Martes, 07 de Febrero de 2012
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El primer semestre del año 2003 se convocó a las primeras licitaciones de defensa penal en las regiones que integraron la Tercera y Cuarta Etapa de implementación de la Reforma Procesal Penal, correspondientes a las I, V, VI, VIII, X, XI y XII regiones.
Conforme al proceso licitatorio diseñado, las regiones fueron subdivididas en zonas con criterios como los de proximidad geográfica, existencia de tribunales de garantía o de jurisdicción mixta, de manera de agrupar números de causas que hicieran atractiva la licitación.

Luego se efectuó, en noviembre de 2003, un llamado que abarcó las zonas que no fueron adjudicadas en el llamado anterior correspondientes a las regiones VI, VIII, X y XI, así como de las nuevas regiones que integraron a las de la Primera y Segunda Etapa de la Reforma: II, III, IV, VII y IX regiones.
A partir de marzo de 2004 se procedió a efectuar una nueva licitación en todas aquellas zonas donde no fue posible adjudicar el total de causas que contempló el respectivo llamado a licitación, correspondiendo licitar en zonas de la II, III V, IX, X y XII región.
Durante el segundo semestre del año 2004, se efectuó el llamado a licitación de la Región Metropolitana, proceso que concluyó con la entrada en operación de 16 contratos a partir del 24 de junio y 4 de julio. respectivamente. En este proceso se adjudicó un total de 126.720 causas para un periodo de tres años e involucró la contratación de 115 defensores licitados.
No obstante lo anterior, dado el crecimiento de demanda de servicios de defensa y considerando que persistían zonas, en algunas regiones, donde no fue posible adjudicar el 100% durante el año 2004, fue necesario realizar una nueva licitación en enero de 2005, la que consideró zonas de la I, II, V, VI, VII y X regiones. Durante julio será necesario complementar dicha licitación, en la V, VI, VII regiones e incorporar a la VIII producto del termino anticipado de un contrato en la zona 3 (Quirihue – Coelemu).
Como resultado de todos estos procesos licitatorios se ha adjudicado un 95% de las causas puestas en licitación.
A la fecha, se han suscrito 88 contratos que consideran 279 abogados licitados. Esta cifra ya es muy superior a la cantidad de abogados funcionarios públicos que están a cargo de la defensa que son alrededor de 145.
Estos contratos significan un volumen de causas de 296.817 para un periodo de tres años. Esto es equivalente a decir que durante el año 2005 hubo, en promedio, 98.939 causas que fueron llevadas por abogados privados en el país.
Finalmente, el segundo semestre del año 2006 se llamó a un nuevo proceso licitatorio. En esta ocasión, se licitaron un total de 164.514 causas para los próximos tres años en todas las regiones del país, salvo en las de Antofagasta y La Araucanía donde, por primera vez, se efectuarán contratos de cuatro años a modo de probar su rendimiento.
Los recursos máximos que se consideraron en este llamado son del orden de los 14 mil 806.260 millones de pesos, para dar cobertura a dos tercios de la defensa que presta la institución en todo el país.
Con lo anterior se está cumpliendo uno de los objetivos del sistema que era radicar fuera del aparato público la mayor cantidad de defensa penal pública.
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