Mauricio Ramírez cuenta con la atenuante de irreprochable conducta anterior, “en el peor de los casos puede ser condenado a una sanción de 541 días de reclusión menor en su grado mínimo y aspiramos a que la sanción sea de 61 días, porque él lleva mucho tiempo privado de libertad, o que se dé por cumplida la pena”, aclaró.

La lectura de sentencia se realizará a las 13 horas del próximo miércoles 25 de enero, en el mismo tribunal en Coyhaique.

Afortunadamente, esos problemas se han ido superando con el tiempo y con trabajo, pero sigue existiendo un déficit de espacios físicos que, por ejemplo, pudieran ser destinados al trabajo de los defensores públicos en sus vistas a la cárcel. Se trata de espacios sumamente necesarios, más aún cuando en la zona comenzó a operar en noviembre pasado el programa de defensa penitenciaria que impulsa la DPP.

Teniendo en cuenta esta realidad, la Defensoría Regional del Biobío decidió instalar un contenedor habilitado adecuadamente, lo que permitió sumar cuatro oficinas a las dos ya existentes en este recinto penal (foto exterior).

“Así, el trabajo que realizan tanto los defensores en sus visitas al centro, como la labor que realiza el equipo de defensa penitenciaria se verá mejorado, en lo relacionado a la privacidad necesaria y la dignidad en el trato y atención a las personas privadas de libertad y que son nuestros usuarios”, como lo señaló el Defensor Regional (S) Osvaldo Pizarro (foto interior), quien visitó las nuevas dependencias junto con el alcaide (S) del centro penitenciario.

ESPACIOS EQUIPADOS
Las nuevas oficinas ya están disponibles, equipadas con un escritorio, un par de sillas, iluminación y una toma de energía eléctrica. Mientras, las otras dos oficinas ya existentes, que se encuentran junto a las nuevas, serán mejoradas para que los seis espacios disponibles para los defensores públicos queden en iguales condiciones.

En el Centro de Cumplimiento Penitenciario de El Manzano hay actualmente mil 800 internos, aproximadamente.

La primera actividad se realizó en la sala multitaller de la cárcel de San Antonio y consistió en un encuentro con doce internas que están en prisión preventiva en ese recinto. Durante el diálogo, se les dio a conocer las etapas del proceso penal, el rol del defensor penal público y el sistema de atención a usuarios, con la finalidad de que puedan ejercer sus derechos de manera informada.

Morales aseguró que al igual que años anteriores, “estaremos en contacto con la comunidad. Nos interesa que se sepa cuál es el rol de la Defensoría Penal Pública, porque somos una institución que representa el equilibrio en la administración de justicia y velamos por que se respeten las garantías y derechos de todas las personas”. 

Durante la visita, el Defensor Regional se reunió con el alcaide de la cárcel de San Antonio, coronel Oscar Sanhueza Olivares. “Le planteé como tema central las condiciones en que los abogados defensores entrevistan a las personas en prisión preventiva en la cárcel”, explicó más tarde.

Al término de la reunión, Morales concurrió a la cuenta pública del Gobernador Provincial de San Antonio, Mauricio Araneda Atenas.

En determinados casos, lo anterior podría gatillar sicosis de aparición precoz, como conductas suicidas, violencia y depresión sobre todo en primerizos, producto del impacto afectivo al estar separado de su entorno familiar.

El menor en internación provisoria está sumergido en un entorno persecutorio, donde los actores institucionales del sistema no son de confianza para este adolescente (trabajadores sociales, sicólogos, educadores, gendarmes, funcionarios judiciales, etc.), lo que acrecienta la desconfianza en quienes buscan reinsertar socialmente a dichos adolescentes.

Lamentablemente, en nuestro país no se cuenta con un estudio técnico que permita aseverar que a mayor cantidad de adolescentes infractores de ley en internación provisoria se logrará una menor cantidad de delitos. Pero sí se cuenta con estudios que concluyen que aquellos países que han utilizado desmedidamente la prisión preventiva no han reducido los índices de criminalidad e incluso han multiplicado sus problemas.

Ahora, de acuerdo con estadísticas de la Defensoría Regional de Antofagasta del año 2010-2011, del 100 por ciento de los casos que han derivado en internación provisoria en el ex Surgam, en promedio solo el 1,8 por ciento ha quedado cumpliendo una pena privativa y el 98,2 por ciento restante ha quedado sujeto a medidas y/o condenas en libertad, lo cual nos lleva a analizar de la efectividad del uso de dicha medida cautelar.

En resumen, ante las desventajas y efectos negativos de la prisión preventiva en menores y adultos, parece no ser ésta la solución recomendable para disminuir los índices de criminalidad, ya que al contrario, genera prisionización, contagio criminológico y etiqueta o estigma en los menores. Por ello, los centros de internación provisoria no son la solución más optima posible hacia la que apuntan los países en vías de desarrollo (Carranza, et. al. El control social sobre niños, niñas y adolescentes en América Latina, San Salvador, 1995).

Por Golda Barrientos Belone,
sicóloga Defensoría Regional de Antofagasta.

Consultada luego por los medios de comunicación locales, Fríes comentó que su visita a la Defensoría tuvo como objetivo recabar información y ver las posibilidades de colaboración entre ambas instituciones, para efectos de que el INDH pueda asumir líneas de acción judicial.

“La reunión buscó fortalecer los vínculos de colaboración en materia de defensa, donde el Instituto tiene un campo de acción que puede complementar lo que tan valiosamente hace la Defensoría acá en la región”, explicó.

La Defensora Regional complementó lo anterior y aseguró que ambas instituciones y misiones institucionales tienen que ver con la protección de los derechos de las personas, por lo que sí existen muchas instancias de colaboración recíprocas.

“La Defensoría Penal Pública está permanentemente preocupada, sobre todo en muchos casos de niños y niñas mapuches que se han visto afectados por procedimientos policiales donde efectivamente se están viendo vulnerados sus derechos”, agregó.

COMUNIDAD DE ROFUE
Precisamente en relación con la temática anterior, profesionales de la Defensoría Penal Mapuche efectuaron una visita a la comunidad mapuche de Rofue, en Metrenco, donde dos comuneras fueron detenidas de forma ilegal la semana pasada. El objetivo fue reunirse allí con los líderes tradicionales de la comunidad y con los profesionales del INDH encabezados por Lorena Fríes (foto).

Luego de la presentación protocolar, cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de expresar el motivo de su visita, contexto en que María del Rosario Salamanca recordó la misión institucional de la Defensoría y la importancia de una defensa oportuna, tal como ocurrió el pasado jueves 12 de enero, cuando recibió un llamado comunicándole la detención de Guillermina Painevilu y de su hija Jessica, a partir de lo cual se dirigió inmediatamente a la comisaría de Padre Las Casas, para asumir su defensa.

La abogada agradeció la confianza de los comuneros y explicó que en el cumplimiento de sus funciones ha recibido varios reclamos de comunidades respecto de la excesiva violencia de Carabineros en los operativos que realizan en su interior.

“No sé si los hechos de violencia han aumentado cuantitativamente, pero sí creo que se han visibilizado más. De hecho, el video exhibido en la audiencia de control de detención de ambas comuneras, que mostró el momento preciso de su detención, fue absolutamente importante para el tribunal, porque se pudo ver una situación concreta del hecho y contrastarlo con lo que decía el parte policial. Por eso se logró que se declarara ilegal la detención”, explicó.

“Como Defensoría garantizamos que cualquier persona imputada de delitos, sea mapuche o no, va a tener un defensor público capacitado y especializado y que actuará con completa autonomía, sea cual sea la imputación penal, sea por Ley Antiterrorista o no”, aseguró Schubert.

El directivo explicó que el trabajo de los defensores públicos tiene un carácter jurídico técnico y se ejerce a nivel de tribunales, razón por la que a la institución no le corresponde participar en el debate político que se ha generado respecto de la seguridad pública y el respeto a las garantías de las personas en esa zona del país.

“Estamos preocupados, sin duda, porque se deben respetar los derechos y garantías de todos los ciudadanos y en el caso de las comunidades mapuches esto es particularmente sensible, pero no queremos opinar ni intervenir en el debate político (…) En los casos en que hemos detectado vulneración de garantías, hemos interpuesto amparos preventivos o las alegaciones que correspondan. De hecho, en el video que se vio en el caso de las dos detenidas de Metrenco, fue la Defensoría la que hizo la alegación ante tribunales”, señaló Georgy Schubert.

El Defensor Nacional aclaró que se ha reforzado el trabajo que realiza la Defensoría Penal Mapuche -dependiente de la Defensoría Regional de La Araucanía-, de manera que sus tres abogados y dos facilitadores interculturales “logren dar cobertura al 75 por ciento de las causas penales indígenas y se mantengan visitando las comunidades, para generar más y mejores vínculos con ellas y estar al tanto de lo que pasa”.

“Nuestro compromiso es con la persona imputada y en eso el defensor público es completamente autónomo para representar los derechos de los imputados. No veo contradicción. Si una persona es imputada, nosotros la vamos a defender con autonomía técnica, que está garantizada por la ley de la Defensoría y es nuestra misión y compromiso”, concluyó.

Durante el control de detención, efectuado ayer, el abogado Nelson Cid, defensor penal público de los imputados, se sumó a la solicitud del fiscal de la causa -Manuel Zara-, en cuanto a ampliar por 48 horas el período de detención de estas tres personas y participar en el intertanto de una diligencia de declaración que comprobaría la verdadera participación de los detenidos en el delito que se les imputará.

Según el defensor Cid, se espera “comprobar, tras la diligencia investigativa, que al menos dos de los detenidos no estaban en el lugar de los hechos, y por tanto no participaron del delito de robo con violencia ni en las lesiones en contra del carabinero Quidel Painen”.

Los detenidos fueron detenidos por efectivos del OS-9 de Carabineros en la comuna de La Pintana, ocasión en que según la policía uniformada se incautaron dos autos con encargo por robo, placas de identificación policial falsas y verdaderas, además de una vaina, que será periciada balísticamente para determinar si corresponde con los impactos de bala recibidos por el carabinero Erick Quidel.

LOS HECHOS
Según la información recopilada, el robo ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando tres carabineros de franco se encontraban en la comuna de Puente Alto y fueron intimidados por una banda de tres sujetos que, haciéndose pasar por policías, arremetieron a balazos y sustrajeron un automóvil.

Producto del ataque, el carabinero Erick Quidel Painen quedó herido de gravedad con tres impactos de bala y permanece hasta ahora en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Carabineros.

El defensor penal público Raúl Gil González, quien asumió la defensa de Paredes, explicó que la resolución judicial se  fundamenta en que el acusador pretendía postergar la realización del juicio oral simplificado sin invocar razones que pudieran ser consideradas como excusa válida, como lo sancionó finalmente el magistrado.

Tras la negativa del juez a la postergación, el querellante renunció al patrocinio, por entender que no se encontraba preparado para continuar adelante con el juicio, ante lo cual la defensa sostuvo la tesis del abandono de la acción privada y pidió que se decretara el sobreseimiento definitivo de la causa. Tal pretensión fue acogida íntegramente por el juez de garantía.

Este caso comenzó en 2009, luego de que Vargas -electo en diciembre de ese año- estimara haber sido víctima de injurias y calumnias tras los dichos de Paredes a una radioemisora local. La sentencia que sobreseyó al querellado fue dictada por el juez Juan Araya, en una audiencia efectuada según la programación ordinaria.

La defensora pública explicó que “nuevos antecedentes en la investigación, tales como la declaración de la propia víctima, la declaración del único testigo presencial, más el informe de la SIP y los peritajes planimétrico y fotográfico de Carabineros, permiten argumentar que el imputado no tuvo la participación que le atribuye el fiscal en la formalización y en la acusación presentada en su contra por un robo con violencia ocurrido el 8 de octubre del año pasado”.

“A Villarroel Ayuza se le acusa como autor directo del delito de robo con violencia. Sin embargo, dichos  antecedentes no son de la  entidad suficiente como para concluir que efectivamente hay participación directa en el hecho”, agregó la defensora.

“El juez Alvarez, a la luz de tales antecedentes, concluyó que la prisión preventiva no resulta indispensable para asegurar los fines del procedimiento”, concluyó Gustava Aguilar.

El hecho causó impacto en la prensa y generó revuelo público. Los policías incautaron documentos, ingresaron al domicilio del edil y retiraron las memorias de los computadores de todas las oficinas, lo que incluso inmovilizó el trabajo municipal por un par de días.

El asunto llegó a tribunales, donde el edil pidió que se le informara por qué se le investigaba, solicitando la audiencia respectiva en el Juzgado de Garantía de Talcahuano. Sin embargo, el Ministerio Público señaló que había declarado secretos todos los antecedentes de esa investigación, amparándose en las facultades que normas como la Ley de Drogas, la Ley Antiterrorista y la Ley de Lavado de Activos le entrega para la pesquisa de determinados delitos.

La duda quedó sembrada y nada pudieron hacer los eventuales imputados, salvo esperar que pasara el tiempo. Eso, hasta que un par de días antes que se terminara 2011 la Fiscalía solicitó día y hora para formalizar a nueve personas y requirió autorización del juzgado de garantía del puerto para mantener el secreto de la investigación por 30 días más.

CARGOS, AUDIENCIA Y RECHAZO
Con esto, el panorama debía comenzar a aclararse, pero no será así, porque la audiencia de formalización se realizará cuando la investigación aún esté bajo reserva. Por ello, y ante el hecho de que no todas las personas requeridas tenían abogados de confianza, la Defensoría Penal Pública presentó dos reposiciones ante el tribunal, ingresando formalmente así a este caso.

La primera reposición buscaba corregir defectos en la solicitud que informaba la formalización. Es decir, que se cumpliera con los requisitos del artículo 231 del Código Procesal Penal, lo que podía tener el efecto práctico de  ‘trasladar’ la fecha de la audiencia un par de semanas. La segunda, en tanto, buscaba dejar sin efecto el secreto de la investigación para ocho de los nueve imputados, porque sólo al alcalde se le imputa el delito de lavado de dinero.

Sin embargo, tras la audiencia realizada el pasado lunes 16, y pese a los esfuerzos de la Defensoría Regional del Biobío -que finalmente representará a cuatros funcionarios municipales-, el Juzgado de Garantía de Talcahuano rechazó las reposiciones, dejando en muy mal pie a todos los imputados, quienes deberán enfrentar la audiencia del 27 de enero próximo sin saber cuáles son los antecedentes que la Fiscalía posee en su contra, lo que atenta contra las posibilidades de preparar una defensa en igualdad de armas.

Esta situación, que fue recogida por los medios de comunicación de la zona, abre una interrogante sobre qué ocurrirá, por ejemplo, con la petición eventual de medidas cautelares. De todos modos, la Defensoría Regional ya trabaja en la preparación de la audiencia, que de seguro volverá a concentrar el interés mediático y jurídico en la zona.

El proyecto, que busca dotar a la Defensoría de una autonomía reconocida constitucionalmente, volverá ahora a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde deberán discutirse las modificaciones específicas que requerirá la orgánica institucional de la Defensoría.

Una vez finalizado ese debate, la Comisión evacuará otro informe, el que nuevamente deberá ser discutido y votado por la sala. Una vez aprobado, el proyecto pasaría a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

APROBACIÓN UNÁNIME
En agosto del año pasado, esa comisión de senadores ya había aprobado por unanimidad esta idea de legislar en torno al proyecto presentado en 2006 por la senadora Soledad Alvear (DC). Básicamente, la iniciativa plantea que la autonomía de la DPP -hoy concebida como una institución descentralizada y sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia- quede establecida en la Constitución, mediante la incorporación en la Carta Fundamental de un artículo que así lo sancione.

El objetivo central del proyecto es que la Defensoría Penal Pública tenga autonomía, tal como sucede con el Ministerio Público, pues ambas instituciones son intervinientes contradictorios en el actual sistema procesal penal.

Por lo mismo, el Defensor Nacional, Georgy Schubert, se mostró muy satisfecho con el resultado de la votación de hoy, dijo confiar en el avance futuro de la iniciativa y opinó que “la autonomía ha sido un objetivo permanente para la Defensoría, a partir de la necesidad de que exista un equilibrio en la independencia y en las herramientas con las que cuentan los dos principales actores del sistema de justicia penal en el país”.

Para ampliar la información haga click aquí

Senador	Sí	No	Abstención	Pareo
Allende B., Isabel	X
Alvear V., Soledad	X
Bianchi C., Carlos	X
Cantero O., Carlos	X
Chahuán C., Francisco	X
Coloma C., Juan Antonio		X
Escalona M., Camilo	X
Espina O., Alberto	X
Frei R., Eduardo	X
García-Huidobro S., Alejandro		X
Gómez U., José Antonio	X
Horvat K., Antonio	X
Lagos W., Ricardo	X
Larraín F., Hernán	X
Letelier M., Juan Pablo	X
Muñoz A., Pedro	X
Navarro B., Alejandro	X
Novoa V., Jovino		X
Orpis B., Jaime	X
Pérez S., Lily	X
Pérez V., Víctor		X
Pizarro S., Jorge	X
Prokurica P., Baldo		X
Quintana L., Jaime	X
Rincón G., Ximena	X
Rossi C., Fulvio	X
Sabag C., Hosaín	X
Tuma Z., Eugenio	X
Uriarte H., Gonzalo		X
Von Baer J., Ena		X
Walker P., Ignacio	X
Walker P., Patricio	X
Zaldívar L., Andrés	X

La audiencia se llevó a cabo esta mañana en el Juzgado de Letras y Garantía de Futaleufú, donde tras escuchar los argumentos del defensor penal público Norman Santibáñez (foto exterior), la jueza Connie Fuentealba determinó que la imputada quedara en libertad, pero sujeta a medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional (prohibición de salir del país), mientras se desarrolla la investigación de los hechos, cuyo plazo fue fijado en 60 días.

Según Norman Santibáñez, “la acción desplegada por la imputada no es típicamente matadora. Tampoco existe relación causal entre la muerte y la actividad desplegada por la imputada. A nuestro juicio, el deceso se habría provocado a raíz del estado de ebriedad de la víctima y, eventualmente, por la falta de auxilio de otra persona, quien habría presenciado la muerte”.

El abogado agregó que, tal como se hace con todos los imputados, en este caso la Defensoría Regional de Los Lagos prestará todos los medios para brindar a la imputada una defensa de calidad, tal como lo señala la ley, y lograr demostrar la inocencia de la joven.

FERIA COSTUMBRISTA
Los hechos ocurrieron el domingo, cerca de las 17 horas, mientras la joven -oriunda de Villa Alemana- visitaba junto a una tía (en cuya casa pasaba sus vacaciones) una feria costumbrista que se realizaba junto al lago Espolón.

En dicho lugar Pedro Alderete comenzó a bromear con ella y la mojó, lanzándole agua con una manguera. Luego él la empujó al agua desde la orilla del lago. Ella se puso de pie e hizo lo mismo y salió corriendo. Minutos más tarde, cuando regresó a ver a Alderete, le dijeron que no había salido del agua y que al parecer se había hundido en el lago.

De acuerdo con antecedentes de la investigación, la causa de muerte del joven -domiciliado en Futaleufú- sería asfixia por inmersión y por ahora no se hallaron lesiones que expliquen por qué no logró salir de las aguas. Sólo el relato de testigos da cuenta de que la víctima estaba en estado de ebriedad, aunque aún hay peritajes pendientes que podrían comprobarlo científicamente. 

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 3 de septiembre de 2011 en calle Gastón Adasme, cuando los jóvenes fueron detenidos por Carabineros en un sector en donde se había cometido el hurto de una máquina soldadora. Aunque posteriormente la investigación siguió adelante, ellos nunca estuvieron sometidos a medidas cautelares, porque desde el inicio de la causa su defensa pública planteó la ausencia de participación de los imputados.

Después de dos días de escuchar los testimonios de testigos, el tribunal -integrado por los jueces Rolando del Río,  Sergio Vásquez y Marcos Soto- dictó su veredicto, absolviendo de todo cargo y acusación a S.G.A.Q. y M.A.B.B.

La defensa pública de ambos jóvenes estuvo a cargo de la abogada Ximena Gutiérrez, quien explicó que según lo indicado por un testigo presencial del hecho, al momento de perpetrar el delito los autores vestían de manera distinta a la de los imputados. “Mis representados tienen  características particulares, que no fueron reconocidas y tampoco fueron encontrados con especie alguna en su poder” dijo.

La lectura de la sentencia completa de esta causa se efectuará a las 13 horas del próximo viernes 20 de enero, en el mismo tribunal en Coyhaique.

“Esta es la audiencia más insólita a la que me ha tocado asistir”, dijo Gálvez al abandonar la sala, luego de que la jueza Pizarro declarara abandonada la defensa que él debía ejercer en una jornada de preparación de juicio oral.

El caso comenzó la mañana del jueves en el Tribunal de Garantía de Arica y tras siete recesos, debería culminar el próximo miércoles 18 de enero. Lo que parecía un caso corriente de preparación de juicio oral terminó en una controversia, cuando el defensor público Ricardo Sanzana solicitó plazo para conversar con su defendido, a raíz de una sorpresiva oferta de procedimiento abreviado.

La jueza no lo concedió y, como Sanzana argumentó la imposibilidad de salvaguardar las garantías del imputado, Pizarro declaró abandonada la defensa y nominó a otro. En la tarde llegó el Defensor Local Jefe de Arica, Raúl Gil, quien retomó los argumentos anteriores y también fue relevado por la magistrada, quien llamó entonces al jefe regional de Estudios, Víctor Providel, quien dijo que “en ejercicio de la defensa de mis representados es que pido el plazo prudente para preparar mi participación”. La dinámica se repitió y entonces vino el turno del Defensor Regional.

RECUSACIÓN
Claudio Gálvez pidió copia de los audios y anunció que recusará a la magistrada, por manifestar prejuicios sobre la actuación de los defensores penales públicos y atribuirles maniobras de complot. Al ser conminado a proseguir con la preparación del juicio oral, Gálvez reiteró la idea de proteger los derechos de los imputados para insistir en una ampliación del plazo para estudiar la carpeta fiscal del caso, pero Sara Pizarro declaró también abandonada su defensa.

La jueza nombró entonces de oficio a un abogado particular en calidad “de turno”, quien a su vez pidió a los defendidos aceptar su patrocinio. Como éstos se lo negaron, solicitó un plazo razonable de cinco días para conocer el expediente, que finalmente quedó fijado en cuatro días.

“Se trata de hacer valer el respeto a los derechos básicos de todo imputado, por quienes  abogamos en su plena dignidad como personas. Hemos tratado que la magistrado entienda que no se puede defender a nadie con sólo estudiar por media hora o un poco más el expediente de un caso, sin poder entrevistar a los imputados, ponderar las pruebas. Ella se ha empecinado en salvar las formas por sobre los temas de fondo en justicia penal”, explicó el Defensor Regional de Arica y Parinacota.

Bórquez señaló en su recurso que los sentenciadores habrían incurrido en la causal de nulidad al realizar una errónea valoración de la prueba rendida durante el juicio oral.

En su considerando 9, el fallo de la corte señala que “los jueces del tribunal oral vulneraron los conocimientos científicamente afianzados al valorar la prueba, pues de los antecedentes que da cuenta la sentencia se puede apreciar que con el informe de lesiones, que da cuenta de un delito de lesiones graves, y declaraciones de los médicos, que informaron como peritos en la causa, no se puede concluir que éstas hayan sido de tal gravedad que solamente con el auxilio de la asistencia médica se logró impedir el fallecimiento de la víctima, requisito que exige el delito por el que se acusa y su etapa de ejecución, toda vez que de este informe y lo expuesto por los peritos se puede concluir que estas lesiones pudieron llegar a ser letales siempre que concurrieran ciertas circunstancias que no existieron al momento de la ejecución y, respecto del ahorcamiento, si bien se constató señales de la tentativa de su ejecución, tampoco concurre esta circunstancia de haberse evitado por dicho auxilio médico, se señala que el imputado detuvo su actuar porque ella ‘se hizo la muerta’, lo que posteriormente desmintió ante el tribunal”. 

Consultado sobre el futuro del caso, el defensor Bórquez explicó que ahora corresponde que se fije en fecha próxima un nuevo juicio oral, ante un nuevo trío de jueces.

La resolución, dictada hoy por el magistrado Luis Olivares, acogió los argumentos del abogado jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos, Jonathan Ramírez (foto), a favor de 10 apoderados y dirigentes vecinales que fueron imputados como autores de injurias y calumnias con publicidad en contra de la directora del colegio, Eliana Chávez Hernández, luego de que éstos realizaran una protesta en las afueras del establecimiento -ubicado en Villa Los Poetas- solicitando mejoras educacionales.

El caso se dio a conocer el 6 de junio de 2011, cuando un grupo de apoderados del colegio manifestó su descontento con la gestión realizada por la directora, aludiendo problemas de infraestructura, malos tratos a los alumnos y cobros indebidos de dinero.

Tras esta protesta, a la cual se sumaron dirigentes sociales, la directora presentó una querella por injurias y calumnias graves con publicidad a través de su abogada, Orietta Llauca. 

La acción penal privada pretendía condenar a 10 de los apoderados y dirigentes vecinales que habían participado en la manifestación, debido a que habrían insultado y denigrado públicamente a Eliana Chávez, además de atribuirle la comisión de delitos. 

RAZONES DE LA INOCENCIA
Esto siempre fue negado por los imputados, quienes declararon su inocencia y no aceptaron acuerdos que pretendían acabar con el proceso si se disculpaban públicamente.

Jonathan Ramírez explicó que “los apoderados siempre sostuvieron que no habían cometido el delito y que sólo estaban luchando por el derecho a tener una educación de calidad para sus hijos”.
  
Esto fue ratificado por una de las voceras de los apoderados movilizados, Elisabeth Ibacache, quien explicó que “desde un principio sabíamos que esta querella no iba a llegar a ningún lado, ya que todos los reclamos que hicimos eran por el bien de los niños y no tenían ninguna otra intención”.

Otro de los acusados de esta causa, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Ronny Torres, agregó que “esto demuestra que cualquiera puede acusar a otro de injurias y calumnias. Nosotros sólo buscamos que se atendieran los reclamos de los apoderados, orientados a mejorar la infraestructura del colegio y a corregir graves irregularidades que detectamos. Ahora, después de este sobreseimiento, sólo me queda agradecer el compromiso y el profesionalismo del abogado de la Defensoría Penal Pública, quien siempre nos dijo que estuviéramos calmados y que pronto todo se iba a aclarar”.

La iniciativa responde a una invitación hecha por los responsables de la sede La Serena del Instituto Profesional de Chile, quienes a través del proyecto “IP Chile en acción, una respuesta a la comunidad” buscan informar y educar a la opinión pública sobre temas como maltrato y abuso infantil, defensa penitenciaria, justicia penal, asistencia Legal gratuita, trámites del Registro Civil por internet y medidas alternativas al cumplimiento de la pena, entre otros.

El proyecto durará tres meses e incluye programas de radio de 30 minutos -en los que participarán representantes de todas las instituciones-, además de cápsulas radiales que fueron grabadas por Daniel San Martín, periodista de la Defensoría Regional de Coquimbo.

LEY PENAL ADOLESCENTE
Durante el primer programa, el Defensor Regional, Alejandro Viada; el seremi de Justicia, Gregorio Rodriguez, y Víctor Donoso, abogado de Sename, informaron y evaluaron la aplicación de la ley penal juvenil. Los tres coincidieron en que esta norma ha sido positiva al favorecer la reinserción de los jóvenes, pero reconocieron también que falta mejorar la aplicación de los programas de rehabilitación.

Viada explicó que la Defensoría Penal cumple la misión de asistir tanto a adultos como adolescentes que cometan un delito. “Incluso un joven, desde el momento en que es detenido, no puede declarar ante el fiscal o la policía si no está presente el abogado defensor”, resaltó. Agregó que los menores tienen derecho a una defensa completamente gratuita.

Durante el encuentro se les dieron a conocer los beneficios intrapenitenciarios a los que pueden optar, que incluyen permisos de salida diaria, rebaja de condena y salida dominical, entre otros, además de recomendaciones sobre cómo acceder a cada uno de ellos. También conocieron en qué consiste la libertad condicional y los requisitos para adquirirla, lo mismo que el beneficio de reducción de condena.

Raúl Palma explicó a los presentes que “esta actividad busca establecer una comunicación directa entre la Defensoría y ustedes, nuestros sus usuarios, para detectar inquietudes, reclamos y entregar otras informaciones que sirvan para mejorar el desempeño de nuestras funciones. Además, quiero que tengan claro que para nosotros ustedes siguen siendo nuestros clientes y vamos a llevar adelante actividades como ésta de manera permanente”.

También destacó la especialización que recibió el Defensor Local Jefe de Copiapó en la Academia Penitenciaria desarrollada recientemente en Santiago, que se inserta en un lineamiento de trabajo de la Defensoría con los beneficiarios condenados. Por lo mismo, instó a los internos a aclarar sus dudas, quienes se mostraron agradecidos por ser tomados en cuenta y solicitaron más espacios como este.

Palma y Navarro tomaron nota de cada comentario y pregunta realizada durante la jornada, las que serán analizadas y procesadas por ellos, para luego ser respondidos a cada interno en una próxima reunión. 

Al finalizar la actividad, los condenados recibieron material de difusión consistente en cartillas informativas de derechos y obligaciones, cuyo contenido establece los beneficios intrapenitenciarios más solicitados y sus requisitos, así como también una breve información sobre el derecho de eliminación de antecedentes penales.

Durante el juicio oral, la fiscalía acusó a los imputados Roney Monroy, Emilio Alvarado, J.F y J.F. -ambos hermanos y menores de edad-, por el robo con homicidio en contra de Camilo Ossandón, ocurrido la madrugada del 20 de noviembre de 2010. Ossandón participaba en una fiesta en la Compañía Alta y al originarse una riña huyó del lugar, siendo perseguido y alcanzado por un número indeterminado de sujetos que lo golpearon con pies, puños y elementos contundentes. Tras agonizar cinco días, la víctima falleció en el hospital de Coquimbo.

Luego de conocer las pruebas, los jueces Iván Corona, María Devoto y Nury Benavides resolvieron recalificar el delito de robo con homicidio y condenar a los acusados por homicidio calificado, hurto y lesiones menos graves a penas de entre 5 y 20 años.

Esto llevó a los defensores penales Paula Pérez, Bárbara Antivero y Juan Pablo Segovia a presentar recursos de nulidad, argumentando que el tribunal oral no instó a los intervinientes a debatir sobre la recalificación de los hechos por los que la fiscalía acusó a sus defendidos.

CÓDIGO PROCESAL PENAL
Precisamente, el argumento de la Corte de Apelaciones para anular el juicio especifica que los jueces del tribunal oral no cumplieron con el artículo 341 del Código Procesal Penal, según el cual la sentencia no pueda exceder el contenido de la acusación, no pudiéndose condenar por hechos y circunstancias no contenidos en ésta, y que en caso de hacerlo, derivará siempre y cuando se advierta a los intervinientes en la audiencia para debatir sobre los hechos.

Tras el fallo, la defensora penal Bárbara Antivero (foto) expresó su conformidad con la resolución de la Corte y destacó que éste da la razón a los defensores penales en que no fueron advertidos ni invitados a debatir por los jueces de tribunal oral para recalificar los hechos, “siendo finalmente los acusados condenados por tres delitos que no eran parte de la acusación de la fiscalía”.

El proyecto, financiado por el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se está desarrollando en cuatro regiones del país y tiene por objetivo fortalecer a las organizaciones que trabajan en procesos de inclusión social para usuarios problemáticos de drogas y personas privadas de libertad. El objetivo es simple: tender a la  construcción conjunta de programas de acción y ejecución de políticas intrapenitenciarias.

A partir de ello y en atención al trabajo desarrollado por la Defensoría Regional a través de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD), los coordinadores de la red invitaron a la sicóloga Golda Barrientos a exponer sobre los beneficios contemplados en la Ley 18.216, de cumplimiento alternativo de la pena.

Durante la exposición, inserta en el programa de las primeras jornadas de acercamiento entre las entidades que darán vida a la red, la sicóloga de la Defensoría Regional tomó contacto con las organizaciones que formarán parte de la red y, de paso, aclaró diversas dudas respecto de la aplicación de los beneficios.

PENAS ALTERNATIVAS
En este contexto, Bárbara González -coordinadora de la actividad y directora de la Fundación EFAD- explicó que “sólo entre 2000 y 2010 la población penal se duplicó,  haciendo que la situación de hacinamiento esté en situaciones críticas. Ello nos hace pensar que las penas alternativas han sido muy poco usadas por los distintos actores del sistema y, en la mayoría de los casos, se termina utilizando el encierro como el único mecanismo de control efectivo sobre las conductas delictuales de las personas procesadas”.

Para Bárbara González, muchas de las organizaciones que trabajan en inclusión social de los temas relacionados al uso de drogas y la delincuencia, se encuentran en una situación fragmentaria, con escasez de recursos económicos, carencia de conocimientos y modelos de trabajo.

“Justamente por ello requerimos la conformación de una red y contar con la experiencia de instituciones como la Defensoría y otras que puedan aportar apoyo técnico y profesional para alcanzar estructura organizativa, estrategia de desarrollo, gestión de recursos financieros y humanos para avanzar en temas de naturaleza penitenciaria”, aseguró.

La ceremonia oficial de conformación de la red tuvo lugar en el Instituto de Formación Católica del Arzobispado de Antofagasta (Infoca), ubicado en calle Sucre 631, y contó con la participación de un importante número de organizaciones. Ahora el trabajo se desarrollará a través de comisiones técnicas.

CONTROL DE DETENCIÓN
Durante la audiencia de control de detención, la Fiscalía relató que la víctima fue reducida por unos individuos, entre los que se encontraría el imputado, quienes -supuestamente- sin mayor motivo lo subieron a una camioneta en la que lo transportaron por la comuna de Dalcahue (en la Provincia de Chiloé). Todo esto, según el fiscal Jorge Raddatz, habría durado aproximadamente 40 minutos. 

En su momento, la defensa aclaró que este hecho se produjo en realidad a propósito de una riña que se gestó a la salida de la discoteca Kmazú de Dalcahue y que la víctima no fue secuestrada, sino que retenida en un vehículo mientras el imputado y sus amigos buscaban a los  sujetos que los habrían agredido, los cuales serían conocidos del denunciante.

El defensor Mora agregó que la supuesta víctima se bajó de la camioneta cuando un carabinero detuvo el vehículo para realizar un control rutinario de tránsito, pero no aprovechó dicha instancia para denunciar el supuesto secuestro, ni tampoco llamó a la policía al bajarse.

“No existió flagrancia en la detención del imputado, tal como argumentó la Fiscalía, porque la víctima  estuvo en posición de dar cuenta de los hechos a Carabineros al momento de bajarse del vehículo y no lo hizo. Sólo efectuó la denuncia horas después, en la Tenencia de Dalcahue”, dijo el defensor.

Añadió que durante el control de tránsito realizado por Carabineros, el imputado fue detenido por presentar una multa impaga, por lo que fue trasladado hasta el cuartel policial. Cuando se estaba constatando lesiones en el centro de salud fue nuevamente detenido (supuestamente por la denuncia por secuestro), aunque Carabineros no le informó el motivo de la aprehensión ni le leyó sus derechos, antecedente que fue tomado en cuenta por la magistrada para resolver la ilegalidad de la detención reclamada por la defensa.

LA RESOLUCIÓN 
Ante los argumentos expuestos durante la audiencia, la magistrada Islas decidió declarar ilegal la detención y negar la prisión preventiva que la Fiscalía había solicitado como medida cautelar contra el imputado.

Es más, la jueza desechó también el arresto domiciliario total que el Ministerio Público pidió en subsidio y sólo concedió como cautelares que el imputado no se acerque a la víctima ni se comunique con ella y que firme quincenalmente en el Tribunal de Garantía.

Esto, debido a que la magistrada consideró que no había antecedentes que justificaran la existencia del delito de secuestro en este caso, aunque planteó que se podría estar en presencia de un caso de  amenazas condicionales y lesiones leves.

Finalmente, se fijaron 90 días como plazo de investigación y se ordenó la libertad del detenido.

Guillermina Painebilu y Jessica Guzmán Painebilu, madre e hija, fueron violentamente detenidas por varios policías, tal como lo demostró un video grabado por otra hija de la mujer y que desde anoche fue profusamente difundido por medios electrónicos y redes sociales.

"APREMIOS ILEGÍTIMOS"
Esta mañana, ambas detenidas fueron llevadas a audiencia de control de detención, instancia en que fueron representadas por la defensora jefe de la Defensoría Penal Mapuche, María del Rosario Salamanca.

Acompañada por la jefa de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía, Sandra Haro, la abogada Salamanca expuso las condiciones en que ambas mujeres fueron detenidas: “Recibieron apremios ilegítimos de parte de carabineros. Ellas tienen lesiones que están constatadas en el servicio de salud. La señora Guillermina tiene una contusión por objeto contundente en el antebrazo y en el cuello. Ellas no estaban cometiendo ningún delito, los carabineros están autorizados a detener en caso de flagrancia, pero el video demostró que eso no fue lo que ocurrió”.

La defensora pública solicitó al tribunal declarar ilegal la detención y para ello pidió que se exhibiera el video del procedimiento policial y que las imputadas entregaran su testimonio sobre los hechos. En las imágenes, se muestra a los carabineros golpeando con sus armas a madre e hija, mientras una de ellas llevaba a un bebé en sus brazos.

Una vez expuesto el video y tras la declaración de ambas imputadas, el fiscal a cargo de la causa decidió no formular cargos en su contra y poco después, el juez Gutiérrez no sólo declaró ilegal la detención, sino que además decidió oficiar al jefe de la Novena Zona Policial de Carabineros –general Iván Bezmalinovic-, para que inicie una investigación interna de los hechos, y denunciar lo ocurrido a la Fiscalía Militar, para que investigue los eventuales maltratos contra las detenidas.

SUJECIÓN A NORMAS
Cabe recordar que el pasado viernes 6 de enero, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema confirmó un fallo previo de la Corte de Apelaciones de Temuco, que el 21 de diciembre pasado acogió -a su vez- un recurso de amparo constitucional interpuesto a favor del menor F.M.M., de 12 de edad, y otros integrantes de la comunidad mapuche Temucuicui, situada en la comuna de Ercilla, en la Novena Región.

En ese fallo original, la Corte de Temuco ordenó a Carabineros “efectuar los procedimientos policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”.

El 9 de enero, ambos adolescentes -de 15 y 17 años, respectivamente- fueron sorprendidos por Carabineros mientras incendiaban pastizales situados en la franja pública de la orilla del camino que une Traiguén con Victoria, en la Novena Región, ocasión en la que lograron afectar una superficie de poco más de 600 metros cuadrados de maleza.

Desde ese momento hasta el mediodía de hoy, en que se efectuó el control de su detención, ambos quedaron en internación provisoria en el centro del Sename que funciona en Cholchol.

POSIBLE APELACIÓN
Junto con el arresto parcial y durante los dos meses fijados para la investigación de los hechos, los jóvenes deberán firmar mensualmente ante la Policía de Investigaciones (PDI) de Traiguén y además estarán sujetos a la vigilancia del Sename. A la salida del tribunal, ambos menores y sus madres se abrazaron, muy contentos de recuperar su libertad.

El defensor penal público Rodrigo Flores, encargado de representar a uno de los menores en la audiencia, explicó su rechazo a la aplicación de cualquier medida cautelar en este caso, por considerar que no existen antecedentes de participación respecto del adolescente, quien además no registra condenas anteriores.

“Aplicando las normas de la Ley 20.084 y la Convención de Derechos del Niño, nunca debió aplicarse una medida restrictiva de libertad como la que se decretó, por lo que estamos evaluando apelar de dicha resolución. Y en el caso improbable de que el menor sea condenado, creemos que nunca lo será a una sanción privativa de libertad”, explicó Flores.

En la audiencia de control de detención, el Ministerio Público solicitó la ampliación de ésta, argumentando que requerían de mayores antecedentes para formalizar a los menores, por lo que recién hoy se les dará a conocer por qué están siendo investigados.

Los adolescentes, de 15 y 17 años de edad, fueron defendidos por el abogado jefe de la Defensoría Local de Angol, Rodrigo Flores Ulloa, quien solicitó al tribunal declarar la ilegalidad de la detención, por no ajustarse al criterio de flagrancia. Pese a la oposición de la defensa, el tribunal dejó a los jóvenes privados de libertad.

“Nosotros explicamos que nos parecía excesivo mantener la detención. Nos opusimos a la legalidad, porque los adolescentes se dirigían a su domicilio en horas de la noche por un lugar de paso obligatorio”, explicó Flores.

Los menores, que no registran antecedentes penales anteriores y estudian en un liceo de la zona, se encuentran privados de libertad en un centro del Sename a la espera de su formalización.

El juicio, que se extendió por una semana, busca conocer la responsabilidad de Danny Dávalos en la muerte del abogado Raúl Santa María, de su esposa -y hermana del homicida- Rose Marie Dávalos y de la empleada del matrimonio, Isabel Méndez.

La defensa del acusado Dávalos Echeverría estuvo a cargo del defensor local de Curacaví, Rodrigo Velázquez (foto interior), quien afirmó al inicio del juicio que “los hechos de la acusación fiscal se encuentran dentro de una convención probatoria. Según esta convención, reconocemos los hechos y la participación de mi defendido en ellos, por lo que la cuestión central del juicio será establecer si el señor Dávalos es inimputable o no desde el punto de vista penal”, explicó.

IMPUTABILIDAD
A juicio de la fiscalía y querellante, Danny Dávalos es responsable e imputable del delito de homicidio simple en contra del matrimonio Santa María-Dávalos y de su empleada, en tanto la defensa dice que Dávalos Echeverria sufre de una esquizofrenia y paranoia que lo hacen inimputable o con una imputabilidad a lo menos disminuida.

El Tribunal Oral de Melipilla dará a conocer a las 11 horas su decisión en relación con la acusación fiscal, determinando así si Danny Dávalos es o no penalmente responsable de los delitos que se le acusan.

En efecto, si al ciudadano común que postea en las redes sociales le llama la atención que los llamados delincuentes de “cuello y corbata” entren por puertas laterales a los Tribunales de Justicia y cumplan penas extremadamente bajas y con beneficios -después de haberse metido, literalmente, a gran parte del país al bolsillo-, cuanto más no debiese impulsar un cambio y aceleramiento en nuestras autoridades para generar la modernización de nuestro sistema de tipificación penal.

En contrapunto, “robar una gallina” tiene asignada una pena a lo menos igual a la que arriesgan estos grandes emprendedores. También llama la atención de la opinión pública que por incendiar o tan sólo intentarlo, usando para ello algún elemento incendiario, se invoque la Ley Antiterrorista y se sancione por ello a 10 años o más de privación de libertad a personas de etnia mapuche, mientras que un extranjero tan solo arriesga una multa, si se comprueba que su accionar imprudente causó un incendio que destruyó miles y miles de hectáreas…

Algo está mal, o suena mal, y ello no es más que la mantención en nuestro país de un sistema de delitos y penas -derecho penal de fondo, le llaman los entendidos- claramente anacrónico, decimonónico o pasado de moda, si se quiere.

Por todo lo anterior es que parece contradictorio que si uno de los ejes centrales de todas las tendencias políticas -a la hora de presentar sus programas de gobierno- es el tema del delito y el fenómeno de la delincuencia, no se haya complementado la exitosa reforma procesal penal con una actualización del catálogo de delitos en nuestro país.

Es esta debilidad la que produce un sinfín de críticas al accionar de todos los operadores de la justicia criminal en Chile, algunas fundadas y otras -las más - claramente no, pero que en su conjunto debilitan la confianza de la ciudadanía en nuestras autoridades, lo cual debiese solucionarse.

Queda esta tarea pendiente para poder decir que nuestro sistema criminal ha terminado de ponerse a tono con la nueva era. Esperemos que no pase otro siglo para ello.

Por José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional del Maule.

En primer término, la entrada en la escena de la persecución penal de los denominados delitos de cuello blanco, de carácter económico o vinculados  a desastres ambientales, cuyos autores utilizan ardides en el límite de lo lícito; distorsionan el mercado y afectan bienes jurídicos difusos.

Sobre ellos, urge la reformulación de categorías jurídicas, tipos penales y tipos de sanciones con el rigor técnico y dogmático que dicha normativa requiere y no al calor de las luces televisivas-electorales.

En segundo término, recordemos la polémica suscitada entre la autoridad del Ejecutivo con los órganos jurisdiccionales y de persecución penal. La sola situación nos trae de vuelta a las teorías clásicas de separación de poderes y funciones, y a la existencia  de  organismos con determinadas competencias. Todo ello, en el contexto de los roles que la propia Constitución ha definido.

Reducir el debate a no  sumarse a una especie de cruzada nacional en contra de la delincuencia o a favor de la seguridad ciudadana es  del todo errado, pues

desatiende los roles que la Constitución o la ley ha otorgado a cada órgano, ya sea   juzgando sobre la base del mérito de la prueba de cargo respecto de la comisión de un delito, ya sea sustentando la acción penal pública con las herramientas legales  adecuadas para cada caso en particular.

En términos generales, 2011 fue un año disonante desde la perspectiva jurídica. Sin embargo, a la hora de los desafíos para el mítico 2012, la Defensoría Penal Pública continuará avanzando en el cumplimento de su misión institucional de hacer efectivo el derecho a defensa de todo imputado y,  de paso, materializando las obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos del Estado de Chile.

Así las cosas, renovamos nuestro compromiso con una defensa técnica y altamente profesionalizada, lo que nos llevará a continuar creciendo y especializándonos en materias tales como la defensa adolescente, indígena, de género o penitenciaria, para así seguir prestando una defensa de calidad a toda persona imputada de un crimen, simple delito o falta. Ese es nuestro norte.

Por Roberto Vega Taucare,
Defensor Regional (S) de Antofagasta.

Ahora, con los antecedentes en mano y sin desconocer el gran número de personas que son detenidas cada año por conducir en estado de ebriedad, los invito a realizar el siguiente ejercicio. Planteémonos la siguiente situación:

• Si las infracciones a la Ley de Tránsito, específicamente aquellas por conducción en estado de ebriedad, son el segundo delito que se comete con mayor frecuencia en la región,
• Si estas cifras han sido una constante en el tiempo y además el alcohol es un flagelo que está instaurado en nuestra sociedad,
• Y si, a la vez, la sociedad recibe incentivos publicitarios para un inicio cada vez más temprano en su ingesta,

… La solución claramente no va por atacar la conducta final solamente. Es necesario hacer algo antes de que una persona ebria se siente al volante de un vehículo para conducirlo, poniéndose en riesgo primero ella misma y luego a toda la comunidad en su conjunto, ya que los factores que hemos enumerado -que en los hechos se presentan con tanta fuerza en nuestra región- no se acabarán si se llegara a aprobar por el Parlamento el proyecto que aumenta las sanciones por manejar en estado de ebriedad.

Sinceramente, creo que aumentar las penas generará un mayor número de personas sometidas a un proceso penal casi exclusivamente y, en lo fundamental, no tendría mayor influencia en lo importante, que es generar un cambio de actitud y mentalidad en los bebedores para abstenerse de conducir.

Como Defensoría Penal, consideramos que una campaña para evitar el consumo de alcohol al conducir, funcionaría prohibiendo su publicidad en la prensa, prohibiendo su venta a menores o en ciertos horarios nocturnos. Las panaderías, por ejemplo, no atienden en horarios nocturnos y los supermercados cierran máximo a las diez de la noche. ¿Por qué ha de resultar necesario que los expendios de alcohol tengan un horario extendido?

Otra medida sería realizar controles a la salida de los centros de diversión. La sola presencia de la policía en otros países actúa como elemento disuasivo en estas materias, así se ayudaría eficazmente a la disminución de las infracciones, pues no estamos por penalizar a nuestros conciudadanos. La labor en este campo es y debe ser prevenir la comisión de estos ilícitos, pues una vez cometidos las consecuencias en muchos casos son irreparables, por más sanción que se aplique al infractor.

Se deben considerar, además, mecanismos alternativos de detección, diagnóstico y tratamiento de los problemas de dependencia de este tipo de bebidas, considerando que el perfil de las personas que conducen en estado de ebriedad, según nuestros antecedentes, indican que sólo el 16,7 por ciento tenía antecedentes previos, mientras que el 83,8 por ciento contaba con una irreprochable conducta, lo que da a entender que no estamos defendiendo delincuentes, sino que personas que por primera vez incurren en este delito.

Es tan importante el tema de la educación en materia de consumo responsable de alcohol, porque la ebriedad no sólo está presente en materia de delitos de tránsito. También, y con consecuencias aún mayores, se encuentra en delitos en contra de las personas. Sin ir más lejos, la semana anterior supimos de un caso que involucró incluso a familiares.

Respecto de este último párrafo, cabe señalar que existe un estudio exploratorio descriptivo, realizado por la Defensoría Penal Pública, a 154 carpetas de investigación ingresadas en la Defensoría de casos de gran conmoción desde el punto de vista social, según el cual se pudo establecer que el 39 por ciento de los imputados se encontraba bajo la influencia del alcohol.

Por tanto, es importante hacer hincapié en que el problema que prevalece en la comisión de un delito -sea de conducción o contra las personas- es el alcohol, y es aquí donde se debe invertir en prevención, educación y en medidas que restrinjan su consumo más allá de lo conveniente.

Juan Carlos Rebolledo Pereira,
Defensor Regional de Aysén.

El tribunal, integrado por Gonzalo Garay (presidente) Ximena Saldivia y Cecilia Subiabre, consideró en su fallo que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron “insuficientes para acreditar los hechos y las participaciones”.

Los comuneros Leonardo Lican Ñanco, Juan Pablo Lican Ñanco, Alexis Lican Ñanco, Marco Melinao Melinao, Cristian Leviano Melinao, Juan Bernardo Lican Melinao y Carlos Marin Marin fueron representados por los abogados de la Defensoría Penal Mapuche, dependiente de la Defensoría Regional de La Araucanía.

Uno de ellos, el defensor público Ricardo Cáceres, explicó que durante los tres días del juicio nunca pudo demostrarse quién sustrajo finalmente la madera: “Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron fotografías de predios forestales, fotografías aéreas y varios testigos protegidos. La fiscalía primero trató de comprobar la sustracción de la madera y después la participación de nuestros representados. Sin embargo, no quedó claro quién la sustrajo, tal como lo indicó el tribunal”.

Cáceres dijo que todos los abogados de la Defensoría Penal Mapuche quedaron muy satisfechos con lo señalado por los jueces al término de los alegatos de clausura del juicio oral. “Los antecedentes de la investigación no ameritaban una acusación de esta envergadura y fue por esta razón que los comuneros no aceptaron ninguna salida alternativa antes del juicio oral, porque no tenían participación en los hechos”.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Jaime López, abogado de la misma oficina especializada de la DPP, criticó específicamente la presunción de dominio que pretendió establecer la fiscalía a favor de la Forestal Mininco, pues el principal fundamento de la acusación señalaba que los comuneros mapuche tenían acopiada madera en sus casas, la que supuestamente pertenecía a la forestal y habría sido hurtada por ellos desde el fundo Poluco Pidenco.

“Lo sorprendente es que no hubo ninguna incautación, porque no se encontró ningún trozo de madera. Nos preguntamos cuál es el estándar que tiene la fiscalía para requerir por delito de hurto a las comunidades mapuche. Esto claramente se contrapone a la presunción de inocencia, donde se debe acreditar la participación de un individuo”, afirmó López.

El defensor público explicó que durante dos años la fiscalía mantuvo incautados cuatro vehículos y varias motosierras de los comuneros, lo que significó un perjuicio extra para ellos y sus familias. “La pregunta es quién va a responder por el daño causado al incautar estas herramientas de trabajo. Al parecer, hay un cuidado excesivo respecto del derecho de propiedad de unos y hay muy poco cuidado respecto al derecho de propiedad de otros”, concluyó.

DISCRIMINACIÓN
Para María del Rosario Salamanca, jefa de la Defensoría Penal Mapuche, queda claro que esta imputación fue absolutamente discriminatoria contra los comuneros mapuche, pues aquí el Ministerio Público “parte de la premisa de que toda madera que existe en las comunidades mapuche son hurtadas y pertenecen a alguna forestal”.

Agregó que en el caso del comunero que ella defendió, éste fue acusado de sustraer cien metros ruma que habrían estado apilados en su domicilio. “Sin embargo, no existe prueba alguna, incluso de dónde vive el imputado. ¿A qué otro ciudadano no mapuche se le lleva a juicio sin tener ningún tipo de prueba?”, preguntó.

El fallo se produjo a propósito de la apelación presentada por Carabineros tras el fallo inicial de la Corte de Temuco, que acogió el amparo y consignó una vulneración de derechos del menor al momento de su detención, ocurrida el pasado 8 de diciembre.

También ordenó a Carabineros “efectuar los procedimientos policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”.

MENOR DETENIDO
Los hechos que motivaron tanto el recurso de amparo como el fallo de hoy ocurrieron durante la tarde del pasado 8 de diciembre, cuando un gran contingente de Carabineros ingresó a la comunidad mapuche Temucuicui, contexto en cual el menor “fue esposado y subido a un carro policial, medio en el cual fue conducido a la comisaría de Collipulli, permaneciendo en calidad de detenido por varias horas”, hasta ser dejado en libertad durante la madrugada del día siguiente, tal como lo reflejó el parte policial emitido en ese momento.

Todos estos antecedentes fueron explicados ayer a los ministros de la sala penal por el defensor público Claudio Fierro (fotos), abogado de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, durante los alegatos en que Carabineros solicitó a la Corte revocar el fallo que acogió el amparo.

Consultado sobre la decisión de la sala penal, el abogado Fierro señaló que el fallo tiene una “relevancia especial” para generar un nuevo escenario de respeto riguroso a las garantías y derechos fundamentales de las comunidades indígenas, específicamente para la de Temucuicui.

“Esto, porque si bien la acción policial tiene respaldo legal en el contexto de investigaciones que realiza el Ministerio Público, tales procedimientos deben efectuarse dentro de un marco de legalidad y respeto a normas constitucionales y de derecho internacional como el Convenio 169 de la OIT”, agregó.

Conclusión relevante fue reconocer la deficiente calidad de los partes policiales, surgiendo el compromiso de implementar medidas para lograr que contengan los datos indispensables y necesarios para avanzar en una investigación.

Agrega que con estas medidas pretenden rebajar alrededor de 70 mil casos que son almacenados a la espera de reabrirlos si es que surgen nuevos datos, es decir cerca del 10 por ciento de los casos que hoy terminan por esa vía.

Como Defensor Regional comparto la necesidad de mejorar los procedimientos policiales, así podríamos contar con investigaciones más completas y reglas más claras de lo que un policía debe y no debe hacer, en especial si el parte policial se convertirá en la notitia criminis que iniciará un procedimiento donde, posiblemente, se restrinjan derechos de una persona.

Sin embargo, preocupa que el Ministerio Público asuma compromisos -traducidos en metas- que lo obliguen a disminuir este tipo de salidas. Ello puede afectar seriamente la objetividad con que los fiscales deben desarrollar sus investigaciones, viéndose forzados, eventualmente, a encontrar un “culpable”, aun cuando los antecedentes puedan ser insuficientes para esclarecer los hechos y, sobre todo, la persona del presunto autor, aunque las policías hayan realizado todos los esfuerzos para dar con su identificación.

Las metas de desempeño pretenden garantizar que los funcionarios cumplan sus funciones con eficiencia y eficacia, pero estos criterios gerenciales no pueden aplicarse a secas, pues ponen en peligro el adecuado funcionamiento de un Estado de derecho, en especial si se corre el riesgo de llevar a la justicia penal a personas que, por error, pudiesen sindicarse como presuntos autores de un delito “sólo para cumplir la meta”.

El principio de objetividad que obliga a los fiscales no es una imposición antojadiza, sino que es una garantía para que las investigaciones sean justas y racionales, permitiendo un primer filtro a la hora de continuar o no una investigación que, naturalmente, puede no contar con información suficiente.

Autoimponerse metas como la señalada puede convertirse en la espada de Damocles del Ministerio Público, que tanto ha defendido su independencia y objetividad para llevar adelante las políticas de persecución. Quizá las presiones han sido muchas. 

Por Alejandro Viada O.,
Defensor Regional de Coquimbo.

“La Defensoría ha atendido a 102 mil 939  causas en la Región de Los Lagos. De ellas, 31 mil 743 pertenecen a la provincia de Osorno, 50 mil 530 a la de Llanquihue, 19 mil 148 a la de Chiloé y mil 518 a la de Palena”, dijo el Defensor Regional.

Geisse agregó que “esta alta cantidad de imputados que han sido representados en sus causas debe ser tomada en cuenta cuando se señala peyorativamente que ejercemos como abogados de delincuentes. En general, las causas corresponden a delitos de baja complejidad, siendo las lesiones, los daños y los hurtos los que más se repiten históricamente. Además, casi la mitad de estas causas se resuelven con salidas alternativas, que no significan reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado e implican un acuerdo con la víctima o una suspensión condicional del procedimiento”.

El directivo institucional explicó que, en general, no se ha percibido un aumento explosivo en el número de causas que se judicializan y que finalmente requieren de abogados defensores. Más bien, explicó que se observa un incremento normal y moderado durante los últimos tres años.

Por ejemplo, a nivel regional en 2009 ingresaron 17 mil 326 causas, mientras que en 2010 esa cifra llegó a 17 mil 849 causas y hasta el 30 de diciembre de año 2011 ingresaron 18 mil 606.

A nivel local, la provincia de Osorno tuvo un ingreso de 5 mil 122 causas en 2010, cifra que bajó a 5 mil 98 en 2011. En la provincia de Llanquihue ingresaron 9 mil 56 causas en 2010 y  9 mil 648 en 2011. En Chiloé en 2010 ingresaron 3 mil 354 causas, cifra que llegó a 3 mil 626 el año pasado. Por último, en la Provincia de Palena el año 2010 ingresaron 317 causas y en 2011 esa cifra bajó a 234.

ABSOLUCIONES
De las causas que llegan a juicio oral, un importante número termina con absoluciones. Por ejemplo, durante 2011 se dictaron 272 sentencias en juicios orales en la Región de Los Lagos, de las cuales 44 fueron absoluciones. Esto, sumado a las 37 sentencias absolutorias en los juicios simplificados llevados a cabo durante el mismo período y la gran cantidad de personas que fueron sobreseídas luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar con las investigaciones en su contra.

“Esto hace necesario recordar a la comunidad que en nuestro país se presume que las personas investigadas por un delito son inocentes hasta que el Estado, a través del Ministerio Público y sus organismos auxiliares, logre probar lo contrario en un juicio público y contradictorio ante un tribunal y, posteriormente, éste determine, más allá de toda duda razonable, que es culpable de los hechos que se le imputan. Muchas de las personas que fueron absueltas debieron estar privadas de libertad (110 desde el año 2003 a la fecha) durante la investigación o fueron víctimas del castigo público al ser presentadas como delincuentes ante la comunidad”, advirtió el Defensor Regional.

ESPECIALIZACIÓN
Otro antecedente importante, orientado a la especialización y el mejoramiento de la calidad del servicio de defensa penal que presta la DPP, es que durante 2011 el 67 por ciento de las causas de imputados menores de edad fueron atendidas por defensores especializados en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA).

Esto se suma a que un gran número de defensores penales públicos fueron capacitados en derecho penal penitenciario e indígena durante 2011. Según el Francisco Geisse, “la Defensoría está preocupada por especializar la defensa en diversos ámbitos, para asegurar una atención de calidad a los sectores más discriminados y así velar por el principio de igualdad ante la ley que ampara a las personas”.

Benavides explicó que a diferencia de lo que han señalado algunos  medios de comunicación, su cliente nunca ha confesado ser autor o haber tenido siquiera participación en los hechos que precipitaron el incendio, que ya ha consumido más de 12 mil hectáreas.

“Al momento de ser detenido, mi cliente hizo uso del derecho a guardar silencio que ampara a todas las personas en Chile. Además requirió la presencia de un abogado defensor, por lo que como defensora local de Puerto Natales me correspondió asistirlo legalmente”.

La abogada recalcó que es misión de la Defensoría Penal Pública prestar defensa penal de calidad a todas las personas imputadas de un delito que así lo requieran, sin importar el delito que se le impute, como tampoco la condición social, sexo, nacionalidad, religión o etnia a la que pertenezca la persona. 

En la audiencia de formalización de la investigación, efectuada en la tarde del pasado sábado 31 de diciembre en el Tribunal de Garantía de Puerto Natales, a Zinger se le imputó una falta penal contemplada en la Ley de Bosques, luego de lo cual recuperó su libertad, aunque quedó con las medidas cautelares de firma semanal y arraigo regional, fijándose además un plazo de investigación de 90 días.

Durante la presentación del nuevo sistema de iluminación, el Defensor Regional de Valparaíso, Eduardo Morales, destacó que “somos el único servicio público del país en desarrollar este plan piloto, que busca establecer acciones de mejoramiento en el uso eficiente de la energía. Nos sentimos orgullosos de ser pioneros y así poder contribuir al ahorro de energía, tomando en cuenta que se trata de un recurso escaso, dada la sequía que afecta a algunas zonas de la región y del país”.

La Directora Administrativa Regional, Susana Llanos, explicó que la iniciativa consistió en cambiar 120 luminarias de los tres pisos del edificio institucional por otras con el sistema led. “Como servicio público, estamos comprometidos en el uso eficiente de los recursos fiscales y, en particular, con adoptar medidas concretas de ahorro energético”.

La Agencia seleccionó a la Defensoría Regional de Valparaíso para iniciar el proyecto, por lo cual se suscribió un convenio de colaboración que permitió una intervención de 24 millones de pesos en el inmueble, de los cuales 6 millones fueron destinados por la agencia a instalar un sistema de monitoreo y 18 millones de pesos a obras de cambio de tecnología de iluminación led, con el objeto de disminuir el consumo energético y permitir la instalación de sistemas de medición y control para proyectos futuros.

La Empresa de Servicios Energético (Energy Services Companies, ESCO), estuvo a cargo de las obras. En el marco del proyecto, se hará una evaluación después de un año de funcionamiento, para comparar la línea base definida y certificar el ahorro de energía.

Susana Llanos destacó el trabajo de la Unidad de Infraestructura de la Defensoría Nacional para materializar este proyecto, en especial del arquitecto Jacques Mora y de los funcionarios de la Defensoría Regional de Valparaíso que participaron en la iniciativa.

SISTEMA LED
Los especialistas destacan los siguientes beneficios del sistema de iluminación LED.

-Ahorro en consumo de energía.

-No tiene efecto estroboscópico. Las personas que trabajan bajo esta luz se cansan menos y tienen mejor rendimiento.

-Su vida útil es de 50 mil horas, lo que se traduce en 5 años y 6 meses, funcionando 24 horas al día.

-Tiene un buen índice de rendimiento del color. Los objetos se ve con sus colores originales.

-Están libres de metales pesados como el mercurio que tienen las lámparas fluorescentes, ampolletas de ahorro y haluros.

-No emiten rayos ultravioleta o infrarrojos.

El Ministerio Público pretendía que el edil firmara mensualmente en la Fiscalía de Osorno y que se le prohibiera salir del país, pero -tras la oposición de la defensa- el juez de Garantía, Alex Franke, descartó la necesidad de la firma y sólo acogió el arraigo nacional, consignando que si el alcalde  lo necesita podrá ir al extranjero, solicitando previamente la respectiva autorización judicial.

Según el abogado defensor, la solicitud de firma mensual era exagerada y no estaba justificada, teniendo en cuenta el tipo de delito investigado y la pena asociada a él,  además de que el imputado posee un fuerte arraigo social, familiar y laboral en la comuna en la que ejerce como alcalde y no presenta antecedentes penales. 

LA DETENCIÓN
El alcalde fue detenido la mañana del martes 28 de diciembre, luego de que atropellara a una mujer mientras ella cruzaba por la esquina de las calles Matta y Bilbao, en Osorno. Una vez que se corroboró que la accidentada presentaba sólo lesiones leves, Carabineros de la Primera Comisaría de Osorno le comunicó al alcalde que estaba detenido por no tener la licencia profesional debida para manejar el furgón Hyundai H1 que conducía.

“Él podría haber sido citado a la Fiscalía, tal como ocurre con la mayoría de las personas que son investigadas por este tipo de delitos, pero fue detenido y al otro día fue llevado hasta el Juzgado de Garantía, para la audiencia de control de detención”, explicó el defensor público.
 
Rozas agregó que “a juicio de la defensa la medida fue exagerada, sin pensar en su figura de alcalde, sino que en la de cualquier persona investigada por este tipo de delito, que no presenta antecedentes penales, que tiene más de 70 años y presenta problemas de salud. Pensamos que era factible y se daban las condiciones para que haya sido citado a la audiencia”. 

Este planteamiento quedó plasmado en un recurso de amparo presentado por la defensa horas después de la detención del alcalde. El objetivo era lograr la libertad del imputado, para permitir el tratamiento y no agravar una enfermedad crónica que lo aqueja. Esta presentación fue rechazada, pero el juez de garantía ordenó que se le facilitaran los medicamentos y el acceso a atención médica en caso de que sea necesaria.

En la ocasión el directivo institucional recordó que entregar una defensa de calidad para toda persona imputada de un delito es la principal obligación que el Estado le confirió a la Defensoría Penal Pública, misión que recae en los abogados institucionales y colaboradores licitados.

En las comunas de San Bernardo, Paine, Calera de Tango y Buin, la defensa es realizada por tres defensores institucionales, dos abogados penales juveniles y 10 profesionales licitados o con convenios directos, con lo que la Defensoría Regional Metropolitana Sur asegura la atención a todo imputado de su jurisdicción que no cuente con un abogado de su confianza.

Pavlic recordó que entre otras situaciones, la Defensoría está abocada a ser el verdadero contrapeso de la Fiscalía en el proceso penal, toda vez que en ese contexto se deben esgrimir los antecedentes aportados por los imputados, buscando la pena justa o la absolución si esos argumentos así lo indicaran.

Radio San Bernardo es una emisora on line que, con programación diaria, entrega información y entretención a los vecinos de la comuna. En los próximos meses espera retomar la señal abierta, la cual desde el 102.9 FM pretende ser un canal de comunicación directa para los vecinos de San Bernardo.

Un año después de que se decretó el sometimiento de Eliana de la Vega al plan de intervención -en el marco de los conocidos Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), tanto la defensa como la fiscalía y el propio magistrado a cargo le expresaron sus felicitaciones ante tan importante paso y destacaron que su voluntad le permitió avanzar en el camino de la rehabilitación.

La beneficiaria, quien en 2010 fue formalizada por el delito de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar (VIF), manifestaba un consumo problemático de pasta base de cocaína, problema que arrastraba desde que tenía 13 años, por lo cual fue internada en la comunidad terapéutica Cepas de Calama.

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO
Ayer, en la audiencia  en que se decretó el sobreseimiento definitivo de la causa, tras el cumplimento de la condición asociada, intervino primero su delegada del programa, Cristina Muraña Bautista, quien explicó que el proceso de Eliana -como todos los relacionados con consumo problemático- presentó grandes desafíos, ya que “la drogo dependencia es  una enfermedad crónica, por lo cual tal vez nunca se pierdan los deseos de consumo. Pero ahora ella tiene el control de su voluntad y sabe que la droga no  la llevará a nada bueno”.

El defensor público a cargo del programa de TTD, José Mario Fuentealba, destacó luego la importancia de este egreso como un nuevo ejemplo de que, ante casos como el de Eliana, se puede alcanzar grandes logros en materia de prevención del delito.

“El proceso ha sido largo y no exento de dificultades. Ella ha debido alejarse de su familia y, sin embargo, ha demostrado gran fortaleza. Eso, sin duda alguna, nos demuestra que el trabajo conjunto de las instituciones y la correcta aplicación de los programas, garantiza resultados satisfactorios, especialmente cuando la comisión de delitos está asociada a drogas”, expresó.

Asimismo, el defensor comentó que “este tipo de experiencias debiesen replicarse respecto de delitos de mayor gravedad, como ciertos robos y micro tráfico de drogas. Además, se debería ampliar el número de casos, de forma tal que su aplicación no se limite a personas sin antecedentes penales, sino que también se pueda aplicar respecto de reincidentes, lo que supone una modificación legal”, concluyó Fuentalba.

El magistrado Carlos Muñoz, quien casualmente fue el juez que hace un año dirigió la formalización de Eliana, se sumó a las felicitaciones y destacó que “esta no es la misma Eliana de hace un año atrás. Acá llegaste sin expectativas y claramente con tu vida marcada por la droga. Ahora hay que felicitarte y agradecerte, ya que diario quienes trabajamos en esta área nos enfrentamos a situaciones vinculadas a la miseria humana y, sin embargo, este tipo de audiencias son muy bonitas y nos permiten pensar que estamos haciendo las cosas bien”, puntualizó.

Eliana es madre de dos niñas, de 13 y 10 años. Por lo mismo, manifestó que su decisión de rehabilitarse está en estrecha relación con el rol materno que está dispuesta a asumir para sacar adelante las pequeñas. “Agradezco, porque en la comunidad Cepas me he sentido bien y ahora tengo las ganas y la voluntad para recuperarme a mí misma, a mis hijas y mi relación familiar junto a mi esposo”, concluyó.

CÍRCULO VICIOSO
Eliana es un ejemplo a destacar. Tiene 29 años, pero conoció la droga a los 13, edad en que escapó de su casa y se fue a Iquique. No completó su educación básica, fue madre por primera vez a los 14 años y durante todo su embarazo continuó consumiendo.

Sin embargo, cuando nació su hija, dejó completamente la droga durante cinco años. En ese período tuvo una nueva hija y estuvo bien hasta que decidió probar nuevamente la experiencia y terminó involucrada completamente. De sus hijas debió hacerse cargo su madre, contexto en que la joven cumplió los 20 años completamente consumida por la droga, robando y delinquiendo para conseguirla.

Pese a que se casó con un hombre sin vicios, ella continuó drogándose hasta que en medio de una pelea llegaron las agresiones y terminó formalizada por violencia intrafamiliar. Sólo allí decidió tomar la posibilidad de rehabilitarse en el contexto del TTD y ayer vio cumplido un gran paso.

TRIBUNALES DE DROGAS
Los llamados Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) nacieron en Chile a partir de un estudio que la Fundación Paz Ciudadana realizó en 2004 y que logró establecer que el 73 por ciento de los detenidos en flagrancia por delitos de mayor connotación social y Ley de Drogas había consumido al menos una droga ilegal en los días previos a la comisión del ilícito.

A partir de esta constatación, la fundación decidió aplicar en Chile este programa, que desde la década de los ‘90 en Estado s Unidos ha alcanzado un alto impacto en la disminución de la reincidencia en delitos relacionados con consumo de drogas.

Tras un periodo de aplicación progresiva, los TTD llegaron a la Región de Antofagasta en 2008, contabilizándose siete egresos a la fecha, de los cuales el de ayer fue el de la primera mujer en la zona.

Esa es la lógica de atención de la Defensoría Penal Pública a nivel nacional, pues se ha establecido como un servicio público al cual puede recurrir cualquier persona, sin considerar sus recursos, y una vez atendida, se determinará mediante un mecanismo único y universal si debe o no pagar por los servicios prestados.

En nuestro caso, el instrumento que utilizamos para determinar la gratuidad de la entrega del servicio de defensa es la Ficha de Protección Social, instrumento de nivel estatal conocido por todos, en aspectos tales como el acceso a la vivienda, por ejemplo.

Si bien, la ley enuncia que “toda persona imputada de delito tiene el derecho ‘irrenunciable’ a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado”, este derecho gratuito solamente se aplica a favor del sector más vulnerable del país, pues para quienes cuenten con recursos económicos hay establecidos aranceles con los montos que deberán cancelar -total o parcialmente- por el servicio prestado.

Al momento del primer contacto que tenga el imputado con su abogado defensor, éste último deberá entregarle información clara sobre el cobro del arancel. Por lo tanto, le solicitará datos como nombre, RUT, dirección, teléfono, situación laboral y situación educacional, con el propósito de consultar el puntaje que registra en la Ficha de Protección Social.

En la región de Aysén, desde que comenzó la aplicación de la Ficha de Protección Social -considerando unas mil 745 causas terminadas- en materia de aranceles, unas  mil 686 personas quedaron exentas de pago por el hecho de contar con un puntaje menor a 16 mil 316  (tope máximo) y sólo 59 personas en principio quedaron sujetas a pago de arancel, sin perjuicio que 35 de éstas últimas luego fueron excluidas por otras razones, por ejemplo, que su causa terminó en una sola audiencia, que se encontraban cesantes, eran estudiantes, o que estaban o estuvieron en algún momento sujetos a prisión preventiva, entre otras razones.

Es decir, en la actualidad y sobre un universo de mil 745 causas, sólo 24 de ellas se encuentran en situación de pagar por servicios de defensa penal, sin perjuicio de que es posible que a su respecto, por no contar con ficha, exista alguna causal de exclusión. Respecto de aquellos que no posean FPS, la Defensoría les otorga un plazo de 120 días para que realicen el trámite completo de inscripción. 

A nivel nacional, el porcentaje de gratuidad en la entrega de este servicio supera el 95 por ciento, y es en este contexto que el Defensor Nacional, Georgy Schubert, destacó que uno de los objetivos de cobrar por los servicios de defensa penal es para incentivar a las personas que tengan los medios para pagar un abogado de ejercicio privado a acudan a ellos y no a la Defensoría. “De esta manera,  podemos atender las necesidades de las personas más pobres”, dijo.

Finalmente, es de esperar que los cambios que genere el Ministerio de Desarrollo Social a la Ficha de Protección Social en enero próximo nos permitan identificar y priorizar de mejor manera la población que realmente necesita los beneficios sociales, caracterizando de forma confiable la condición socio-económica del usuario y su familia.

Si necesita más información en torno a este y otros temas relacionados con los servicios de defensa penal, se puede acercar a nuestras oficinas ubicadas en Freire #274, fono (67) 240873, horario de atención de lunes a viernes, desde las 08:30a las 17:30 horas.

Esta ley tiene por finalidad regular la responsabilidad penal de todos los adolescentes por los delitos que cometan, el proceso de investigación y el establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones a aplicar y la modalidad de cumplimiento de éstas.

Si bien la legislación rebajó la responsabilidad penal a los 14 años, su objetivo fue adecuarse a la etapa de desarrollo del adolescente. No nace como una respuesta para disminuir la delincuencia juvenil (que responde a fenómenos complejos y debe ser tratada en su origen más que en sus consecuencias), sino que surge para adecuarse a la  normativa internacional, que requiere tener un sistema especializado para los jóvenes infractores de la ley penal, reconociéndole derechos que antes no tenía y proveyendo una respuesta completa del sistema más adecuada.

Antes, el adolescente infractor era tratado simplemente como un adulto con una rebaja de pena. Ahora existe un juicio y un tratamiento que reconoce las particularidades de un joven adolescente en proceso de desarrollo, en el cual puede cambiar, y que al ser intervenido compromete su responsabilización y su adecuada reinserción social.

Por Claudio Gálvez Giordano,
Defensor Regional de Arica y Parinacota.

Durante el juicio oral, la fiscalía sostuvo que en febrero de 2010 y a través de interceptaciones telefónicas, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena detectó una red que desde el norte transportaba droga hasta Ovalle.

A fines de julio de ese año, en dos operativos realizados en La Serena y Ovalle, respectivamente, los policías incautaron 49 kilos de pasta base y detuvieron a tres personas por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. En el caso especifico de Pozo, fue involucrado porque supuestamente debía efectuar procedimientos químicos para transformar o purificar la droga.

Sin embargo, su defensor público, Hugo Lagunas (foto interior), argumentó que tanto en el traslado como en el hallazgo de la droga, en las escuchas telefónicas y en las declaraciones de los funcionarios policiales hubo prueba alguna que acreditara notoriamente su participación. “Quedó claro que mi representado no participó en ninguna transacción, traslado, ni tampoco se le encontró droga en su poder”, recalcó el abogado.

Luego de conocer las pruebas testimoniales y periciales, los magistrados Eugenia Gallardo, Claudia Ortiz y Arturo Briceño resolvieron condenar a Pedro Ibacache y Claudio Anjel a las penas de 4 y  5 años y 1 día, respectivamente, al tiempo que absolvieron a Julián Pozo, quien permaneció privado de libertad desde el 30 de julio del 2010.

NO ERA EL “COCINERO”
En la sentencia, los jueces determinaron que pese a los dichos de los funcionarios policiales en cuanto a que Pozo actuaría como “cocinero” de la droga, eso constituye sólo una hipótesis, ya que no existió ninguna acción ni participación en la cadena del tráfico en que éste haya transportado, adquirido, poseído, guardado o portado sustancia alguna.

Además, establecieron que ni siquiera se comprobó que el acusado haya tenido conocimiento de la existencia de droga.

El defensor Lagunas comentó que durante el extenso período en que permaneció privado de libertad, Pozo fue visitado sólo en dos ocasiones por su hermana, quien viajó desde Tacna, aunque lamentablemente la precaria situación económica en que quedaron su señora e hijos les impidió venir a verlo.

“Vivió momentos de tristeza y soledad muy duros que le costó sobrellevar, sobre todo que desde un principio él me señaló que su detención era un error y que no tenía ninguna participación en esta red de tráfico”, aseguró Lagunas.

La presente tiene el objetivo de enfrentar el desconcierto que genera la carta al director publicada hoy en su diario, bajo la firma del doctor Jorge Soto Silva. Este profesional, en medio de un texto en que quiere criticar análisis jurídicos de personeros ajenos a nuestra institución, se permite afirmar que “la Defensoría defiende a delincuentes”.

Para claridad del doctor Soto y de otras personas que puedan tener la misma confusión, la misión de la Defensoría Penal Pública es: “Proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de los representados”.

Para nosotros y para la sociedad chilena en general, son personas todos los seres humanos, transgredan la ley o no. Sólo los tribunales de la república tienen la potestad de discernir que algunos han quebrantado el respeto que todos debemos tener por el derecho, pero para llegar a eso debe seguirse un procedimiento en que hay un acusador y un defensor, quienes exhiben sus fundamentos jurídicos y pruebas para que los jueces diriman si hay responsabilidad o no en un ilícito. Eso da la garantía de un juicio justo.

Para abundar, podemos citar que en 2010 nos tocó atender en Tarapacá un total de 429 casos en juicios orales, de los cuales un 17 por ciento resultó en absoluciones. Esto quiere decir que defendimos, sólo en esa modalidad, a 429 casos de acusados de cometer delitos, en los cuales 342 personas fueron declaradas culpables y 87, personas también, fueron proclamadas inocentes por los tribunales.

Lo anterior prueba que nuestra labor no es defender delincuentes, sino que asegurarnos que los juicios en materia penal sean justos, para legitimar la persecución penal y proteger a nuestra sociedad.

Arturo Zegarra W.,
Defensor Regional de Tarapacá.

El trasfondo de esta causa indígena se relaciona con que el territorio que reclaman como ancestralmente suyo estas comunidades pertenece actualmente a la Forestal Las Vertientes. Precisamente en este escenario, en febrero pasado surgió una arista penal, cuando un grupo de familias ingresó al predio para realizar un nguillatún en un lugar considerado sagrado.

Esto derivó en un desalojo efectuado por Carabineros y en la formalización -en octubre de este año- de cinco miembros de la comunidad Reinahuel, por los delitos de hurto simple de una radio desde la casa de uno de los cuidadores del predio y por usurpación no violenta de tierras.

CRUCE DE INFORMACIÓN
Durante el encuentro efectuado en Trafún, el jefe regional de Estudios, Marco Montero; el defensor titular, Luis Soto; la defensora de Los Lagos Loreto Mondión y la encargada regional de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD), Karin Schmidt, entregaron a los comuneros información sobre el estado de tramitación de la causa, los plazos de investigación, las diligencias pendientes y las condiciones de cumplimiento de las medidas cautelares, entre otros temas.

Paralelamente, un equipo de antropólogos dio cuenta de la investigación que desarrolla  para la reconstrucción histórico-cultural de las dos comunidades, trabajo que eventualmente se complementaría con el peritaje antropológico encargado por la defensa pública y que constituiría un insumo para enfrentar la acusación en curso, iniciada por la Fiscalía de Panguipulli contra algunos miembros de la comunidad. 

Además, desde la perspectiva de la reivindicación, el equipo jurídico y de comunicaciones del Observatorio Ciudadano de Temuco se refirió a la gestiones efectuadas con miras a la recuperación de tierras a través de Conadi, solicitud que debiera ingresar al sistema y sustentarse en gran parte por esta investigación histórico cultural en desarrollo.

Para los miembros de estas dos comunidades mapuche, la reunión permitió contar in situ con todos los organismos e instituciones que los asesoran y representan en distintas materias. Para éstas últimas, en tanto, el cruce de información útil resultó fundamental para sus respectivas tareas.

Desde la Defensoría, Marco Montero relevó el valor de este contacto directo y en terreno, “lo que permite incorporar elementos culturales que enriquecen la prestación de defensa en este caso”, para luego destacar que este encuentro “responde a la preocupación e interés de la Defensoría Penal por brindar una defensa especializada y de calidad a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”.

PRÓXIMO NGUILLATÚN
Una de las inquietudes planteadas por ambas comunidades fue la necesidad de realizar -en febrero próximo- un nuevo nguillatún en el mismo sitio sagrado situado dentro del predio en conflicto. Como respuesta, la defensa se comprometió a realizar gestiones con el tribunal de garantía, a fin de que dicho ceremonial no se considere un incumplimiento de una resolución judicial vigente. 

Al término del trewún (reunión), el lonco Manuel Reinahuel agradeció en mapudungun el apoyo prestado por los inkachefes (abogados defensores) que concurrieron a su comunidad y expresó su confianza en la labor que la Defensoría ha realizado, invitando cordialmente a sus profesionales a participar en el próximo nguillatún de febrero.

La mujer viajaba desde Madrid a Santiago en un avión de la línea aérea Iberia. Durante el viaje habría tenido un altercado con las azafatas y el comandante del avión, debido a que ella
–de acuerdo a su versión- reclamaba permanentemente por la mala atención, lo que terminó subiendo los ánimos cuando la periodista ocupó un baño de la clase business, mientras que ella viajaba en clase turista.

La fiscalía la formalizó por el delito de amenazas y de lesiones leves en contra del comandante de la aeronave, además de unos puntapiés que habría propinado a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).
 
La audiencia terminó con una suspensión condicional del procedimiento, por lo que la periodista deberá cumplir por un año con las medidas solicitadas por el ministerio público: prohibición de acercarse a la víctima, entregar una donación de 50 mil pesos a Fundación Las Rosas y fijar domicilio.

Carolina Zúñiga optó por esta salida alternativa renunciando a su derecho de tener un juicio público y contradictorio, principalmente porque ella se encuentra radicada en España junto a su esposo y sus dos hijos y sólo viene a Chile a visitar a su familia.

LA DEFENSA 
La ex animadora contó con defensa penal pública, siendo representada por el abogado Cristian Mardones de la Defensoría Regional Metropolitana Norte.

A la salida de la audiencia el defensor respondió las consultas de la prensa, en su mayoría periodistas de programas de farándula que se encontraban apostados en distintos puntos del centro de justicia.

“Este caso hay que entenderlo en términos humanos, pues según el relato de mi representada, ella viajaba desde Madrid, en un viaje de 15 horas, con un problema lumbar -pues viene a Chile a operarse-, acompañada de sus hijos de cuatro años y un año de edad; y ella reclamó por la poca o nula ayuda y atención recibida por parte de la tripulación, lo que comenzó a generar un clima de tensión que terminó con mi representada imputada y detenida”, sostuvo el defensor.

El abogado indicó que según lo relatado por su representada, ella nunca tuvo la intención de agredir al personal de la aeronave y que sólo marcó distancia entre ellos cuando comenzaron a rodearla indicándole que se sentara y ella estaba con sus hijo más pequeño en brazos y llorando. Respecto de los supuestos puntapiés lanzados en contra de un funcionario de la PDI, ella lo niega completamente.

Lo que sí relató es que al momento de quedar detenida, una oficial de la PDI comenzó a burlarse de ella por los ya conocidos episodios de confusión que tuvo la ex animadora en los concursos de belleza en que participó en Chile.

Lo primero a tener presente si una persona es detenida es que, ahora con rango constitucional y con carácter de irrenunciable, tenemos derecho a contar con un abogado defensor. Esto se traduce en que si no se dispone de uno en forma particular y de confianza, nuestra institución, la Defensoría Penal Pública, le proveerá uno.

Es decir, cualquier ciudadano que se encuentre privado de su libertad tiene derecho a que, para seguir adelante con el procedimiento de detención, por ejemplo decidiendo declarar, que se ingrese a su casa, o entregando evidencia a las policías, le consulte a un defensor sobre la conveniencia o no de actuar de esa manera, ya que no tiene obligación alguna de auto inculparse.

Lo segundo es que la persona que detiene le debe informar las razones o motivos que se tienen para decretar su privación de libertad, y que se le exhiba la orden de detención, en su caso. Esto es relevante, ya que la policía debe actuar con un fundamento, y éste debe ser comunicado al detenido en forma inmediatamente coetánea a la detención.

Otro derecho relevante es el que comúnmente se conoce como la “llamada”, que no es otra cosa que el detenido puede exigir al encargado de guardia que informe, en su presencia, al familiar o la persona que él designe que ha sido detenido y el lugar donde se encuentra.

Por otra parte, el detenido tiene derecho a ser visitado por sus parientes y a comunicarse con ellos por otros medios, así como también a entrevistarse privadamente con su defensor en el cuartel policial.

Por último y, en la base de todo lo que se viene mencionando, está la obligación del funcionario respectivo de informar de sus derechos al detenido tan pronto como se decida dejar detenido a una persona. Es decir, no en el cuartel o al día siguiente, al salir camino al tribunal. Por otro lado, conveniente sería que los funcionarios informaran de sus derechos en voz alta a cada persona detenida, para salvar el problema de analfabetismo y, además, entregar copia escrita de la cartilla de derechos.

Es importante destacar que todo este procedimiento de detención no puede, en caso alguno, durar más allá de 24 horas (salvas algunas raras excepciones), sin que la persona sea puesta a disposición de un juez de garantía, que controle la legalidad y mérito de la detención practicada por la policía, en una audiencia denominada Control de la Detención, en la que el detenido estará acompañado de su defensor.

Ojalá no sea necesario recordar estas palabras, pero nadie, absolutamente nadie está libre de ser imputado de algún delito y, por ello, necesitar que se respeten y se hagan respetar estos sencillos pero tranquilizadores derechos.

Por José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional del Maule.

En este marco, las políticas de seguridad ciudadana han tendido principalmente a la represión del delito, basándose en que la sanción a imponer sea la más severa posible, sin tener en consideración que la gran mayoría de los delitos son cometidos por personas reincidentes (80 por ciento), y de eso no escapan los adolescentes.

Muy por el contrario, quizá la cifra sea más alta, pero si vamos al fondo del asunto, a la raíz del delito visto como un fenómeno social con diversos factores que pueden dar lugar a su comisión, las políticas públicas existentes y que tienen como objetivo atacarlos han sido escasas y -a todas luces- poco efectivas.

Ahora bien, el 18 de junio de 2007 entró en vigencia la Ley 20.084, que estableció un sistema de responsabilidad penal de los adolecentes infractores de la ley penal. De esta forma se estableció un sistema penal especial, basado en el pleno reconocimiento de la capacidad penal y los derechos procesales de los adolescentes infractores de la ley y, al mismo tiempo, de las particularidades de su desarrollo, manifestadas en normas que están orientadas a su protección integral.

Eso es en el papel, por cuanto a más de cuatro años de su entrada en vigencia, existe aún y existirán por mucho tiempo desafíos para la consolidación de un sistema especializado de adolescentes infractores, que efectivamente procure a la plena  integración social de los mismos a través de políticas públicas que responsabilicen al adolescente.

Pero también debe procurarse su reinserción social (en atención a que el mayor porcentaje del de los delitos cometidos por los adolescentes son en contra de derechos patrimoniales), invirtiendo recursos no sólo en sancionar el delito, sino que más bien con una mirada holística, a fin de revertir las desigualdades sociales, baja escolarización o simplemente la falta de oportunidades que muchas veces llevan al adolescente a su comisión o reincidencia en el mismo.

Por Agustín Campillay Robledo,
defensor penal juvenil de la Defensoría Regional de Antofagasta.

Según Enrique Velásquez (foto interior), el defensor penal que llevó la causa, el escenario de sus representados es mucho más favorable ahora, ya que “se cumplió con la pretensión de la defensa, que sostuvo desde un comienzo que si bien no se discutiría la participación de los acusados en un hecho ilícito, éste no podía ser calificado de robo con violencia, sino como robo de especies que se sitúan en bienes nacionales de uso público. Siempre se alegó también la inexistencia del delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego respecto de uno de ellos”.

En cuanto a las pruebas presentadas en juicio, el defensor manifestó que “no fueron suficientes para acreditar la existencia del arma de fuego y, como consecuencia de ello, tampoco el porte, tenencia y su eventual utilización, razones por las cuales los magistrados no acogieron la tesis del Ministerio Público y el querellante. El tribunal no tuvo por acreditado actos de violencia, antes, durante o después de la sustracción de los salmones”.

Según Velásquez, no tiene claridad sobre la pena que recibirá cada uno de sus defendidos y menos certeza de que todos vayan a ser objetos de algún tipo de beneficio.

MEDIDAS CAUTELARES
Al momento del juicio oral, los siete acusados estaban con medidas cautelares de arresto domiciliario parcial, arraigo en sus respectivas comunas y prohibición de acercarse a dependencias de la empresa afectada. Tales medidas se suspendieron para que pudieran trasladarse a esta capital regional por el juicio, cuyo veredicto se comunicó hoy.

Así, y mientras la sentencia -que se dictará en los próximos días- no quede a firme, se impusieron a todos los imputados las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal en Carabineros.

Claudio Ruiz, dueño de la lancha “Estrella Polar” y único acusado de porte ilegal de arma de fuego, dijo tener confianza en que todo terminará en buen puerto, ya que nunca tuvieron dudas de decir la verdad.

“Previo al juicio conversamos con el defensor y él siempre nos pidió que dijéramos las cosas como sucedieron. A fin de cuentas, no somos culpables de lo que se nos acusa, pero sí culpables de un delito menor que nunca desconocimos”, aseguró. Ruiz destacó como “excelente” el trato recibido de parte de Enrique Velásquez, a quien calificó como “una excelente persona y excelente defensor”.

La lectura de la sentencia en esta causa quedó fijada para las 15 horas del próximo 28 de diciembre, en la misma sala  del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique.

Comunicarles, por ejemplo, que la Defensoría se ha visto tocada por la ida de nuestro Defensor Local de la comuna de Cochrane, Andrés Benavides, quien emprenderá un nuevo proyecto de vida en la zona central de nuestro país. Sólo nos queda revertir este hecho, reorganizando nuestra gente y enviando un defensor de la región a cubrir ese puesto, con el propósito que para el próximo año esté permanentemente en esa localidad.
 
También señalar, como un hito importante durante este año, el inicio de un nuevo proyecto penitenciario, donde se orientaron cursos de perfeccionamiento en derechos de menores y derechos indígenas para todos los defensores, como forma de estar mejor capacitados para enfrentar causas de adolescentes y de indígenas que se puedan presentar en la región.

En cuanto a las proyecciones para este 2012, señalar que se presentan desafíos que pasan por seguir mejorando la calidad de la prestación que otorgamos a  nuestros usuarios, sea en materia de defensa de adultos, de jóvenes, en materia penitenciaria e indígena.

En este contexto, seguiremos con las visitas de presos y las visitas extendidas. Continuaremos ejecutando acciones que fortalezcan los convenios con otros entes públicos y privados que, directa o indirectamente, se relacionan con la problemática penal. De la misma forma, mantendremos la cooperación con el Ministerio Público, de manera de poder seguir defendiendo los derechos de los imputados.

También considero que se debe consolidar el programa de difusión de derechos, pues a pesar del tiempo transcurrido, aún nos encontramos con muchas personas que desconocen incluso la existencia de la institución y más aún sus derechos y la forma de desenvolverse frente a una citación policial o del tribunal.

Finalmente, considerando la evolución de las cifras, creemos que el próximo año existirá un aumento de un 10 a un 15 por ciento de los ingresos de causas en comparación al año pasado, ya sea en delitos por conducción en estado de ebriedad, lesiones menos graves, causas por violencia intrafamiliar y hurtos de pequeño monto.

En relación a lo anterior, sólo me queda aconsejarles que en estas fiestas de fin de año traten de cuidarse y, sobre todo, tener precaución con el consumo excesivo de alcohol, ya que desde nuestra perspectiva muchos de los delitos en materia de violencia intrafamiliar se producen en virtud del consumo excesivo de éste, lo mismo que delitos asociados a una conducción en estado de ebriedad.

Finalmente, agregar que las conversaciones que se llevan a cabo en torno a una mesa con alcohol se posterguen para otro día, a fin de que no ocurran problemas más grandes, que sean más difíciles de revertir.

También están el Defensor Nacional, Georgy Schubert; el fiscal nacional, Sabas Chahuán; el contralor general de la República, Ramiro Mendoza; el presidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen, y la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, entre otros. Todos reciben el tradicional kippáh que los judíos calzan sobre sus cabezas para ceremonias de este tipo.

Es el inicio de la festividad religiosa judía de la Janucá (Hanookah o “Fiesta de las Luces”), que por segundo año consecutivo se celebró oficialmente en el Palacio de La Moneda, convocando no sólo a autoridades e invitados de todos los poderes del Estado, sino a muchos representantes de la colectividad judía en Chile, incluyendo al presidente de su Comunidad, Shai Agosin.

La Janucá se celebra durante ocho días y conmemora la derrota de los helenos a manos de los macabeos, lo que permitió la recuperación de la independencia judía y del templo de Jerusalén en el siglo II a.C.

Tal como lo explicaron durante la ceremonia, la tradición judía recuerda este hito como un milagro, pues el candelabro del templo pudo encenderse durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad de aceite, que sólo alcanzaba para una jornada. Por ello, esta festividad supone encender, en forma progresiva, un candelabro de nueve brazos llamado januquiá, cada uno de los cuales recuerda un día de la festividad, más el brazo guía.

En el contexto de la ceremonia hubo dos discursos centrales, uno a cargo de Shai Agosín -quien destacó “la actual revolución mundial en defensa de los derechos y en contra de la inequidad”- y otro en manos del ministro Larroulet, quien destacó la importancia que tiene para el gobierno que La Moneda acoja distintas expresiones religiosas, por lo que anunció que además de los capellanes católicos y evangélicos que ya existen en Palacio, próximamente se sumará un rabino judío a ese grupo.

DEDICATORIAS
Aprovechando la simbología de cada uno de los días de esta festividad, cada vela es encendida por invitados representativos más un rabinop. Así, la primera vela, dedicada a los gobernantes de Chile, es encendida por los ministros Hinzpeter, Chadwick y Larroulet. La segunda, que dedica esperanza a todas las personas que sufren oscuridad, indigencia o enfermedad, es encedida por Lily Pérez y Gabriel Silber.

Un grupo de rabinos enciende la tercera vela, dedicada a destacar el valor de la diversidad en Chile, mientras que representantes de las fuerzas armadas encienden la vela dedicada a los docentes de Chile. La quinta vela, que simboliza un compromiso por construir un mundo mejor, es encendida por Sabas Chahuán, Raúl Bertelsen y Ramiro Mendoza.

El sexto testimonio es encendido por un grupo integrado por un capellán, un obispo y un rabino y se dedica a los religiosos de todas las congregaciones, para que la luz los inspire a promover la unión y la fraternidad. La séptima vela, encendida por los embajadores en Chile de Estados Unidos, Reino Unido e Israel, se dedica a quienes persiguen ideales o defienden valores. La última vela, finalmente, es encendida por la intendenta junto a representantes de la comunidad judía, para homenajear a las familias y a las mujeres de Chile.

A pesar de las constantes críticas al sistema y la escasa confianza que algunos manifiestan respecto de la reinserción de jóvenes infractores de ley, lo cierto es que se pueden encontrar ejemplos positivos; adolescentes que asumieron el desafío de salir adelante.

En este intento, encontraron un aliado fundamental, la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ o YMCA, en inglés), que a través de los programas de intervención ambulatoria les brindó la posibilidad de nivelar sus estudios y ser capacitados en oficios de gran demanda en la región.

La libertad asistida especial es un tipo de sanción-penal,  aplicada sólo a los adolescentes en el marco  de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente,  y cuyo cumplimiento se dirige al desarrollo  de un plan de intervención asociado a un control de su conducta, la reanudación o nivelación de  la escolaridad, que puede  ir asociada a la rehabilitación por consumo abusivo de alcohol y drogas. Camino que no siempre es fácil, en atención a las circunstancias de cada joven, muchas veces carentes de respaldo familiar y social.

Para apoyarlos, cuentan con el trabajo irrestricto de los llamados delegados de libertad asistida, quienes operan en los programas de la YMCA y se abocan a respaldarlos a través de un férreo control y gestionándoles las mejores opciones para su reinserción.

Así es como anualmente se generan a través del Sence y la Secretaria Regional Ministerial de Educación las plazas para que los jóvenes infractores se reincorporen y mantengan en el sistema educacional, sea mediante la nivelación como mediante becas de capacitación en el ámbito de obtención habilidades para enfrentar el difícil mundo laboral.

Este año ingresaron 24 jóvenes a los distintos programas, algunos fueron egresando durante el periodo y otros -el grueso del grupo- obtuvieron recientemente sus certificados. En una emotiva ceremonia, fueron pasando uno a uno y, junto a sus familias, vieron cumplidos sus sueños. Ahora podrán optar a trabajos remunerados y vincularse en entornos de crecimiento laboral.

Asimismo, en la hora de los balances, cada uno de los delegados destacó a aquellos usuarios que demostraron en todo momento su firme decisión de superarse y alcanzar el gran desafío de la plena reinserción. En la ceremonia fueron premiados y alentados para seguir adelante.

RESULTADO SATISFACTORIO
A juicio de la directora del programa de libertad asistida espacial de Antofagasta, Teresa Rojas Torres, este año ha sido especialmente satisfactorio el resultado obtenido en el proceso de escolarización y capacitación de jóvenes infractores, por cuanto “por una parte, se duplico el número de ingresos al sistema escolar y , por otra, el porcentaje de egresos fue altísimo, lo que nos permite tener confianza y reconocer que los esfuerzos de los delegados está surtiendo efecto. Nuestros jóvenes están aprovechando las oportunidades que se les brindan y eso es un gran avance”, destacó.

En sus distintas intervenciones, los delegados de la YMCA reconocieron el esfuerzo de los jóvenes, quienes a su vez agradecieron infinitamente la oportunidad. “Aquí encontramos una opción real de reinsertarnos. En muchas partes se nos cierran las puertas por cometer errores y acá, en cambio, nos brindaron una oportunidad para cambiar, somos tratados como personas y eso nos permite confiar en el futuro”, señaló uno de los usuarios.

A claras luces, se cierra un año de satisfacciones para la YMCA pero, principalmente, estos 24 jóvenes dan fe de que se puede avanzar en la reinserción social, dejando de lado aquellas cifras negativas que hablan de un escaso porcentaje de adolescentes dispuestos a cambiar su vida luego de haber pasado por el sistema de justicia penal.

Asimismo, la Defensoría Penal Pública, a través de su Defensor Regional (S), Roberto Vega Taucare, destacó los logros obtenidos por estos jóvenes, pues “anima la  firme convicción de  que los procesos de rehabilitación en libertad deben ser el eje de la reinserción social de los adolescentes, como claramente se ha demostrado por estos 24 jóvenes, sus familias y sus delegados”.

La actividad fue encabezada por el Defensor Regional (S)de Antofagasta, Roberto Vega Taucare, quien junto a la jefa de Estudios, Loreto Flores Tapia, viajaron hasta la localidad de Chiu-Chiu, donde los esperaban los integrantes del consejo directivo de “Alto el Loa”, agrupación que representa a una veintena de comunidades.

Allí, en el llamado predio experimental Chacras Viejas -ubicado en el camino a Chiu-Chiu-, Vega expuso sobre los desafíos de la defensa especializada y, tal como se hizo con la ADI “Atacama la grande”, les explicó el marco general en que se desarrollará la atención de imputados -adolescentes o adultos-, poniéndose el más alto nivel de atención en los aspectos relacionados con la cosmovisión indígena.

Durante su exposición, Roberto Vega aseguró que el interés de la Defensoría en esta materia apunta a procurar una vinculación efectiva con el mundo indígena, para lo cual se cuenta con la asesoría y el trabajo de una facilitadora intercultural especializada.
 
“Nosotros comprendemos la relevancia de establecer vínculos de confianza entre el mundo indígena y la defensa, por lo cual contar con el apoyo de las distintas Áreas de Desarrollo Indígena es dar un paso muy importante para nuestra misión. De allí que agradecemos la posibilidad de ser escuchados por los consejeros”, destacó.

Al igual como ocurrió con los dirigentes de la otra macrozona, al finalizar la exposición del Defensor Regional los representantes comunitarios mostraron una muy buena acogida hacia los objetivos de esta defensa penal especializada, lo que se expresó en un acuerdo adoptado por el consejo de esta ADI, que permitirá crear una mesa de trabajo conjunto con la Defensoría Regional.

En un fallo decidor, y que sienta un importante precedente a favor de la seguridad de los niños y niñas que pertenecen a comunidades mapuches en la Región de La Araucanía, la  Corte sostiene que “la detención del menor FMM, vulnera las normas de la Convención Internacional de Derechos del Niños, especialmente lo dispuesto en sus artículos 6.2 y 16.1, disposiciones que imponen a los Estados partes la obligación de garantizar la “supervivencia y desarrollo de los niños” y evitar “injerencias arbitrarias o ilegales en su familia y domicilio”, situación que precisamente ha ocurrido en este caso, resultando evidente que ello vulnera la libertad personal y seguridad individual del menor de edad y que motiva acoger el recurso de amparo.

Por último, la Corte de Apelaciones de Temuco al acoger el recurso de amparo, “cuestionó la necesidad de tales incursiones y de la racionalidad de los medios empleados para llevarlas a cabo”.

El recurso acogido por los Ministros Presidente Leopoldo Llanos Sagristá, Fiscal Judicial Tatiana Román Beltramin y el Abogado Integrante Ricardo Fonseca Gottschalk, señalan textualmente que en relación al recurso presentado por el defensor penal mapuche Jaime López, “la Prefectura de Carabineros Malleco deberá efectuar los procedimiento policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”.

Recordó que el 16 de diciembre de 2002 se puso en marcha en la región uno de los cambios estructurales más importantes que ha tenido la justicia chilena, la reforma procesal penal, la que bajo el slogan “Una nueva justicia para Chile” se institucionalizó con la idea de mejorar el anterior sistema y  entregar a los ciudadanos una justicia que resolviera sus conflictos sociales de forma eficiente, transparente, imparcial y accesible, resguardando tanto los derechos de las víctimas como los de los imputados.

Hasta antes de su aplicación, tanto la investigación como la acusación y la sentencia de un caso criminal estaba en manos de una sola persona, el juez del Crimen. Hoy, bajo este nuevo sistema procesal penal, la responsabilidad de dar respuestas prontas a los conflictos penales y asegurar las garantías individuales de las personas recae en instituciones que nacieron bajo el alero de esta reforma.

Surgieron entonces los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, el Ministerio Público -como organismo persecutor de los delitos- y la Defensoría Penal Pública, institución destinada a prestar defensa  penal de calidad a toda persona que lo requiera.

Pasados nueve años -dijo Rebolledo- “hemos visto crecer este proyecto en la región. Actualmente la Defensoría Regional de Aysén tiene presencia física en Coyhaique, a través de la Defensoría Regional y la Defensoría Local, como asimismo en las comunas de Aysén, Cisnes, Chile Chico y Cochrane, a través de las defensorías locales respectivas”.

En cuanto a su dotación de recursos humanos, la Defensoría Regional de Aysén cuenta con directivos, defensores locales, administrativos y auxiliares (26 en total), a quienes se agregó este año el apoyo de dos abogados licitados, quienes han asumido parte de la carga de trabajo de Coyhaique y Puerto Aysén.

HITOS RELEVANTES
Según datos del sistema informático de la Defensoría Nacional, desde el primer día y hasta la fecha se han atendido 119 mil 247 personas imputadas en 16 mil 55 causas en la región.

Los delitos de mayor ocurrencia son las lesiones menos graves (aquellas que producen enfermedad o incapacidad para el trabajo por un tiempo menor a 30 días), así como aquellas producidas en contexto de violencia intrafamiliar (VIF). En segundo lugar se ubican las infracciones a la Ley de Tránsito (conducir en estado de ebriedad), en tercero otros delitos contra la propiedad (hurtos de escaso valor) y, finalmente pero con una muy baja ocurrencia, los delitos de mayor impacto social, como homicidios, delitos sexuales y robos.

En particular, cabe destacar que la mayoría de la población de imputados de la región está compuesta por hombres y sólo un 12 por ciento corresponde a mujeres, las que usualmente no son investigadas por delitos graves y sólo excepcionalmente se les investiga por delitos graves que supongan prisión preventiva y posteriormente cumplimiento de penas privativas en el sistema cerrado. Esta realidad se refleja en los centros penitenciarios de Coyhaique y Chile Chico, los únicos que cuentan con sección femenina, con una población que no supera las cinco internas en total.

De modo complementario al trabajo que realizan los defensores locales en sus jurisdicciones, permanentemente se visitan durante el año localidades tan alejadas como Villa O’Higgins, Lago Verde y Caleta Tortel, con el fin de prestar asistencia jurídica a sus residentes, además de realizar difusión de derechos a adolescentes y adultos, para que sepan qué hacer en caso de enfrentarse con el sistema penal. De modo preventivo, además, se comenta la negativa experiencia que supone para toda persona cometer delitos y estar encerrado.

VIDEOCONFERENCIA
Según Rebolledo, desde el 2007 las oficinas de la Defensoría Penal en Coyhaique funcionan también como dependencia en la que se constituye el tribunal de garantía. Esto gracias al sistema de video conferencia, “que nos permite realizar audiencias de garantía a larga distancia en situaciones donde el imputado no puede estar de manera presencial en la zona. Esta herramienta nos ha permitido, entre otros beneficios, agilizar el proceso y evitar de esta forma gastos de traslado de los imputados, de por sí cuantiosos dada la situación geográfica de nuestra región”, explicó.

El Defensor Regional aclaro, además, que parte del trabajo de la Defensoría consiste en visitar a los imputados en prisión preventiva, con el objeto de informarles el estado de sus causas, su situación procesal y resolver sus dudas e inquietudes, de acuerdo con los requerimientos que le haga su defensor.

También se realizan visitas a los condenados, con el fin de asesorarlos en relación a los derechos que los asisten durante el tiempo de cumplimiento de condena y ayudarlos a obtener beneficios intrapenitenciarios, entre otros temas.

“El beneficio de contar con un abogado defensor durante todo el procedimiento penitenciario hasta la completa ejecución de la condena constituye una diferencia esencial comparada con el antiguo sistema, que no contemplaba asesoría jurídica para los condenados”, aclaró Rebolledo.

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
El directivo destacó también la permanente búsqueda de relaciones de cooperación con otros entes públicos y privados que se relacionan directa o indirectamente con la problemática penal. Así, durante 2010 se apoyó la ejecución del programa “Abriendo Caminos”, del Mideplan, que brinda apoyo psicosocial a hijos e hijas de personas privadas de libertad.

“Asimismo, en Puerto Aysén instauramos una ‘mesa de trabajo por la reinserción social de las personas privadas de libertad’, que integran la municipalidad, la Gobernación de Aysén,  el Serplac,  el Consejo de la Cultura, Gendarmería y la Defensoría Regional de Aysén. El objetivo es analizar la situación de las personas privadas de libertad y buscar alternativas para su reinserción y el apoyo de sus familias”.

Sobre este mismo tema, también durante 2010 se firmó un convenio de cooperación tripartito de colaboración con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes y Gendarmería, para poder ejecutar acciones conjuntas tendientes a elaborar programas o actividades culturales que contribuyan a crear espacios de expresión artística y a facilitar el acceso a las manifestaciones culturales para quienes se encuentren privados de libertad en los recintos penitenciarios de la región.

“También fuimos pioneros en idear y apoyar la instalación en Coyhaique de una sala de venta de productos elaborados por los internos que fuese accesible al público, de manera de favorecer la venta de estos productos y ayudar económicamente a los internos y sus familias. A partir de la disposición de Gendarmería, a fines del año pasado se creó este local de venta, que hoy funciona en calle Simpson, al llegar a Avenida Ogana”, dijo Rebolledo.

PROYECCIONES 2012
Respecto de las proyecciones para el año próximo, el Defensor Regional aseguró que “se presentan desafíos que pasan por seguir mejorando la calidad de la prestación que otorgamos a  nuestros usuarios, sea en materia de defensa de adultos o jóvenes y en materia penitenciaria e indígena”.

Según Rebolledo se debe consolidar el programa de difusión de derechos, “pues a pesar del tiempo transcurrido, aún nos encontramos con muchas personas que desconocen incluso la existencia de la institución y -más aún- sus derechos y la forma de desenvolverse frente a una citación policial o del tribunal”.

“Siempre será bueno continuar con las actividades que proporcionen una mayor y mejor coordinación con el Ministerio Público y los tribunales de justicia, en pos de una mejor defensa y ejercicio de los derechos de los imputados, obviamente desde nuestra perspectiva, pues de modo alguno puede entenderse que la búsqueda de acuerdos con los otros intervinientes pase por olvidar que nuestro centro y razón de ser es el imputado”.

Finalmente y como desafío, Juan Carlos Rebolledo mencionó la idea de generar las acciones que sean necesarias para renovar la mística y el empuje con el que se ingresa a trabajar en la Defensoría, “sabiendo que se trata de una actividad en que estamos en contacto con personas carenciadas, vulnerables, que tienen en muchos casos sólo al defensor como apoyo a su verdad y a su interés de que se haga justicia en su caso concreto”.

Afortunadamente, el interés de Gendarmería por este tema y las excelentes relaciones interinstitucionales permitieron que varios oficiales y profesionales civiles de esa entidad (asistentes sociales y sicólogos) se sumaran a la actividad, participando no sólo como asistentes a la capacitación, sino incluso como expositores en varios de los módulos previstos.

Claudia Castelletti, jefa (S) del Departamento de Estudios de la Defensoría, valoró la realización de esta actividad por tres razones fundamentales: “Primero, esta academia marca el inicio de la extensión del programa de defensa penitenciaria de la DPP. Segundo, en ella participan defensores, jefes regionales de Estudios y funcionarios de Gendarmería. Y tercero, los representantes de Gendarmería también actúan como expositores en distintos módulos”.

EJECUCIÓN DE PENAS
La abogada Alicia Salinero, coordinadora institucional de defensa penitenciaria, explicó que en general, todos los módulos de esta capacitación -realizada en el Centro de Justicia de Santiago- se orientaron a temáticas relacionadas con la ejecución de penas, con la participación de los alcaides de las unidades penales donde operará el modelo de defensa penitenciaria e incluso de algunos directores regionales de Gendarmería.

“Los ejes fueron temas de derecho internacional de derechos humanos, de derecho administrativo y de normativa especial penitenciaria, incluyendo libertades condicionales, rebaja de condena e indultos, entre otros temas”, aclaró Salinero.

Así, hubo ponencias sobre “normativa y garantías internacionales en materia penitenciaria”, “incorporación del derecho internacional de derechos humanos al derecho interno chileno”, “acciones de amparo y protección” o “traslado de condenados al extranjero”, entre otros temas.

Entre los expositores –internos y externos- destacaron Claudio Nash, Eduardo Cordero, Christian Alveal (oficial de Gendarmería) y Fernando Mardones, jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría, entre varios otros.

El pasado viernes, los participantes en la academia recibieron la visita del Defensor Nacional, Georgy Schubert (ver fotos), quien destacó la importancia de este proceso de desarrollo institucional, cuya licitación para la Región Metropolitana comenzó en agosto pasado y contempló la incorporación de once abogados, siete asistentes sociales y cuatro asistentes para la cobertura de defensa en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, los recintos de Colina I y II y el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, respectivamente.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Dentro de la planificación de esta academia se incluyeron dos jornadas -ayer y hoy- con contenidos destinados sólo a funcionarios de la Defensoría. En la de ayer, aparte de una exposición sobre el Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal (SIGDP) y otras sobre los informes sicosociales, se expuso a los participantes el tema de la difusión de derechos, componente que será muy importante dentro de la labor del nuevo equipo penitenciario, porque finalmente “tiene que ver con lograr una comunicación efectiva con grupos vulnerables como los condenados y sus familias”, dice Alicia Salinero.

Para hoy, la programación considera un taller de comunicación durante todo el día, a cargo de expertos de la Fundación Paréntesis, con el objetivo de reforzar en el nuevo equipo penitenciario habilidades en temas de comunicación y entrevista con personas que cumplen condena. Los módulos del taller estarán a cargo de los sicólogos Paulo Egenau -director ejecutivo de la fundación-, Germán González y Rodrigo Fuentealba.

La Defensoría Regional estuvo representada por Golda Barrientos, sicóloga de la Unidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ); Isabel Vargas, secretaria del Defensor Regional (S), y los defensores Agustin Campillay y Karin Rivas, quienes debieron cumplir turno para atender las numerosas consultas de los transeúntes.

Paralelamente, el Centro de Estudios y Trabajos (CET) de Gendarmería expuso los  productos elaborados por sus internos, los que fueron muy bien recibidos por los visitantes, todos tallados en madera de gran calidad, con un valor accesible y caracterizados por su originalidad.

Bien saben de esto Héctor Hernández Ojeda y su hijo, José Hernández Gallardo. Estas dos personas fueron sobreseídas por el Juzgado de Letras de Maullín cuatro meses después de que el Ministerio Público los formalizara como autores de homicidio en un hecho ocurrido el 19 de junio de 2010.

Héctor y José fueron detenidos luego de que ambos reconocieran haber matado a una de las cuatro personas que entraron a su casa para robarles. Tras la intervención y las gestiones realizadas por el defensor penal público de Maullín y Calbuco, Gonzalo Castro, y por el Defensor Regional de Los Lagos, Francisco Geisse, ante el juzgado y la Corte de Apelaciones, ambos fueron sobreseídos tras demostrarse que actuaron en legítima defensa.

Este tipo de hechos no son muy comunes en Maullín, ciudad en la que en general ocurren sólo delitos menores y otros relacionados con el consumo de alcohol. Así lo explica el defensor licitado Gonzalo Castro. “En Maullín hay un importante número de conducciones en estado de ebriedad, lesiones, amenazas y robos. No obstante, también son relevantes delitos sexuales como abuso sexual y violación.  En contados casos ocurren homicidios u otros hechos violentos, generalmente relacionados con el consumo de alcohol”.

MAULLÍN Y CALBUCO
A grandes rasgos, Maullín (ubicada a 75 kilómetros al suroeste de Puerto Montt) es una pequeña ciudad conformada por personas dedicadas en su mayoría a la agricultura y a la pesca. Durante los últimos años también se han ido sumando empresas relacionadas con el turismo, los cuales desean explotar la belleza natural de la ribera del río Maullín, santuario privilegiado para los observadores de aves.

De hecho, muchos turistas extranjeros viajan hasta San Francisco Javier de Maullín (nombre original con el que la ciudad fue fundada en 1790) para verlas y para conocer la playa Pangal, ubicada a 4 kilómetros del centro de Maullín, a orillas del océano Pacífico.

Calbuco, en tanto, con el doble de población, es una ciudad atípica. Para empezar, es una isla (situada a 56 kilómetros al sur de Puerto Montt), pero que está unida al continente por un piedraplén construido en 1965. Su territorio está conformado en total por 14 islas y hace 408 años fue fundada bajo el nombre “Real Fuerte San Miguel”, siendo ocupada como refugio para los españoles que huían de Osorno.

Calbuco (del mapudungun kallfüko: agua azul) actualmente es una ciudad que crece sustentada en industrias relacionadas con la pesca y la acuicultura, y posee una gran cantidad de población flotante gracias a los trabajadores de la industria salmonera.
Este crecimiento también conlleva la aparición de delitos como el tráfico de drogas, que hasta hace unos años eran muy poco comunes. 

“En Calbuco, al igual que en Maullín, son comunes los delitos asociados al alcoholismo. Vale decir, conducción en estado de ebriedad, lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Pero ahora también se dan casos de microtráfico, los que nunca se dan en Maullín”, agrega Gonzalo Castro.

La misma mirada tiene la defensora de la zona, Silvana Schafer, quien agrega que muchas veces deben defender a imputados que no comprenden muy bien lo que están enfrentando y cuáles serían las posibles consecuencias que arriesgan. Esto -según Castro- se debería al analfabetismo que afecta a la población mayor de 60 años y a que los menores generalmente tienen un bajo nivel de escolaridad.

DISPERSIÓN
Otra dificultad, que a veces acarrea consecuencias judiciales, es la alta dispersión geográfica de Calbuco, comuna que además de presentar lugares en los que no hay teléfonos o que tienen caminos en muy mal estado (como en Maullín) suma la natural separación de sus 14 islas (ubicadas al interior del estuario Reloncaví) a las que sólo se puede llegar tras varias horas en lancha.

 “Las personas son muy difíciles de ubicar. Por lo general desaparecen y dejan teléfonos que son difíciles de contactar. Esto implica muchas veces tener que pedir la suspensión de audiencias para poder lograr la entrevista con tus representados”, explica Silvana Schafer.

A pesar de estas dificultades, los defensores penales públicos Gonzalo Castro y Silvana Schafer diariamente representan a sus imputados en las audiencias y los atienden en las oficinas, instaladas en calle José Miguel Carrera 129 de Calbuco, para cumplir con la misión de la Defensoría de prestar defensa penal a quien la necesite y, como lo demuestran estos ejemplos, sin importar en qué lugar del país se encuentre.

Como es costumbre en las plazas de justicia que se han venido desarrollando al interior de los recintos penales, la Defensoría Penal Pública ha sido el servicio más requerido por los usuarios, quienes encuentran en estas actividades una oportunidad para aclarar sus dudas respecto del procedimiento penal que se sigue en su contra, buscar una segunda opinión y ejercer su derecho a estar informados.

En esta ocasión, el módulo de la Defensoría Regional Metropolitana Norte fue encabezado por el Defensor Regional, Leonardo Moreno, quien estuvo acompañado por el abogado Francisco García, de la unidad regional de Estudios, y los defensores Gabriel Carrión y Pablo Sanzana.

A la actividad también fueron invitadas las tres egresadas de derecho que realizan su pasantía en la DRMN -Xiomara Troncoso, Camila Ostornol y Manuela Royo-, quienes escucharon atentamente las consultas de los internos y las respuestas que entregaban los defensores respecto de la tramitación de las causas, en su gran mayoría por infracciones a la Ley de Drogas o por robos violentos.

PLAZAS DE JUSTICIA
Los internos también tuvieron acceso a las demás instituciones dependientes del Ministerio de Justicia, como el Servicio Médico Legal (SML), el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Patronato de Reos y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), además de la participación de funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud y del Instituto de Previsión Social, quienes se sumaron voluntariamente a esta iniciativa.

Las plazas de justicia penitenciaria han sido organizadas por la Seremi de Justicia metropolitana, en coordinación con la Defensoría Penal Pública, habiéndose realizado durante este año 13 de estas actividades en toda la región, incluyendo los centros de internación de menores.

En particular, esta es la segunda plaza de justicia que se realiza en Santiago I, las que se suman a dos diálogos participativos que se materializaron durante el primer semestre en esta unidad penal.

La actividad, organizada por la Defensoría Regional de Coquimbo, se desarrolló en el acceso principal del penal, espacio donde los funcionarios públicos entregaron información, recibieron solicitudes, resolvieron trámites y entregaron documentación en los módulos habilitados para tales efectos.

Imputados adultos y adolescentes -como también condenados- recibieron asistencia de la Corporación de Asistencia Judicial, cuyos funcionarios explicaron principalmente temas de familia; del Servicio de Registro Civil e Identificación, que permitió a los internos renovar sus cédulas de identidad, y de la Seremi de Justicia, cuyos profesionales atendieron sobre la ley de rebaja de penas, postulaciones para libertad condicional y eliminación de antecedentes.

En el caso de la Defensoría Penal Pública, sus representantes informaron sobre el estado de las causas y la tramitación de beneficios, mientras que Gendarmería Regional orientó sobre los beneficios intrapenitenciarios y recibió diversas solicitudes de los internos.

La delegación de la Defensoría estuvo encabezada por el Defensor Regional, Alejandro Viada, quien junto al encargado regional de Comunicaciones, Daniel San Martín, respondieron satisfactoriamente las numerosas consultas que recibieron, para lo cual contaron con un equipo computacional con acceso al Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal (SIGDP).

Al término de la actividad, el Defensor Regional destacó la forma directa y focalizada en que se desarrollan de estas plazas de justicia, “que nos otorgan la oportunidad de brindar apoyo y asesoría en la solución de problemas a quienes están privados de libertad, pero que mantienen otros derechos”, destacó.

La cinematográfica tarde se desarrolló en salas de ambos recintos. En Coyhaique, de hecho, se  improvisó un cine con un proyector y unas cómodas colchonetas, en las cuales los jóvenes tendidos en el suelo pudieron compartir un momento de esparcimiento, que incluyó la entrega de refrigerios para todos.

En Puerto Aysén, en tanto, los cinco jóvenes internos en el recinto, quienes no superan los 20 años de edad, también pudieron disfrutar de una tarde de cine chileno.

La Secretaria Regional Ministerial de Justicia (S), Katherine Hunter, destacó la iniciativa y consideró “altamente gratificante” constatar los beneficios de un trabajo coordinado y colaborativo de los diferentes entes públicos, que permite concretar iniciativas como éstas, que no sólo garantizan el uso eficiente y eficaz de los recursos, sino -y por sobre todo- “hacer realidad el derecho de igualdad de derechos y oportunidades de los jóvenes que han infringido la ley penal. Permitirles tener acceso a la celebración del Día del Cine a través de la exhibición de cintas chilenas es una muestra patente de ello, además de acercar el mundo de las artes a nuestros jóvenes”.

Para el Defensor Regional, Juan Carlos Rebolledo, las actividades que se están realizando en el marco de este convenio permiten a las personas privadas de libertad distraerse de su rutina y acercarse a la cultura.

“El cine es un buen elemento para llevar a las personas a un espacio de libertad al menos espiritual y mental, en el sentido que uno puede hacer volar la imaginación y ponerse en las situaciones que se encuentran los personajes de las películas. Y más aún si son chilenas”, destacó.

Respecto de la continuidad de este convenio, Rebolledo dijo que la labor de la Defensoría Penal Pública no sólo se limita a la entrega de defensa jurídica a las personas en juicio, sino que también existe una preocupación permanente por el bienestar de los internos.

En este contexto, agregó que para el próximo año se espera realizar un sondeo de opiniones entre los internos, de manera de buscar nuevas alternativas de actividades y talleres para ejecutar en las cárceles de la región.

Finalmente, Katherine Hunter calificó como “excelente” esta iniciativa del Ministerio de Justicia en colaboración con el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, por medio de Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores y la Defensoría Regional de Aysén.

Al evento asistieron representantes de distintas organizaciones sociales, además del presidente del Senado, Guido Girardi; el contralor general de la República, Ramiro Mendoza; la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez; la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, y el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, entre otros invitados.

Al presentar el informe –dividido en ocho capítulos que detallan el estado actual de distintos derechos en el país y que también ofrecen algunas recomendaciones específicas al Estado-, Lorena Fríes explicó los principales temas pendientes que el Estado chileno mantiene en temas de derechos humanos, al tiempo que revisó en particular el efecto que han tenido las movilizaciones sociales ocurridas durante el año en distintos país, entre ellos Chile.

“Los ciudadanos y ciudadanas han salido a la calle y han expresado -al igual que en otras partes del mundo- su indignación por el estado de cosas. Se constituyeron en un actor político y social ineludible que -me atrevo a decir y espero- cambiará la forma de hacer política a futuro”, aseguró.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Respecto de las afectaciones de derechos ocurridas en el contexto de las movilizaciones estudiantiles ocurridas en 2011, la Directora del INDH cuestionó las restricciones que enfrenta hoy el derecho a reunión –regulado sólo por un decreto de 1983- y defendió el derecho de la población a manifestarse pacíficamente.

Agregó que en el cumplimiento de su misión como observadores, los profesionales del Instituto han podido “comprobar la existencia de prácticas reñidas con los estándares de derechos humanos” y que la tramitación de proyectos de ley destinados a reducir el hacinamiento carcelario “ha sido lenta, sin la urgencia que el gobierno debiera imprimir y que requiere la población privada de libertad”.

“Al ritmo que vamos, con una política criminal que enfatiza la cárcel, pasará poco tiempo antes que volvamos a llenar esos nuevos recintos. En nombre de la justicia o más a menudo en nombre de la seguridad, observamos una tendencia a endurecer las penas y en consecuencia una densidad carcelaria dramáticamente creciente”, sostuvo Lorena Fríes.

LEY ANTITERRORISTA Y DIVERSIDAD
En referencia a otro capítulo del informe, Fríes comentó las difíciles condiciones que enfrenta en particular el pueblo mapuche, pues aún no es posible avanzar en la “concreción de sus derechos” sin que se efectúe una “modificación sustantiva” tanto a la Ley N° 18.314 sobre conductas terroristas y a la justicia militar, “que se apartan de los estándares de derechos humanos aplicables. En el caso de la llamada ley antiterrorista además, aplicada con un claro sesgo discriminatorio al pueblo mapuche”.

Aunque valoró el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) presentado por el Ejecutivo como “un avance”, la directora del INDH cuestionó también el “menoscabo” que implica el hecho de que la legislación vigente no reconozca las uniones de hecho para muchas personas que optan por esta forma de construir familia.

Lorena Fríes criticó también la lentitud que ha tenido el proceso de reconstrucción post terremoto en las zonas más afectadas, y enumeró los principales conflictos medioambientales existentes en el país, como la contaminación de la bahía de Quintero o los basurales existentes en territorios de comunidades mapuche, entre otros. “Una vez más, estos problemas afectan principalmente a quienes tienen menos posibilidades de defender o exigir respeto por sus derechos”, concluyó.

TEMAS COMPARTIDOS
Consultado sobre la presentación del informe del INDH, el Defensor Nacional comentó que varios de los asuntos tratados por Lorena Fríes son también parte de la preocupación permanente de la Defensoría Penal Pública.

“Hay varios temas relevantes, como la necesidad de modificar la Ley Antiterrorista, especialmente porque se ha aplicado de una manera inadecuada a la situación del pueblo mapuche. Aún persiste el tema de la justicia militar, en que en algunos casos no existe un debido proceso en este ámbito, y cuando los imputados son a su vez víctimas de malos tratos por carabineros, son situaciones que tampoco dependen de la justicia civil, y por tanto no hay un seguimiento, tampoco, de qué es lo que pasa con esas denuncias de malos tratos”, dijo Georgy Schubert.

Valoró también la “especial preocupación” del INDH por distintos grupos vulnerables, “lo que también está en línea con lo que nosotros hacemos. Y, por supuesto, la situación carcelaria, en la cual estamos trabajando de manera concreta con todo el tema de la defensa penitenciaria”, aseguró.

Este grupo de personas fue escogido por las condiciones habituales de mayor aislamiento que experimentan, lo que hacía especialmente útil escuchar sus observaciones sobre los servicios de la defensa penal pública.

“No es la primera vez que establecemos estos encuentros con personas que están en este penal, pero en esta ocasión quisimos acercarnos a quienes están en Alta Seguridad porque enfrentan condiciones más difíciles”, explicó el Defensor Regional, Claudio Gálvez.

El directivo encabezó la delegación institucional, integrada también por el jefe regional de Estudios, Víctor Providel; la asesora jurídica, Viena Ruiz-Tagle y el Defensor Local Jefe de Arica, Raúl Gil, junto a otros profesionales y auxiliares de apoyo.

En su exposición, Providel explicó a los internos la misión y  los principales objetivos de la Defensoría Penal Pública, así como algunas estadísticas referidas al desempeño institucional ante tribunales.

El diálogo duró casi dos horas, incluyendo el saludo del Defensor Regional, la exposición del jefe de Estudios y el posterior intercambio de preguntas y respuestas con los usuarios, la mayoría de ellos imputados por delitos sexuales o por atentados a la integridad de las personas, entre otros delitos.

Las observaciones de los internos versaron principalmente sobre la efectividad de su defensa, en un contexto en que la mayoría postula tener una responsabilidad mucho menor que las acusaciones que se les formulan, cuando no la inocencia. Tras sus argumentaciones, cada directivo se turnó para responder según las distintas temáticas, por lo que aparecieron frecuentes observaciones a la práctica de las visitas de cárcel de los defensores.

Los profesionales de la Defensoría tomaron nota de las indicaciones de los usuarios y también recibieron algunos reclamos canalizados por la Oficina de Información, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (OIRS).

Finalmente, el Defensor Regional agradeció el interés de los internos y el apoyo de Gendarmería, institución que habilitó una sala especial donde el diálogo participativo se desarrolló cómodamente y en un clima de confianza entre internos y defensores.

Esto es, un cuerpo legal que trate particularmente sobre la situación de los condenados, en el proceso de cumplimento de una sanción penal. 

Una vez que una persona es condenada, particularmente a penas de larga extensión, se abre otra etapa, que en la mayoría de los países existe, de la que están a cargo los denominados tribunales de ejecución.

Ello, por cuanto una persona privada de libertad en algún momento la recobrará y por ello es importante hacer una integración paulatina. Por otra parte, se trata de sistemas en los cuales se beneficia la buena conducta o la superación que se puede observar en algunos condenados al interior del recinto penitenciario y siempre circunscrito a determinados delitos.

Por otra parte, existen vías expeditas para resolver cuestión graves que deslindan en principios humanitarios, por ejemplo cuando un condenado sufre una enfermedad terminal o una patología psiquiátrica que se generó durante la ejecución de la pena.

Si bien respecto de ésta última materia el Código Procesal Penal establece normas claras, lo cierto es que la detección de una patología durante el cumplimiento de la pena resulta difícil de constatar. Tal vez, porque no hay un camino expedito para ejercer un derecho que ya ha sido regulado.

El incendio en la Cárcel de San Miguel remeció a la comunidad, pero sin negar las condiciones deplorables de encierro -las cuales están en vías de solución, baste sólo recodar que en Antofagasta está próxima abrir sus puertas una cárcel nueva concesionada-, muchas otras materias que quedaron al descubierto con el incendio se podrían haber atendido por una judicatura especializada en la etapa de ejecución.

Por Loreto Flores Tapia, 
Jefa de Estudios Defensoría Regional de Antofagasta.

Esto parecía quedar en evidencia una vez más, cuando hace unos días participé en mi calidad de Defensora Local Jefe de Talagante y junto a funcionarios de Carabineros de Chile y el Ministerio Público, en un encuentro de análisis de nuestras diversas labores, desarrollado con la presencia de dirigentes vecinales de la provincia de Talagante.

En dicha ocasión les exhibí un video con un reportaje de televisión que daba cuenta de la privación de libertad de tres hermanos -por 14 meses-, quienes en un juicio ante el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante fueron finalmente absueltos, porque no habrían cometido el delito que se les imputaba.

Mientras transcurría este reportaje pude observar que con mucha atención los asistentes escuchaban el relato de estas personas, compartiendo la labor que desarrollamos los defensores penales públicos. Ahí se pudo apreciar, en un caso concreto, lo relevante que podría resultar una defensa profesional para cuidar el valor de la justicia.

Sin embargo, muchas veces la comunidad cuestiona el rol de la Defensoría Penal Pública y expresa frases como: ¿Por qué el delincuente tiene tantos derechos? ¿Por qué el gobierno financia un abogado para que lo defienda? Se omite -por ignorancia o interés- que el Estado debe legitimar internacionalmente su accionar en esta área punitiva, lo que implica -en síntesis-que “sin defensa no hay justicia”, tal como reza nuestro lema institucional.
 
Además de lo anterior, existe entre nosotros un principio básico inserto en nuestro derecho constitucional y esencial en el ámbito del derecho internacional, el cual ampara a toda persona acusada de haber cometido un delito: el “derecho a la presunción de inocencia”.

¿Qué pasaría si con la mera imputación de un sujeto se condena a otro individuo?  Todo fallo dependería del arbitrio de quien hace la imputación. Entonces, nuestra sociedad sería una “caza de brujas” y por ello el camino del derecho nos da un sendero de principios y reglas que deben respetarse.

No debemos olvidar que toda persona merece un juicio justo conforme a derecho, pues sólo así puede validarse una sentencia condenatoria. El derecho se establece mediante juicios y pruebas legítimas, donde no caben ni el prejuicio ni el arbitrio.

Existen muchos casos de personas absueltas por la justicia y que fueron acusadas injustamente, permaneciendo meses y hasta años privadas de libertad por un hecho que no cometieron. Para ellos la presencia de un defensor letrado pareció indispensable y bien vale afirmar que esa persona tenía derecho a ser defendida por un defensor penal público y además -lo que es tanto o más importante- tenía derecho a ser tratada como inocente.

Casos como éstos existen y son varios, siendo aquellas situaciones las que nos claman la existencia de un abogado defensor, el que en otros casos podrá buscar la pena justa que merece como reproche un individuo que ha cometido alguna infracción.

Por Mitzi Jaña F.,
Defensora Local Jefe de Talagante.

La Fiscalía Metropolitana Sur, a cargo del caso, apeló y la vista de ese procedimiento estuvo a cargo de la sala integrada por los magistrados Lamberto Cisternas, Juan Cristóbal Mera y el abogado integrante Emilio Pffeffer.

Por la defensa alegó el Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno, quien argumentó la improcedencia de la apelación del Ministerio Público ya que, aparte de la falta de mérito de las pruebas, con el sobreseimiento de los 13 imputados desaparecieron los sujetos activos de la supuesta asociación ilícita.

Moreno explicó en su alegato que para que pueda configurarse este ilícito, “como elemento fáctico esencial debe existir una asociación, esto es un concierto de dos o más voluntades independientes, encaminadas a la obtención de un fin”. Agregó que “este requisito indiscutido legal y doctrinariamente hace imposible que tal asociación ilícita pueda configurarse con la concurrencia de una sola voluntad, que es lo que justamente ocurre en este caso”.

Después de los alegatos, los jueces del tribunal acogieron los planteamientos de la defensa y resolvieron por unanimidad confirmar el sobreseimiento definitivo del imputado Cansino.

En torno a este tema, es necesario preguntarnos cómo estamos por casa, determinar la incidencia de las adolescentes en el universo de infractores en nuestra comuna y región, para ver si lo que se indica a nivel nacional tiene un correlato parecido entre nosotros.

Un primer dato nos indica que los adolescentes -hombres y mujeres- representan aproximadamente el 13  por ciento del total de los imputados judicializados en la Región de Aysén (en cifras redondas, unas 3 mil personas al año).

Hecho este primer aporte, podemos sostener sin temor a equivocarnos que las adolescentes no representan más allá del uno por ciento de ese total (no más de treinta casos año), es decir una participación muy marginal y alejada de los aumentos significativos que se expresan en las noticias llegadas desde la capital.

Cabe destacar que en general, en la Región de Aysén, históricamente el número de mujeres imputadas y condenadas a penas de prisión efectiva es bajo, si lo comparamos con la estadística de hombres en esta misma condición.

A igual conclusión se arriba en materia de adolescentes, pues mujeres menores de edad sancionadas a penas efectivas no contabilizamos. Si bien existen las adolescentes imputadas, en ellas prevalecen los delitos de baja connotación, como hurtos de especies de poco valor y lesiones por riñas.

Actualmente, la Defensoría Regional no cuenta con un servicio de defensa penal juvenil especializado, debido al bajo ingreso de causas que tenemos, pero como contrapartida, nuestros defensores se han capacitado a través de cursos y talleres especializados, de manera de poder asistir a los adolescentes con altos estándares de calidad.

En situaciones de privación de libertad, la Defensoría por mandato institucional debe visitar a lo menos cada 15 días a toda persona privada de libertad, escuchar sus demandas, preparar la teoría del caso y especialmente preocuparse del respeto de sus derechos en el centro de privación de libertad, máxime si se trata de adolescentes, sean hombres o mujeres.

Como puede observarse, en Coyhaique y en la región de Aysén las adolescentes no participan en delitos de mayor connotación social, ni lo hacen en delitos graves. En general se trata de una participación marginal en el campo penal.

Incluso podemos sostener que en muchos casos las conductas que terminan siendo infraccionales pudieron resolverse antes de llegar a la sede penal, con una buena mediación, si se trata de un problema de liceo.

También es posible mediar en los problemas de vecindad y en el caso de los pequeños hurtos, éstos -como sabemos- tienen principalmente su origen en temas de precariedad económica, también abordables desde una perspectiva distinta a la penal.

Por tanto, sin temor a equivocarnos, podemos decir que andamos bien por casa.

Por Juan Carlos Rebolledo Pereira,
Defensor Regional de Aysén.

En efecto, sólo en 2010 del total de delitos ingresados a los tribunales -y que por ello la Defensoría Penal Pública tuvo que prestar su servicio- las amenazas fueron el 9,6 por ciento de ellos, ubicándose en el tercer lugar de los delitos de mayor incidencia nacional.

Sin dominar al detalle las estadísticas del Ministerio Público, pero sin temor a equivocarme, un importante porcentaje de estos delitos debe engrosar la lista de los tan mencionados y criticados -por estos días- archivos provisionales, que son denuncias que, por la vaguedad de los antecedentes probatorios que las víctimas acompañan a ella, el sistema decide no investigarlos hasta que se acompañen antecedentes más sólidos para configurar tanto el delito como a un responsable de éste.

Por último, para terminar de entregar datos que aporten a este tema, la mayor forma de término de los delitos de amenazas en los juzgados de garantía son las salidas alternativas y las absoluciones, es decir no terminan, en general, con persona alguna condenada.

La razón de aquello es que es un delito que persigue intenciones, más que hechos concretos, y que además requiere que se prueben dos elementos bastante difíciles de acreditar, como son la seriedad y la verosimilitud de las amenazas, lo que complica mucho a los persecutores y a los sentenciadores, ya que estarían, en el evento de sancionar a alguien, castigándolo por algo que, suponemos, iba a realizar en el futuro.

El punto es cómo convencer que la amenaza es seria, es decir que está realmente en la mente y voluntad del agente, y que es verosímil, es decir que es una amenaza que pueda ser creída por la víctima como digna de ocurrir, y que por ello le infunda un temor digno de ser protegido penalmente.

Por ello, estas cualidades de la amenaza no están presentes y deben por ello ser desechadas como tales, en las que se realizan en un tono de burla o en un entorno de exaltación manifiesta, así como también deben desecharse las amenazas a todas luces imposibles de cumplir, ya sea por razones físicas o de tiempo, etc.

En suma, al ser un delito tan difícil de probar y de abordar con éxito desde la perspectiva del acusador, pero tan extendido desde la perspectiva de los afectados, volvemos al tema de la seriedad de la denuncia, ya que si estamos en un período en que la justicia penal está siendo mal evaluada por los chilenos en términos de eficacia, la idea es que los lectores colaboren para mejorarla.

Y una buena forma de hacerlo es que la ciudadanía, en general, evite y sirva de filtro respecto de las denuncias que no reúnen los requisitos mínimos para que entren al sistema penal y que pueden ser abordadas en otras instancias, como la educacional, comunal, vecinal, laboral, social y, en general, no penal.

José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional del Maule.

Al encuentro, efectuado en el salón de Consejo de la Defensoría Nacional, asistieron también el representante del Ministerio de Hacienda, Manuel Brito; la representante del Ministerio de Planificación y Cooperación, María José de las Heras, y Claudio Meneses, académico de derecho procesal penal.

Schubert dio la bienvenida a los participantes y estuvo acompañado por el Director Administrativo Nacional, Andrés Mahnke; la jefa de Gabinete de la Defensoría Nacional, Camila Chadwick, y el jefe de la Unidad de Gestión de Defensa, Luis Venegas.

15° LLAMADO
Durante la reunión los asistentes revisaron el estado de los procesos licitatorios incluidos en el 15° llamado a licitación de defensa penal pública, iniciado a mediados de septiembre pasado, y que consideró la licitación de 45 nuevas jornadas de abogados y 11 jornadas para zonas declaradas desiertas en llamados anteriores, por un total de más de 6 mil 500 millones de pesos para tres años de funcionamiento.

También revisaron el estado de avance de la licitación de defensa penitenciaria puesta en marcha para la Región Metropolitana y los penales de la provincia de Concepción. De hecho, sólo en el gran Santiago el proceso supuso la incorporación de once abogados, siete asistentes sociales y cuatro asistentes administrativos para atender la defensa penitenciaria pública en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, los recintos de Colina I y II y el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur.

Los consejeros y demás participantes de la reunión alcanzaron también a revisar detalles del próximo proceso licitatorio previsto (16° Llamado) y a analizar algunos temas específicos de defensa licitada en distintas regiones del país.

En esa audiencia en que el tribunal concedió la prisión preventiva, la fiscalía planteó que en la enfermería de Santiago 1 se le prestarían al imputado todas las atenciones que requiriere, y que además se darían todas las facilidades para que se le trasladara a los centros especializados de salud donde Pitronello recibe tratamiento, la defensa apeló a la Corte porque los hechos estaban demostrando otra cosa.

Un informe pericial elaborado por el doctor Luis Ravanal reveló que a seis meses de la explosión de un artefacto que el joven intentó colocar en una sucursal del Banco Santander, en Santiago, su diagnóstico es de “gran quemado, amputado severo a nivel de sus extremidades superiores y traumatizado severo a nivel ocular”.

En la actualidad, Pitronello comparte una habitación de 6 por 2,3 metros y baño común  con otros tres internos, uno de los cuales sufre una grave gangrena infecciosa. El defensor Ricardo Flores alegó, además, que Gendarmería no lo estaba llevando a los controles y a recibir tratamientos imprescindibles para su recuperación.

No obstante lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la apelación, porque lo que correspondía era que el tribunal de garantía tomara las providencias para que Gendarmería cumpliera sus resoluciones relativas a velar por la salud y recuperación del imputado.

CAUTELA DE GARANTÍA
Dado que días después, y pese a las resoluciones del Séptimo Tribunal de Garantía y de la Corte, Gendarmería seguía sin facilitar los traslados para los tratamientos del imputado, la defensa solicitó una audiencia de cautela de garantía. En ella, el defensor Carlos Mora dio cuenta de la seguidilla de horas médicas que el imputado había perdido, ya que no había sido trasladado a ninguna.

Por lo mismo, solicitó que el tribunal ordenara a Gendarmería que lo llevara a una próxima hora oftalmológica, trascendental para su tratamiento, y que solicitara al director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, informar si efectivamente esa institución está en condiciones de cumplir con lo ordenado por el tribunal en cuanto a los cuidados médicos que requiere Luciano Pitronello.

La defensa del imputado informó que esperará el resultado de estas diligencias para resolver sus siguientes iniciativas en el proceso.

Tras el rechazo del juzgado de garantía de Talca a la solicitud de la defensa de modificar estas medidas cautelares contra el imputado, la defensora pública Silvia Carreño apeló ante el tribunal de alzada, cuyos magistrados concedieron el cambio y sustituyeron el arresto domiciliario total por uno de tipo nocturno, en el mismo domicilio actual del oficial.

OTRAS CAUTELARES
Además, los ministros de la Corte de Apelaciones determinaron que el capitán firme quincenalmente ante la Fiscalía Local de Talca y tenga prohibición de salir de esa comuna.

La defensora Carreño expresó su conformidad y alegría por esta determinación, que permitirá al imputado desarrollar una vida medianamente normal. “Seguiremos en nuestra estrategia de defensa, hasta demostrar la inocencia de nuestro representado. Consideramos que la modificación de la medida cautelar era pertinente”, aseguró.

El fallo contó con el voto a favor del ministro Víctor Stenger y del fiscal de la Corte, Moisés Muñoz, mientras que el ministro Vicente Fodich se manifestó en contra de acoger el planteamiento de la defensa.

De esta manera, se ha desarrollado con éxito una defensoría penal mapuche, que se origina en la necesidad de otorgar una defensa contextualizada al fenómeno del conflicto mapuche y las personas imputadas pertenecientes a este pueblo originario, que requieren de ciertas experticias en su representación que permitan plantear con mayor éxito las alegaciones, generalmente en procesos seguidos conforme a leyes especiales e institutos procesales más laxos.

Luego, con la dictación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, siguiendo el mandato explícito de la ley y de la Convención de Derechos del Niño, la Defensoría realizó numerosas capacitaciones a sus defensores y creó la Unidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ), que cuenta con defensores juveniles especializados a lo largo de todo el país.  

Hoy día no cabe duda que la falta de especialización en materia de responsabilidad penal adolescente es una de las falencias que el sistema chileno muestra, sobre todo porque la particularidad del sistema de justicia penal para adolescentes -que contiene una serie de parámetros normativos y criminológicos diversos y una finalidad de la pena que se orienta no sólo a la responsabilización sino también a la reintegración del joven-, requiere del conocimiento cabal de todos los intervinientes, cuestión donde la Defensoría ha cumplido. 

Asimismo, nuestra institución se ha capacitado en materia de enfoque de género, de forma tal de poder brindar un servicio focalizado en la realidad cultural y antropológica de la mujer que es imputada de delitos, los que en su mayoría obedecen a dispositivos normativos que no tienen incorporado dicho enfoque.

Recientemente, la Defensoría nos ha capacitado en defensa penal indígena, como una forma de incorporar en la labor profesional los aspectos culturales, las prácticas ancestrales en la resolución de conflictos, la cosmovisión de los pueblos originarios en la materialización de la defensa en juicio para -de esta manera- dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT suscrito por nuestro país.

También hemos recibido capacitación en materia penitenciaria, dada la especial situación de las personas condenadas, la realidad carcelaria y la ausencia de una justicia especializada en la materia, llevándose a cabo con rotundo éxito programas de defensa penitenciaria en regiones como Coquimbo. 

La diversidad y el pluralismo son realidades innegables e incluso un factor de desarrollo en nuestras sociedades complejas. Así lo ha entendido la comunidad internacional y, en consecuencia, los estados deben hacerse cargo de las transformaciones sociales y de los cambios cada vez más vertiginosos que se van sucediendo en las estructuras socioculturales del siglo XXI.

En este sentido, la especialización de la defensa penal es un desafío y una tarea irrenunciable, dada la presencia de minorías cada vez más diversas y de grupos de personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente a un sistema normativo que ciertamente evoluciona con más lentitud que las sociedades actuales y donde el riesgo de nuevos focos de criminalización, de profundización de la vulnerabilidad o de amplitud del campo de control policial requieren de una respuesta profesional particularizada, conocedora de las realidades divergentes.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional (S) Atacama.

La profesional de la DPP fue invitada por Antonio Lomba, del Institution Building Unit, quien explicó que “durante el ‘Simposio internacional sobre tribunales de tratamiento de drogas’ realizado en Santiago, quedamos impresionados con su presentación. Por ello, a la hora de conformar los paneles del taller de Costa Rica consideramos invitarla para presentar la experiencia práctica de Chile”.

Consultada sobre su participación en este encuentro, la abogada manifestó que se trató de una gran oportunidad para intercambiar ideas. “Pudimos dar a conocer nuestra experiencia desde 2004, cuando comenzamos a trabajar en el piloto del protocolo de drogas, el cual a la fecha se aplica en la mayoría de las regiones del país, lo que da cuenta de que ha tenido la fuerza para convertirse en una política pública que partió en Valparaíso y que desde 2009 se denomina tribunales de tratamiento de drogas”.

La defensora Saba Tala expuso en el panel “Presentación del modelo de tribunales de tratamiento de drogas. Experiencias en el hemisferio: caso de Chile”, junto al juez Alberto Amiot Rodríguez, de Santiago.

En su ponencia, se refirió al funcionamiento del modelo, a las condiciones de entrada y a los roles de los distintos actores involucrados. También comentó los criterios de elegibilidad, los obstáculos principales y sus posibles soluciones, además de resultados concretos y recomendaciones para mejorar el modelo.

La actividad se prolongó por dos días y fue convocada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

Sin embargo, constantemente vemos en las noticias resultados de “procedimientos” policiales en que indiscriminadamente se controla a las personas de un lugar determinado (barrio, playa), sin que haya ninguna evidencia o indicio que los ligue a ningún delito. Sólo por controlar. Por la apariencia. Por el horario. 

Precisamente lo que definía el carácter de la derogada detención por sospecha, que al parecer se quiere revivir por la vía de los hechos por algunos nostálgicos oficiales policiales.

Lo mismo puede decirse sobre variadas quejas que se han presentado sobre controles injustificados en Cuya, realizados tanto a vehículos particulares como a pasajeros de buses, nuevamente sin fundamento legal, o a veces con la excusa de un control migratorio.

En estos días, en que se discute ampliar facultades policiales, surge un justo temor: si hay un uso ilegal de las facultades actualmente existentes, ¿qué tanto más será si se amplían? ¿Deseamos vivir en un Estado policial?

Benjamin Franklin decía que aquellos pueblos que están dispuestos a renunciar a su libertad esencial por una seguridad temporal no merecen la una ni la otra y terminarán perdiendo ambas. Ojalá no sea el caso de nuestro país.

Por Claudio Gálvez Giordano,
Defensor Regional de Arica y Parinacota.

Ante tal situación, tanto el juez como el defensor público, el fiscal, los asistentes administrativos del tribunal  y los gendarmes recibieron la recomendación de usar mascarillas para evitar un posible contagio.

El imputado, Roberto L. N., de 27 años, fue detenido por la policía luego que se le identificara como el autor del homicidio de Mario Zúñiga García -actual pareja de su ex polola-, hecho ocurrido en la comuna de La Pintana. Según la versión del fiscal, el imputado llegó durante la noche hasta la casa de su ex pareja, para ingresar por una ventana del segundo piso del inmueble, tras lo cual propinó seis estocadas con un arma cortopunzante a Zúñiga García, quien falleció en el mismo lugar.  

Luego de la pelea, el imputado huyó del lugar, siendo detenido más tarde por Carabineros de la 41° Comisaría, quienes lo llevaron a constatar las lesiones que presentaba. Ese mismo examen arrojó la presencia de una tuberculosis no tratada, motivo por el cual se alertó a toda persona que pudiera tener contacto con Roberto L.N. para evitar un eventual contagio.

Así fue como  se le aisló en su traslado hasta el Centro de Justicia de Santiago, y al momento de su control su detención, personal médico recomendó que las personas que estuvieran en contacto con el detenido tomaran las precauciones del caso.

Dicha prevención generó que el juez de Garantía Jorge Sáez, el defensor penal público Rafael Jofré, el fiscal de la causa, los gendarmes y los asistentes del tribunal tuvieran que participar de la audiencia con las mascarillas médicas propias de un centro asistencial, pero poco comunes en la sala de un tribunal.

En lo estrictamente judicial, el imputado quedó en prisión preventiva, acusado de homicidio simple. Ello, pese a la argumentación del defensor, referida a una situación de legítima defensa incompleta. El plazo de investigación se fijó en 100 días y se recomendó a Gendarmería tomar medidas para el aislamiento del interno Roberto L. N., evitando así algún posible contagio con el resto de la población penal.

La actividad busca establecer una comunicación directa entre la Defensoría y sus usuarios, para detectar inquietudes, reclamos y otras informaciones que sirvan para mejorar el desempeño de sus tareas.

Los profesionales de la DPP se refirieron a la misión institucional, a los derechos de los imputados, a la labor cotidiana de los defensores, a las etapas de las causas penales, al procedimiento para efectuar reclamos y solicitudes de cambio de defensores y a las obligaciones de los abogados.

En primera instancia, los internos -todos ‘primerizos’ en prisión preventiva- se mostraron algo reacios a entregar sus inquietudes, pero poco a poco comenzaron a adquirir confianza y a realizar diversas consultas sobre sus causas, el funcionamiento del sistema penal y la relación que tienen con los distintos defensores penales públicos que los atienden, mostrándose finalmente satisfechos por ser escuchados y por recibir respuestas a todas sus dudas.

Los funcionarios presentes tomaron nota de cada comentario, reclamo o pregunta realizada durante la jornada, las cuales serán analizadas y procesadas por ellos, para luego ser respondidas formalmente a los internos.

El caso significó más de diez meses en prisión preventiva para el joven iquiqueño Adolfo R.S.M. antes de que fuera declarado inocente en el proceso, que terminó con tres de sus circunstanciales compañeros condenados por el tráfico de más de 15 kilos de marihuana y uno de ellos condenado además por porte ilegal de una pistola.

La sentencia de los jueces acogió la tesis de la defensora pública, en orden a que no existían pruebas fehacientes de que su defendido conociera que sus acompañantes comercializaban la droga, que tuviera contacto con ésta o que hubiera ayudado a su traslado desde Iquique a Antofagasta, ciudad en donde policías enviados desde Iquique los detuvieron.

La dificultad para fundamentar la inocencia del joven -de 22 años- radicaba en que él viajó a la Segunda Región en la fecha del ilícito y se albergó con dos de los implicados en la misma pieza del Hotel Richard, mientras que en otra habitación de ese mismo recinto alojaba su cuñado, quien portaba la droga. Todo esto porque ese cuñado, identificado como Rodrigo A.A., le prometió un préstamo de dinero para que financiara el cumpleaños de su pequeña hija, a cambio que le llevara hasta esa ciudad un bolso con ropa que necesitaba. 

En la acusación se le sindicó como cómplice del tráfico y encargado de avisar si en la ruta de viaje operaba un camión scanner de Aduanas, pero los magistrados no encontraron fundamentos para sostener tales imputaciones.

FALLO CATEGÓRICO
El pronunciamiento de los jueces Felipe Ortiz, Rodrigo Vega y Loreto Jara fue categórico al especificar que “correspondía al Ministerio Público acreditar que, más allá de la circunstancia objetiva de haber estado compartiendo habitación con los acusados Iturra y Jiménez en la residencial, en el imputado Rojas San Martín concurrían los elementos intelectual y volitivo, esto es, conocer y querer la realización del tipo penal, constitutivos del dolo”, según señala el duodécimo considerando del fallo.

Además, los jueces restaron valor a la declaración policial prestada por el imputado en el cuartel de la PDI, ya que “ésta no fue ratificada en estrados; que se hizo sin la presencia de un abogado defensor y que, dado que ésta se prestó en la ciudad de Antofagasta, no es posible establecer si efectivamente se realizaron gestiones tendientes a proveerle de un letrado. Por lo demás, sus coimputados, que no tuvieron en reparo para reconocer las funciones que realizaron cada uno de ellos, no lo vincularon al delito”.

La sentencia subraya, además, que la explicación dada por el cuñado de Adolfo R.S.M. es “coincidente con la versión” del absuelto.

El caso, que generó un operativo policial que duró varios meses, fue puesto en conocimiento público en diciembre del año pasado, oportunidad en que se formalizó a cuatro iquiqueños por tráfico de marihuana. El grupo fue detenido en Antofagasta tras un seguimiento hecho por efectivos de la Policía de Investigaciones, quienes desde hace meses tenían interceptados sus teléfonos celulares, lo que permitió sorprenderlos. El juicio oral se desarrolló en noviembre pasado y quedó a firme tras el vencimiento de los plazos para todo tipo de recursos posteriores.

A Huenchullán Cayul se le imputaban los delitos de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado, robo con intimidación e incendio terrorista, todos formalizados en la causa denominada “Peaje Quino”.

En su oportunidad, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del comunero, por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, pese a considerar justificada la existencia de los delitos investigados, la jueza de garantía de Victoria, Evelyn Zelaya, estimó insuficientes los antecedentes aportados por la fiscalía en relación a que el imputado hubiese tenido participación en los hechos. 

Los abogados de la defensa han señalado reiteradamente que el caso de la fiscalía descansa principalmente en la declaración de un testigo, quien habría participado en los delitos y habría delatado a los supuestos copartícipes. Además, luego de develarse su identidad, se pudo descubrir que también era testigo en otras causas formalizadas por delitos terroristas, donde señalaba como responsables a otros grupos de mapuches.

El comunero Huenchullán -sobre quien pesaba una orden de detención- se presentó voluntariamente ante los carabineros que cumplen con una medida de protección en el fundo Montenegro, de la comuna de Ercilla, quienes lo pusieron a disposición del Juzgado de Garantía de Victoria.

Consultado sobre el tema, el defensor penal mapuche Jaime López Allendes (foto), de la Defensoría Regional de La Araucanía, comenta que “el  único antecedentes que tiene la fiscalía es el testigo protegido. Es el mismo personaje que inculpa a muchas personas, a grupos de personas. Ha declarado en tres causas anteriores. Nuestro imputado quedó sin medidas cautelares y la Corte estimó que no había antecedentes de participación. Es decir, le resta importancia a la declaración del ex testigo sin rostro”.

La Corte escuchó los alegatos de los representantes del Ministerio Público, Diego Bizama; de la Intendencia, Alex Schneider, y del propio López como defensor penal público, tras lo cual los jueces resolvieron confirmar la resolución de primera instancia, sin decretar otras medidas cautelares.

La actividad fue encabezada por el ministro de Justicia, Teodoro Ribera Neumann, quien en su discurso destacó la importancia de contar con estas nuevas instalaciones para un servicio que constituye uno de los pilares de la justicia criminal en nuestro país.

Durante su intervención, el ministro Ribera se refirió a los desafíos que la cartera que dirige se plantea a mediano y corto plazo en la zona, entre los que se cuenta la puesta en marcha definitiva de la rezagada cárcel de Antofagasta y la pronta llegada a la región de una nueva dotación de funcionarios de Gendarmería.

Al comentar los proyectos ministeriales de nivel nacional, Ribera anunció que se creará un Servicio de Asistencia Judicial, que pretende reunir a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial que funcionan en el país y que combinará la incorporación de profesionales propios del servicio con el sistema de licitaciones, tal como hoy opera la Defensoría Penal Pública.

Una vez terminada la ceremonia y al saludar al Defensor Regional (S), el ministro explicó a Roberto Vega que dada la exitosa experiencia de la Defensoría en materia de licitaciones como un sistema mixto de prestación de servicios, se tomará dicho modelo en la creación de este nuevo servicio, replicando la experiencia tanto respecto de la incorporación de profesionales como en relación a las representaciones.

Es sabido -especialmente por el público joven, que gusta de transitar hasta altas horas de la noche-, que nuestras policías están constantemente resguardando nuestras calles de los focos de inseguridad pública. Es en estas circunstancias en donde se pueden presentar situaciones embarazosas, que a veces nos pueden llevar a la confusión y -por ende- a tomar malas  decisiones.

En primer lugar, debemos saber que las policías sólo pueden someter a un ciudadano a un control de identidad cuando la persona se encuentra con claros indicios de haber cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta. También cuando el individuo trata de ocultar su rostro y esquiva el operativo policial. Es en estas circunstancias donde los funcionarios le solicitarán presentar en el mismo lugar del control su cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir. En el caso que no cuente con este documento, se le trasladará a la unidad policial más cercana, donde se le darán las facilidades para lograr la identificación…
Todo el proceso anterior no puede exceder las seis horas y en caso de que la identificación sea satisfactoria y no presente órdenes de detención, la persona debe ser dejada en libertad, salvo que haya entregado una identificación falsa o haya sido acusado de un delito infraganti, es decir, con indicios de haber cometido un delito.

Ahora bien, si la persona es detenida, en tal calidad siempre tendrá los siguientes derechos:

- Tiene derecho a un abogado.
- Tiene derecho a ser tratado como inocente.
- Tiene derecho a  ser informado de los hechos que se le imputan.
- Tiene derecho a ser tratado con dignidad. No puede ser maltratado ni recibir castigos.
- Tiene derecho a avisar a un cercano que fue detenido.
- Tiene derecho a guardar silencio (o bien a declarar en presencia de un defensor).
- Y tiene derecho a ser puesto a disposición de un juez de garantía dentro de las 24 horas siguientes a su detención.

Estas son las máximas en torno al proceso de detención. En el caso que el detenido sea un adolescente, éste no podrá ser puesto en una celda o lugar común con adultos. Por el contrario, deberá estar en un lugar aparte y deberá ser llevado ante un juez lo más pronto posible.

Finalmente cabe recordar que todo chileno tiene el derecho a una defensa penal gratuita y en Chile y en nuestra región este rol defensor lo cumplen los abogados pertenecientes a la Defensoría Regional de Aysén, tanto pública como licitada.