Licitaciones de defensa

Descripción General

Las licitaciones de defensa penal, de acuerdo a la Ley 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública, son procesos públicos para seleccionar a personas jurídicas o naturales que, vía contrato, presten defensa penal a personas imputadas.

Por lo tanto, la defensa penal pública se constituye como un sistema mixto de prestación de defensa, por un lado vía funcionarios pertenecientes al servicio, denominados “defensores locales" y defensores que suscriban el contrato respectivo con la Defensoría. Ambos poseen la calidad de defensores penales públicos y les compete efectuar la defensa de los derechos de las personas imputadas de la comisión de hechos ilícitos, asegurando que la persecución y enjuiciamiento criminal se realicen bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.

En las licitaciones de defensa se oferta un número de causas que deben ser asumidas en un plazo determinado por el futuro adjudicado. Estas se definen por zonas (proximidad geográfica y cobertura de los juzgados de garantía). El mecanismo de selección evalúa las competencias técnicas y económicas presentadas por el oferente.

Actualmente el servicio que presta la Defensoría Penal Pública es otorgado en un 40% por defensores locales y en un 60% por defensores privados. Se proyecta que de existir un crecimiento en la demanda el número de abogados externos pueda aumentar.

Durante el 2003 se realizaron los primeros llamados de licitación y en el año 2005 el sistema se aplicó en todo el país. Al 31 de diciembre de 2009 se han suscrito 240 contratos en los que 11.250 abogados privados han atendido a alrededor de 700.000 imputados, lo que ha significado la ejecución de alrededor de 100 millones de dólares.

Cabe destacar que, desde 2006, se introdujo al proceso licitatorio un examen de evaluación técnica cuya aprobación es obligatoria para todos los abogados que deseen ejercer como defensores. Se trata de una prueba con materias de Derecho Penal, Litigación, Derecho Procesal Penal y Garantías Constitucionales, entre otras.

Sin embargo, la principal modificación que ha sufrido el sistema de licitaciones defensa penal se produce en agosto de 2010 a partir de la aprobación de las Bases Administrativas y Técnicas las que modifican el modelo a través del cambio en la forma de contratación de los servicios, su pago y el sistema control de la prestación.

Toma de decisiones por parte de órganos externos.

Si bien el proceso es llevado a cabo por la Defensoría Penal Pública, las normas y las decisiones sobre el sistema las definen órganos externos a la institución como lo son el Consejo de Licitaciones y el Comité de Adjudicación Regional los que son integrados por representantes del sector público y privado.

Consejo de Licitaciones

Integran el Consejo de Licitaciones el Ministro de Justicia, o en su defecto, el Subsecretario de Justicia, quién lo preside; el Ministro de Hacienda o su representante; el Ministro de Planificación o su representante; un académico con más de cinco años de docencia universitaria en las áreas de Derecho Procesal Penal o Penal, designado por el Consejo de Rectores y un académico con más de cinco años de docencia universitaria en las áreas del Derecho Procesal Penal o Penal, designado por el Colegio de Abogados con mayor número de afiliados del país.

Entre las funciones que se entregan a este Consejo se encuentran:

• Proponer al Defensor Nacional el monto de los fondos para licitar, a nivel nacional y regional;
• Aprobar las bases de las licitaciones a nivel regional, a propuesta de la Defensoría Regional respectiva;
• Convocar a las licitaciones a nivel regional;
• Resolver las apelaciones en contra de las decisiones del Comité de Adjudicación Regional que recaigan en las reclamaciones presentadas por los participantes en los procesos de licitación;
• Disponer la terminación de los contratos de prestación de servicios de defensa penal pública celebrados en virtud de licitaciones con personas naturales o jurídicas, en los casos contemplados en el contrato respectivo y en la ley.

Comités de Adjudicación Regional

Los Comités de Adjudicación Regional son los Comités de especialistas que tiene como objetivo seleccionar a los proponentes a nivel regional y decidir las licitaciones.

Al igual que el Consejo de Licitaciones, estos comités cuentan con una integración mixta, pública y privada. Además integran la realidad regional, con profesionales y representantes que conocen de cerca las particularidades locales de la defensa, e incorporan el componente judicial, mediante un juez con competencia penal elegido por sus pares.